Los tomateros advierten de que si no cobran antes del 10 de julio no habrá cosecha

El portavoz de la plataforma por la defensa del tomate, frutas y hortalizas de Canarias, Gustavo Rodríguez, ha advertido este jueves de que si el Gobierno estatal y el Ejecutivo autonómico no satisfacen la deuda de 40 millones de euros con el sector antes del 10 de julio no podrán comenzar con la cosecha.

Los representantes de la organización han destacado, durante una rueda de prensa, que se está al borde de “un drama social”, ya que en Canarias hay 20.000 trabajadores que perderían su empleo, por lo que han planeado un calendario de reuniones y movilizaciones.

Gustavo Rodríguez ha considerado que son las víctimas de “un problema político” entre dos administraciones y ha avisado de que la desaparición del sector significaría aumentar la tasa de paro en el Archipiélago en dos o tres puntos.

Ha agregado que se llegaría a unos índices de desempleo típicos de “países en guerra” y ha insistido en que el sector tomatero se caracteriza por el empleo y la exportación, dos factores “clave” para salir de la complicada situación económica.

Gustavo Rodríguez ha comentado que es necesario salvar un sector que “está padeciendo el desprecio” de las administraciones públicas, que les adeudan 40 millones de euros, entre el Gobierno de Canarias y los ministerios de Fomento y Agricultura.

El representante del sector ha indicado que demorarse más allá del 10 de julio en la plantación de las semillas sería “la ruina” y “un caos”, ya que llegarían al mercado mucho después de los competidores.

Rodríguez ha detallado que el uno de julio han previsto una “gran concentración” en las puertas de la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria y el día dos una reunión con Paulino Rivero, presidente autonómico, al que le van a exigir una respuesta, sea en el sentido que sea.

El portavoz de la plataforma ha recalcado que el sector está “en vilo” y ha insistido en que si no reciben el dinero antes del 10 de julio no podrían plantar, lo que sería “una catástrofe”.

Gustavo Rodríguez ha lamentado, además, que las 20.000 personas que dependen del sector sean las víctimas de una guerra “entre gobiernos”.