El conflicto entre instaladoras y DISA por las inspecciones del gas llega al Diputado del Común
Lo que en 1933 nació como un pequeño proyecto que buscaba hacerse un hueco entre las poderosas empresas internacionales que lideraban el sector de los combustibles en el Archipiélago, se ha convertido en un poderoso grupo que lidera la distribución de gases licuados del petróleo a granel en Canarias.
Distribuidora Industrial S.A. (DISA) se constituyó en Santa Cruz de Tenerife con un capital inicial de 350.000 pesetas. Según publica en un página web, en 2013 se convirtió en el primer grupo canario por facturación al contar con unos ingresos de 2.416 millones de euros y en uno de los principales focos de trabajo de las islas, donde cuenta con más de 1.500 puestos de trabajo directos.
Poco a poco, DISA se ha ido haciendo con la distribución de gas en Canarias y ha extendido una amplia red de reparto domiciliario. Esta situación de fortaleza ha puesto en pie de guerra a diversas empresas instaladoras del Archipiélago, que han denunciado lo que consideran una serie de prácticas abusivas por parte de la empresa.
Recientemente las empresas instaladoras y de mantenimiento de gas de Lanzarote denunciaron que el Grupo se extralimita en sus funciones y entorpece la apertura de nuevos comercios con una serie de inspecciones que, según sostienen, no son de su competencia. Pese a ser consciente de esta práctica, el Gobierno regional prefiere de momento no posicionarse al respecto porque, asegura, sigue repasando las reclamaciones que tiene apiladas en su despacho.
Una de las empresas que ha ayudado a que la columna de reclamaciones sea mayor es Red Gas Canarias, con sede en Gran Canaria, quien reconoce el perjuicio que supone en sus clientes que las inspecciones de DISA contradigan sus indicaciones – con el consiguiente corte del suministro a comercios abiertos - lo que atribuye a una campaña en su contra por haber denunciado la situación ante las administraciones públicas.
La entidad ha trasladado la problemática al Diputado del Común, que ha aceptado investigar la queja.
Entre los escritos trasladados por esta empresa se encuentran varios firmados por la Confederación Canarias de la Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme) que datan desde 2015 al pasado junio y que no solo advierten de la problemática de las inspecciones. Dichos escritos reivindican que DISA GAS cobra un porcentaje más alto de lo establecido por los derechos de alta para recibir botellas; el corte de suministro a un establecimiento “sin previo aviso”; y la necesidad de que las descargas de gas cuenten con un asistente.
Sin embargo, Cecapyme se ha alejado durante los últimos meses de la problemática y no ratificará su documentación ante el Diputado del Común, por lo que sus demandas quedarán al margen de la investigación.
Esto puede deberse a que el Servicio Canario de Defensa de la Competencia ha publicado dos resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que archivan la denuncia al no quedar acreditado que exista una práctica prohibida por parte de DISA.
Desde el Grupo Canario aseguran a Canaria Ahora que no tienen constancia de la denuncia ante el Diputado del Común y asegura que ha evaluado todas las quejas recibidas y que cuenta con documentación oficial proveniente del Gobierno central que avala su actividad.
En el caso de las inspecciones, aseguran estar obligados a realizarlas según el artículo 20 del Real Decreto 1085/1992 que amplia la Ley de Hidrocarburos.
La consulta de DISA al Gobierno central, cuya respuesta se centra en el Real Decreto mencionado, data de marzo de 2015, aseveran.
Respecto al cobro de altas, aseguran que ocurre lo mismo y que las compañía no ha aplicado ningún aumento y que tras consultarlo al Gobierno canario verificaron que todo estaba en regla, de acuerdo con la valoración de la Comisión Nacional de la Energía.
Inspecciones por parte del Cabildo
Respecto a las competencias del Cabildo grancanario, Red Gas advierte de que las descargas de gas se llevan a cabo sin un asistente de descarga contratado por DISA y sin el debido consejero de seguridad. Advertencias de las que tiene conocimiento el consejero de Transportes insular, Juan Francisco Trujillo.
Trujillo asegura que el Cabildo ha hecho todas las inspecciones pertinentes derivadas de las casi 10 denuncias interpuestas por esta entidad instaladora, que es la única que ha traslado esta queja a la Administración insular, apostilla.
La jefa de sección de inspección, Rosa Fernández, sostiene que en caso de que se detecte una infracción, el caso pasa al departamento de sanciones. Pese a haber contestado a cinco de las reclamaciones interpuestas (a falta de gestionar otras dos registradas en diciembre), Trujillo rechaza informar a este periódico del resultado de las inspecciones amparándose en no incurrir en un delito en función de la Ley de Protección de Datos. Insiste, por otro lado, en que las inspecciones se han llevado a cabo y en que de tener que tomar cartas en el asunto, la Administración las hubiera tomado.
Sobre la elevada cantidad de denuncias, recuerda que el último encuentro con el denunciante “no fue agradable” y sospecha que la “insistencia” de sus denuncias responde a intereses empresariales. Aunque agradece que la ciudadanía ponga el foco sobre posibles irregularidades, hechas las comprobaciones pertinentes considera posible que “quieran utilizar la Administración para otros sistemas competenciales que no tienen nada que ver con ella”.
