El Parlamento arremete contra el “expolio” y la “tropelía” de privatizar los aeropuertos canarios
“Expolio”. “Canarias se ha puesto en venta”. “Tropelía”. Todos estos calificativos han servido a los grupos parlamentarios, salvo al Popular, para descalificar la decisión del Gobierno de España de iniciar la privatización del 49 por ciento del capital social de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena).
Una decisión a la que se opone el Gobierno de Canarias, que ha comparecido en el Parlamento para conseguir el apoyo de la Cámara regional para solicitar al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que convoque la Comisión Mixta de Transferencias Estado- Canarias, “con la finalidad de iniciar el proceso de traspaso de medios materiales, personales y financieros” de los aeropuertos de las Islas.
Y es que tanto el Ejecutivo como todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, consideran que la privatización de Aena supone “una gestión indirecta del servicio público”, por lo que debe activarse el artículo 33.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias.
Un artículo en el que se dispone que la Comunidad Autónoma tendrá competencias de ejecución en materia de aeropuertos de interés general cuando el Estado no se reserve, precisamente, su gestión directa.
Un debate que se cerrará el miércoles, cuando se debatan y aprueben las propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios para respaldar la propuesta del Ejecutivo.
Pese a quien pese
Sin embargo, el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno, Domingo Berriel, ha confesado en la tribuna de oradores que no tiene esperanzas de que la negociación política sea fructífera, “pues la decisión tomada por el Estado es irreductible”.
“Sí confío en los tribunales. Vamos a ejercer nuestro derecho pese a quien pese y pediremos que se adopten todas las medidas cautelares para evitar que se privaticen los aeropuertos canarios. Ni un céntimo de los aeropuertos canarios se va a vender”, ha asegurado el consejero.
Para Berriel, “es inconcebible que nos enteremos en el BOE de decisiones que son estratégicas” para Canarias, como es el futuro de sus aeropuertos, sobre todo porque “el Gobierno de España puede decidir la enajenación o el cierre de aquellos que valgan 20 millones de euros”.
Al respecto, el presidente del Grupo Nacionalista, José Miguel Ruano, ha recordado que “las islas no están sueltas, forman parte de una unidad territorial física y política”, por lo que Canarias no puede permitir “la segregación” que pretende hacer el Ejecutivo central con criterios economicistas.
“Necesitamos los aeropuertos de El Hierro o La Gomera y no podemos permitir la segregación de aeropuertos en base a que sean rentables o no cuando todos son de interés general”, dijo Ruano.
Una tesis compartida por el socialista Julio Cruz: “el PP apuesta por el negocio y el Gobierno de Canarias por los servicios públicos”.
Y es que el debate sobre el derecho de Canarias a aplicar un artículo del Estatuto, y negociarlo con el Estado, quedó ocultado por un enfrentamiento entre el liberalismo y el socialismo económicos, máxime cuando los aeropuertos de interés general ubicados en Canarias suponen “una cuota del 17,2% de los pasajeros totales de los aeropuertos españoles” y, por tanto, “112 millones de beneficios”.
Expolio liberal
Un debate que inicio el líder de Nueva Canarias (NC) y portavoz del Grupo Mixto, Román Rodríguez, cuando aseguró que “la privatización de Aena forma parte de la hoja de ruta diseñada por la Troika”.
“España está en venta y, lamentablemente, Canarias se ha puesto en venta”, resumió Ruano.
“No vamos a permanecer impasibles ante esta tropelía, ante los que quieren convertir lo de todos en un negocio de pocos. El PP, como su ideología es liberal, privatiza porque lo primero es el negocio y el servicio público es secundario”, afirmó Cruz.
“La decisión supone un expolio”, remachó Rodríguez tras recordar que “estamos asistiendo al axioma de que todo lo público es malo y la gestión privada es buena”
Rodríguez insistió en “es puro liberalismo, pura ideología”, pues “venden los aeropuertos a precio de saldo para usar ese dinero para tapar el agujero de las pérdidas de las autopistas de peaje”.
“Los aeropuertos son nuestros porque no se han financiado ni con una sola perra de los Presupuestos del estado, sino con su propia gestión y funcionamiento”, dijo Rodríguez.
Sobra el victimismo
Ante estos ataques, el conservador Manuel Fernández recordó que el Gobierno de España únicamente “se ha limitado a dar entrada de capital privado en Aena” desarrollando el decreto que ya en su momento aprobó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011.
“El victimismo sobra aquí, hay que hablar con datos”, insistió Fernández después de recordar que “los ocho aeropuertos canarios son de interés general y quedan en manos del Estado”, por lo que en su opinión no es de aplicación el artículo 33.13 del Estatuto de Autonomía.
El portavoz conservador también arremetió contra “la discriminación” que en su momento supuso, como ideó Zapatero en 2008, que las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña participaran en la gestión de los aeropuertos de Barajas y El Prat.
