Terapia de la desmemoria en Telde

Este viernes tocaba olvidar. Como terapia personal o estrategia procesal en el juicio del caso Grupo Europa. Pero lo mejor era marcar distancias con la convulsa vida política de Telde en 2006, en plena hecatombe social del caso Faycan, y borrar de la memoria los pasajes más significativos que pudieran arrojar luz a aquellos años del cuatrienio de tramas cruzadas de corrupción en el gobierno PP-Ciuca.

Y a eso se aplicaron dos de los testigos principales de la undécima jornada del juicio a Jorge Rodríguez, diputado autónomico del PP acusado de tráfico de influencias en esta pieza separada de Faycan, que vio como el exalcalde de Telde Paco Valido, ahora cargo de confianza del PP en el Cabildo de Gran Canaria, y la concejal del PP de Telde Sonsoles Martín, negaban haber sido presionados por el diputado y relaciones públicas de la promotora de viviendas para arreglar sus problemas.

Eso sí, ambos reconocieron, como cuando declararon en la fase de instrucción, que en 2006 hubo dos reuniones, la segunda con el alcalde, en la que Jorge Rodríguez acudió a Telde con la cúpula de Grupo Europa en Canarias, su propietario Antón Marín y el exgerente regional y denunciante, Benítez Cambreleng, con la intención de solucionar las trabas técnicas a las que estaban sometidos por la falta de suelos para construir las viviendas sociales pactadas.

Pero ni Valido ni Sonsoles Martín recordaban el contenido de “la explicación o disertación”, en palabras del exalcalde, del diputado autónomico en defensa del proyecto estancado de Grupo Europa. “No recuerdo los detalles, era un momento muy complicado, difícil”, indicó la concejal para contextualizar que el caso Faycan había estallado y se habían producido ya detenciones de compañeros de su grupo de gobierno del PP. “Nadie me presionó nada para hacer nada”, aseguró sobre si se sentía coaccionada por la presencia del diputado regional.

Valido tampoco. El exalcalde fue tajante: “No me dejo presionar ni por él ni por nadie. No se lo hubiese permitido y no forma parte de mi carácter contestar airadamente”, dijo sobre lo que mantiene Cambreleng en su denuncia, de que fue una reunión tensa en la que Valido no quiso acceder a las pretensiones de Jorge Rodríguez, asegurando que nadie le tenía que decir cómo dirigir su ayuntamiento. “A lo mejor sí lo hubiese exteriorizado”, comentó, de forma genérica Valido, sobre cuál hubiese sido su reacción ante la presión del diputado.

Pero no recordaba que eso sucediera, como tampoco los motivos concretos de por qué se convocó la reunión ni los problemas que tuviera Grupo Europa en Telde (encontrar para la empresa municipal Urvitel suelos adecuados para la promoción de viviendas sociales). “A mí, lo que me interesaba, era lo que dijeran mis técnicos, y a ellos derivé la solución, como siempre”, mantuvo el exalcalde, quien admitió que “no era normal” que una empresa o un particular acudiera a la Alcaldía para exponer sus problemas acompañado de un diputado.

Los dos políticos se refirieron varias veces a “los momentos de tensión muy fuertes” en 2006 y 2007, cuando prácticamente fue detenido todo el gobierno del PP por casos de corrupción, como motivo principal de que no recordasen detalles. Y a ese mismo ambiente, aparte de la avalancha de trabajo por la cantidad de licencias solicitadas desde 2005, se acogió otro de los testigos, el arquitecto municipal Benedicto Padrón, para justificar que no comprobara la categoría de un suelo a la hora de informar favorablemente para conceder licencias a Grupo Europa.

Se fíó de su jefe, el acusado José Luis Mena, a la hora de elaborar el informe. Y admitió en el plenario que esas dos licencias de obra, en La Jardinera (El Goro), no debieron otorgarse al estar en suelo urbanizable, y no urbano. Aunque también dijo lo contrario, como hipótesis genérica, cuando le tocó responder a las preguntas de las defensas. En el fondo, se produjo un debate, entre unos y otros, sobre la validez y legalidad de concesiones de licencias a la vez que se tramita una modificación puntual que afecta a la pieza de suelo de las parcelas, que es buena parte del argumento de las defensas contra la ilegalidad denunciada en las dos licencias sujetas al presunto cohecho cometido por el exjefe de Urbanismo, José Luis Mena.

La mañana también dio para mucho más, aparte de los comentarios del propio Benedicto Padrón sobre las bondades del objetivo de construir viviendas sociales, y es que por el diván de la desmemoria también pasaron otros funcionarios que informaron sobre esas licencias y no recordaban detalles clave de fechas, anteriores o posteriores, al momento de su informe previo a la concesión de los permisos de obra, pero que confirmaban en parte la denuncia de Cambreleng, cuestionada por legalidades técnicas y baile de fechas por las defensas.

E incluso otra funcionaria, encargada de fotocopiar el expediente de estas dos licencias para viviendas sociales en La Jardinera cuando fue reclamado por el juzgado de instrucción, confirmó que a la documentación se le añadió un informe de José Luis Mena, inexistente en el foliado original, en el que informaba meses después de la suspensión de las licencias. Esos tres folios añadidos se introdujeron porque su compañera de trabajo, hermana de Mena, así se lo transmitió por instrucciones directas del secretario del ayuntamiento.