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La Fiscalía rebaja su petición de cárcel para el funcionario que acusa a Montelongo en el caso Patronato

Santiago Santana antes del segundo juicio del caso Patronato (ALEJANDRO RAMOS)

Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria —

El fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río, ha solicitado este viernes en la segunda y ultima sesión del juicio por el caso Patronato una rebaja en la pena de prisión para uno de los acusados, Santiago Santana, que trabajó como auxiliar administrativo en el organismo de promoción turística del Cabildo de Fuerteventura entre 2008 y 2011. En la vista celebrada el jueves, Santana acusó a la presidenta del PP majorero, Águeda Montelongo, de ordenarle que hiciera unas reservas de hotel y alquiler de coches para destacados dirigentes del partido con cargo a las arcas de la institución insular.

De esta manera, de los cinco años y ocho meses de cárcel que pedía en su escrito de acusación, el Ministerio Público reduce la petición de pena a un año y nueve meses o un año y seis meses en función del Código Penal que se aplique, el vigente en 2010, fecha en la que se producen los hechos, o el actual, aprobado este mismo año.

El fiscal ha retirado los cargos de falsedad en documento público contra el extrabajador del Patronato de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, al que, no obstante, le sigue considerando cooperador necesario de la malversación, uno de los tres delitos por los que se encuentran procesados Montelongo y José Luis Cabrera Bonny, exgerente del organismo.

Las defensas han solicitado la absolución de los tres procesados,y la de Águeda Montelongo, ejercida por el ex fiscal general del Estado Eligio Hernández, ha reclamado que se estime como circunstancia atenuante la reparación del daño causado al entender que el PP subsanó de inmediato las facturas falseadas con el reintegro de las cantidades abonadas por el Patronato.

La Fiscalía mantiene para Montelongo y Cabrera Bonny la petición de cinco años y ocho meses de prisión por malversación, prevaricación y falsificación de documento público, acusados de haber amañado facturas para hacer pasar como viajes de promoción turística gastos de cargos públicos del Partido Popular.

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