La presidenta del PP de Fuerteventura culpa a altos funcionarios del Cabildo de las facturas falsas del caso Patronato
La presidenta del PP de Fuerteventura, Águeda Montelongo, encartada por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias como presunta autora de falsedad en documento público, prevaricación administrativa y malversación por pagar estancias de hotel a dirigentes nacionales del PP a cargo del Patronato de Turismo, ha desviado toda responsabilidad en el denominado caso Patronato hacia altos funcionarios del Cabildo.
Montelongo, de nuevo candidata del PP a presidir el Cabildo a pesar de su procesamiento por el alto tribunal canario -es aforada al ser también diputada autonómica- señala tanto a la interventora de la administración insular, Dolores Miranda, como al secretario, Miguel Ángel Rodríguez -ninguno de ellos ha estado imputado en el caso ya camino de juicio oral- como quienes estaban obligados a llevar un control de los pagos que ella misma había firmado, junto al gerente del Patronato, José Luis Cabrera Bonny, también encausada en la trama.
En declaraciones evacuadas ante la juez instructora, Carla Bellini, así como en sus recursos al auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado -fase previa al juicio oral-, la defensa de Montelongo, dirigida por José Aníbal García Álvarez, apunta a que tanto la Intervención como la Secretaría General del Patronato de Turismo -y por ende del Cabildo- eran quienes autorizaban los abonos, previamente a la solicitud de retención de créditos. La argumentación pretende eludir cualquier responsabilidad de la principal imputada.
A punto de ser acusada formalmente por la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas, la líder de los conservadores en Fuerteventura se enfrenta a penas de cárcel que oscilan entre tres y seis años, por el delito continuado de falsedad en documento público. Es en este caso en el que las explicaciones de Montelongo ante la Sala -siempre se ha limitado públicamente a decir que todo el caso de las facturas falsas se debió a un “error”- se centran en especial en el secretario del Patronato, al aparecer la firma de este en un documento final de pago.
Sin embargo, quienes rubrican todo los expedientes administrativos de los abonos a hoteles de la isla por las estancias del actual secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos Gallego, del diputado Ramón Moreno Bustos o del portavoz adjunto en el Senado, Tomás Burgos Beteta, camuflados como periodistas especializados en promoción turística o una actriz mexicana de culebrones y una productora musical alemana, son precisamente dos de los encausados: el gerente Cabrera Bonny y la vicepresidenta del Patronato, Águeda Montelongo.
Además de la falsedad documental, el TSJC entiende que hay indicios de malversación de fondos públicos, que al ser inferior a 4.000 euros, le podría suponer, de ser condenada, una pena añadida de tres meses a tres años e inhabilitación para empleo o cargo público hasta tres años, y por el delito continuado de prevaricación administrativa, inhabilitación de siete a diez años. También la falsedad documental se castiga con inhabilitación de dos a seis años.
El caso Patronato, destapado en 2011 por CanariasAhora, tuvo como origen la denuncia de Guillermo Concepción, que al cabo de dos años fue remitida desde un juzgado de la isla al TSJC, en verano de 2013, por el aforamiento de Montelongo.
Tomás Burgos Gallego acudió en abril de 2010, junto al también diputado nacional Ramón Moreno Bustos, a un acto del PP sobre pensiones en la Universidad Popular de Puerto del Rosario. Los diputados por Valladolid y Zaragoza se alojaron en el Hotel Sheraton, entre el viernes 9 y el lunes 12 de abril. Se registraron con sus nombres en las habitaciones 462 y 463 del lujoso establecimiento de Caleta de Fuste, cercano al aeropuerto majorero.
Sin embargo, al remitir el hotel las facturas al Patronato de Turismo, sus nombres fueron suprimidos y el coste total de 693 euros se consignó a dos supuestas periodistas alemanas de la inexistente revista ZDF, cuyos nombres, Michel Viet y Britta Kuhlmann, corresponden a una actriz mexicana de culebrones famosa en la época por protagonizar un vídeo casero de contenido pornográfico, y a una supuesta productora musical de Hamburgo. Ambas venían, según el justificante del Patronato, a promocionar en su presunta revista la isla.
En el caso de Tomás Burgos Beteta, también por las mismas fechas -Semana Santa de 2010- se hospedó junto a su esposa recientemente fallecida y relacionada con el caso Gürtel en el hotel Faro de Jandía, de la costa sur de la isla. Lo hicieron con sus nombres, del 30 de marzo al 3 de abril. A la hora de cargar la factura, el establecimiento propiedad del dirigente del PP y amigo personal del ministro José Manuel Soria, Mario Romero Mur, la remitió también al Patronato, donde fueron borrados sus nombres por un genérico touroperador Sunway.
De nuevo, la promoción turística de la isla por medio de la invitación de periodistas europeos especializados figura como la justificación para cargar a las arcas públicas 560 euros de la estancia del portavoz adjunto del PP en el Senado y su esposa, al igual que con el exsecretario general del PP canario Manuel Fernández, por el alquiler de un coche utilizado durante el fin de semana de noviembre de 2009 en el que se celebró el Congreso Insular del PP que convirtió en presidenta del partido en la isla a Águeda Montelongo.
A lo largo de la instrucción ya prácticamente concluida, la documental publicada en su día por este periódico con las facturas trucadas, así como testimonios de técnicos y empleados del Patronato de Turismo que han asegurado a la Sala quetanto el gerente Cabrera Bonny como la presidenta Águeda Montelongo eran quienes daban las instrucciones de pago y qué nombres debían figurar en las facturas y las correspondientes retenciones de crédito y los informes técnicos justificativos, han arrojado suficientes indicios como para continuar con la causa.
