El PP canario designa a una procesada para presidir el Cabildo de Fuerteventura
El Comité Electoral del PP canario ha designado este viernes como cabeza de lista al Cabildo de Fuerteventura a la presidenta del partido en la isla, Águeda Montelongo, quien está pendiente de ser juzgada por haber pagado con dinero público del Cabildo majorero estancias de hotel de políticos de su partido dentro del caso Patronato, destapado por Canarias Ahora en 2011.
Hace menos de un mes la juez instructora del caso Patronato, Carla Bellini, había decidido transformar la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias -Montelongo es también diputada regional y, por tanto, aforada- en procedimiento abreviado al considerar que existen indicios de falsedad documental, prevaricación y malversación de fondos públicos en sus actuaciones cuando presidía el Patronato de Turismo majorero entre los años 2007 y 2010.
Durante ese periodo, Montelongo ocultó con nombres falsos los nombres del actual secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos Gallego, o el portavoz adjunto en el Senado del grupo popular, Tomás Burgos Beteta por el de periodistas inexistentes o actrices de culebrones mexicanos que habrían viajado a Fuerteventura para promocionar el destino turístico en los mercados del Norte de Europa.
La juez estima que hay indicios suficientes para que se procese a la presidenta del PP de Fuerteventura en un caso denunciado por el anterior vicepresidente del Cabildo y exmilitante del PP, Guillermo Concepción. No obstante, Montelongo siempre ha aprovechado sus intervenciones ante los medios para declarar su tranquilidad e interés en “tener la oportunidad” de defenderse.
Las defensas han recurrido el auto de Carla Bellini ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a lo que el ministerio fiscal se ha opuesto, por lo que en breves fechas se procederá a calificar los hechos, tanto por el ministerio público en su acusación como por las defensas. Los delitos a los que se enfrenta Águeda Montelongo, sobre todo la falsificación de esas facturas en documento público, acarrean penas de cárcel de entre tres y seis años.
En la jornada de este viernes también se ha nombrado a Claudio Gutiérrez como candidato al Ayuntamiento de La Oliva y a Jessica de León en Puerto del Rosario.
