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Coalición Canaria pide al Gobierno que aclare el veto impuesto por Repsol a los científicos de las universidades

El senador herreño Narvay Quintero. EFE.

Canarias Ahora

Las Palmas de Gran Canaria —

El senador de Coalición Canaria – Agrupación Herreña Independiente (CC-AHI), Narvay Quintero, ha asegurado este lunes que la multinacional Repsol ha vetado a la embarcación contratada por un comité científico integrado por expertos de las dos universidades canarias, a la que la empresa petrolera impidió acercarse a menos de dos millas de la zona donde está llevando a cabo sus prospecciones frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura.

Quintero ha registrado varias iniciativas en el Senado en las que denuncia el veto unilateral impuesto por la multinacional. El senador explica que los científicos pretendían hacer un estudio de ruidos para comprobar si las prospecciones están afectando al ecosistema marino, pero una de las dos embarcaciones auxiliares del barco perforador les impidió acercarse al área de las prospecciones.

Además, según el senador, esos barcos auxiliares pusieron en marcha los motores para evitar el estudio de ruidos, aunque en este caso no intervino la Armada Española, pero sí los barcos auxiliares del buque de prospecciones contratado por Repsol.

Quintero denuncia que una multinacional se arrogue competencias que son exclusivas del Gobierno del Estado y pide al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy que aclare este incidente.

En este sentido, pregunta si el Gobierno del Estado considera que “una multinacional tiene capacidad para impedir el acceso de una expedición científica, cuya labor consistía en analizar los efectos de los ruidos de las prospecciones sobre los cetáceos y otras especies marinas”.

El senador herreño también pide que el Estado facilite los datos sobre los medios que ha desplegado hasta ahora el Gobierno del Estado, tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio del Interior, para salvaguardar los intereses de la multinacional Repsol desde que se iniciasen las prospecciones en Canarias, especificando su coste para las arcas públicas.

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