Greenpeace recurre el permiso a Repsol y pide la suspensión de los sondeos

Simulación de Greenpeace de un vertido de petróleo en la playa de las Teresitas en Tenerife.

Canarias Ahora

Las Palmas de Gran Canaria —

La organización ecologista Greenpeace ha presentado este viernes ante la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Turismo un recurso de alzada contra la autorización a Repsol para buscar petróleo en aguas de Canarias. En el mismo, se solicita que de forma inmediata, y al menos mientras se resuelva el recurso, se paralice el permiso a la petrolera.

Según informa en un comunicado, las principales razones que sustentan el recurso de Greenpeace están relacionadas con defectos formales del procedimiento administrativo debido a “la incorrecta apertura del trámite de información pública” y a “la falta de transparencia del mismo”. En el recurso también se detallan las deficiencias en la documentación aportada y la “escasa calidad técnica” de la evaluación de impacto ambiental realizada.

La organización ecologista entiende que todo esto ha provocado que se hayan minimizado los impactos que van a tener las prospecciones sobre la fauna y los ecosistemas marinos, y las graves consecuencias de un vertido de petróleo, pero también sobre sectores “de gran importancia social y económica” como la pesca o el turismo. “Estas actividades dependen en gran medida de la calidad de las aguas y playas”, recuerda Greenpeaca.

Para este colectivo, tampoco se han considerado adecuadamente cuestiones básicas como el abastecimiento de agua potable para la población de las islas orientales, que depende casi exclusivamente de la desalinización del agua del mar.

“Los responsables del Ministerio de Industria han trabajado para favorecer y facilitar la actividad económica de una empresa, Repsol. No se ha escuchado ni tenido en cuenta los datos científicos aportados por decenas de organizaciones ni por las administraciones de las islas”, ha declarado Julio Barea, responsable de campaña de Greenpeace.

“Esta actuación antidemocrática del Gobierno será contestada por la sociedad civil con todas las herramientas jurídicas y de movilización social que estén a nuestro alcance para frenar las prospecciones”, ha concluido Barea.

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