El fallo del Supremo anima a los ecologistas a seguir en su empeño de paralizar los sondeos

Greenpeace, Ecologistas en Acción y el sector pesquero artesanal han alertado este miércoles de que las prospecciones previstas en Canarias pueden afectar a uno de los cinco afloramientos de aguas profundas que enriquecen los océanos en todo el mundo, “el pulmón del Atlántico Medio”.

Después de que el Tribunal Supremo adelantara el martes que ha desestimado los siete recursos planteados contra el decreto de marzo de 2012 que autorizó a Repsol a buscar hidrocarburos al este de Fuerteventura y Lanzarote, ecologistas y pescadores han asegurado este miércoles que este fallo, aún no notificado a las partes, les anima a seguir en su empeño de paralizar los sondeos.

Con este afán, han registrado en la Delegación del Gobierno en Canarias “la declaración de impacto negativa que todos los canarios hubieran querido” que recibieran estos sondeos, frente al informe favorable que ha emitido el Ministerio de Medio Ambiente.

Tanto el responsable de campaña de Greenpeace, Julio Barea, como el portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción, Eugenio Reyes, han insistido en que las prospecciones previstas cerca de Canarias son “innecesarias y peligrosas” y amenazan a uno de los lugares con mayor biodiversidad del mundo, por lo que han abogado por un cambio del modelo energético que pase por “no sacar más petróleo” y apostar decididamente por las renovables.

Barea ha defendido que Canarias es “el Golfo Pérsico de las energías renovables” y ha resaltado que solo con la aplicación de medidas de eficiencia energética en toda Europa, ya se podrían ahorrar 200.000 millones de euros en el continente y crear 1,4 millones de puestos de trabajo hasta 2020.

El responsable de campañas de Greenpeace ha aludido al informe “Petróleo no, ni aquí no en el Ártico”, elaborado por la organización ecologista, sobre el que ha resaltado que “las compañías que tratan de asaltar” el medioambiente en Canarias “son las mismas que están en el Ártico”.

Los ecologistas organizarán este fin de semana en Canarias nuevos actos de protesta contra estas exploraciones y en favor de la conservación del medioambiente, que, según ha destacado Barea, “no tiene barreras administrativas” y atesora en las islas 19.000 especies animales y vegetales, 5.000 de ellas endemismos.

Por su parte, Reyes ha recordado que la declaración de impacto ambiental reconoce que, en caso de un derrame masivo, el 6 % del crudo vertido llegaría a las costas de Fuerteventura y Gran Canaria.

Colapso del abastecimiento de agua

Eso, ha advertido, supondría el “colapso en el abastecimiento de agua de 1,2 millones” de personas (las dos islas dependen de las desaladoras), además de “un cierre patronal inmediato de un destino turístico con playas contaminadas”.

El portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción también ha subrayado que, según esa declaración de impacto ambiental, 32 toneladas de residuos de las perforaciones se verterán al mar y ha alertado del alto riesgo que entrañan esos trabajos, ya que se realizarán en una zona en la que hay seis volcanes, por lo que podrían “dar con grietas magmáticas”.

Por su parte, el patrón mayor de los pescadores de El Hierro, Fernando Gutiérrez, en representación de la mayoría de cofradías de Canarias, ha opinado que “la democracia está secuestrada por los poderes económicos” y ha criticado que, ante asuntos como éste “no se escuche a los pueblos”.

Frente a la que ha denominado como “petróleo-dependencia”, Greenpeace ha instado a que se prohíban en toda España las prospecciones en busca de hidrocarburos y ha pedido que desaparezcan “las subvenciones a las energías sucias”.

En cualquier caso, Reyes ha asegurado que el fallo del Supremo “no cierra la vía del expediente, ya que la declaración de impacto ambiental sigue abierta”.

De igual forma, ha recordado que la Dirección General de Minas del Ministerio de Industria emitirá en breve un informe al respecto que se podría recurrir ante el mismo tribunal, por lo que ha augurado una “batalla jurídica larga”, que podría incluir la petición de suspensión cautelar de los sondeos y cuantas demandas civiles por daños a bienes económicos y lucro cesante que se quieran interponer.