Un estudio encargado por Repsol concluye que un derrame llegaría antes de 48 horas a Fuerteventura

Las simulaciones de un posible derrame de petróleo encargadas por Repsol a un laboratorio han dado como resultado que, en caso de que se produjera un accidente durante el verano mientras se extraen unos 3.000 barriles de crudo al día, la marea negra llegaría en un 85% de los casos a Fuerteventura en un tiempo estimado inferior a las 48 horas. Una probabilidad que en invierno se sitúa en el 71% y en poco más de dos días.

Así se desprende de los 50 nuevos documentos incorporados durante los últimos meses al expediente de las prospecciones petrolíferas en Canarias, según advierte el Cabildo de Fuerteventura en un comunicado. La Administración majorera denuncia que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de España no ha dejado alegar ni ha sometido a información pública dichos documentos, que el pasado 28 de mayo “aparecieron” en el expediente.

Asimismo, pone de relieve la circunstancia de que el propio Ministerio anunció la tarde del pasado 29 de mayo, víspera del Día de Canarias, que la Declaración de Impacto Ambiental realizada tomando en consideración estos documentos era positiva.

Tras la lectura de los textos incorporados durante los últimos meses al expediente, pese a que el periodo de consulta ciudadana acabó en septiembre de 2013, el Cabildo reivindica que Fuerteventura sería por lo tanto la Isla más directamente afectada en la simulación de Repsol, que para Lanzarote indica una probabilidad de llegada a la costa del 28% (y 3,5 días) en verano y del 2,6% (y 37 días) en invierno.

El resto de islas y la costa africana, añade, no se librarían de los efectos de la marea negra, ya que “antes o después su extensión alcanzaría prácticamente todos los rincones”, señala.

El presidente insular, Mario Cabrera, manifiesta que los informes encargados por Repsol se han realizado con “técnicas y con datos con los que no estamos de acuerdo, obviando además información relevante sobre desaladoras y espacios naturales”. Para Cabrera, el grado de peligro es “tan relevante que ni en los informes cocinados a su gusto pueden obviarlos. Por eso no nos han dejado alegar sobre ellos y los han tenido ocultos hasta ahora”.

La información se puede extraer de los documentos Adenda al EIA del proyecto Sondeos exploratorios marinos en Canarias. Evaluación de riesgos derivados de un blowout de 3000bbl/día fechado en febrero de 2014 y Adenda al EIA del proyecto Sondeos exploratorios marinos en Canarias. Actualización de la sección 13, sección 14 y sección 16 de abril de este año.

La compañía petrolera tuvo que encargar la redacción de estos nuevos documentos a comienzos de 2014, después de que en las más de 11.000 alegaciones presentadas en Canarias en agosto y septiembre de 2013 se denunciara que los originales eran absolutamente irreales. La denuncia llevó a que el propio Ministerio indicara a Repsol que la simulación de riesgos calculada inicialmente para un escenario de derrame accidental de 1.000 barriles diarios, debía ser. “Los especialistas internacionales recomendaron al Gobierno, sin embargo, que la simulación se hiciera para 30.000 barriles diarios. No les hizo caso”, apostilla la Administración majorera.

Escenario insuficiente

El Cabildo afirma que el escenario de los 3.000 barriles diarios no es suficiente y recuerda que en las alegaciones presentadas en septiembre desde Canarias se incluía el informe de Rick Steiner, profesor de la Universidad de Alaska hasta 2010, especialista en conservación marina y asesor de una decena de países en materia de perforaciones en mar abierto. Steiner puntualizó que “el EIA no reconoce ni recoge las normas de seguridad más estrictas que se impusieron en Estados Unidos tras la catástrofe de la Deepwater Horizon en 2010”.

Las prospecciones de Repsol pueden alcanzar una profundidad total de 6.370 m. “Por lo tanto, la presión, la temperatura y los riesgos de los pozos de las Islas Canarias serían comparables, por no decir significativamente mayores, que los del pozo Macondo, que registró un fallo de consecuencias catastróficas”, resume Steiner.

En vista de que la profundidad, la presión y la complejidad operativa que de algunos de los pozos de aguas profundas pueden ser iguales o mayores que el de Macondo (derrame del Golfo de México, 2010), “un peor supuesto posible de derrame más verosímil para el proyecto de prospección en las Islas Canarias sería 30.000 barriles/día durante 60 días, es decir, 1,8 millones de barriles en total”. Esta cifra es muy superior al “peor supuesto” previsto en el EIA“ que Repsol y el Ministerio tramitaron.

Metodología errónea

Por su parte, el doctor en Oceanografía Física, profesor de Contaminación Marina y Oceanografía Costera en la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Jesús Cisneros, advirtió que la metodología del cálculo de riesgo utilizada por la multinacional Repsol “es muy fácil utilizarla sesgadamente para hacer tolerable cualquier actuación o explotación industrial en cualquier lugar, por muy protegido que esté”. Cisneros elaboró también un informe que formó parte de las más de 11.000 alegaciones ciudadanas al Estudio de Impacto Ambiental.

Sobre las medidas preventivas y correctoras, señala en su informe que en el caso de blowout no hay manera “...de contener el derrame en la menor área posible, como dice el EsIA.

Incremento del daño en espacios naturales

A la Administración majorera le resulta también significativo el uso “interesadamente restrictivo” que se hace en los documentos de la información ya conocida, como el caso de los espacios naturales protegidos. Al respecto, señala que los nuevos informes encargados por Repsol y sobre los que el Ministerio no ha permitido hacer alegaciones, indican sobre posibles afecciones a espacios naturales protegidos que “las consecuencias o daños ambientales sobre la Red Natura 2000 de Fuerteventura han aumentado un nivel en la categoría de daños, pasando de serio o muy serio en el caso de 1.000 barriles día a muy serio y desastroso en el caso de los 3.000 barriles días”.

No obstante, la calificación de daños serios o muy serios sobre los espacios protegidos de Fuerteventura se hace sin estudiar, calcular o valorar la propuesta de nuevo Lugar de Interés Comunitario (LIC) marino del Oriente y Sur de Fuerteventura y Lanzarote, cuya superficie coincide en un 80% con las nueve cuadrículas y 616.000 hectáreas autorizadas a Repsol en 2012 frente a las costa de las dos islas orientales.

Durante estos últimos meses se ha constatado que Repsol sí que tenía toda la información sobre el LIC marino que, por otra parte, promueve, supervisa, coordina y tramita el Ministerio de Medio Ambiente. “Es decir, el mismo organismo gubernamental que acaba de dar su visto bueno al Estudio de Impacto Ambiental de las prospecciones sin incluir los cálculos sobre la superficie propuesta como LIC marino”, apunto el Cabildo de Fuerteventura en el comunicado.

Potencial afección a las desaladoras

Como capítulo aparte, menciona el análisis aportado sobre el posible riesgo a las desaladoras de Fuerteventura, que abastecen el 100% del consumo insular de agua potable (108.000 residentes y 2,5 millones de turistas anuales). El informe costeado por la multinacional y ahora incorporado reconoce un “peor caso” referido a los riesgos sobre la “potencial afección a las desaladoras” ya que se podrían acumular concentraciones de hidrocarburos en la costa mayores a 10.000 g/m2. Por otro lado, reconoce en su detalle de medida preventivas que “no tiene prevista ni una sola respuesta en tierra para el caso de que las desaladoras tengan que parar”.

Los técnicos del Consorcio de Aguas de Fuerteventura y del Consejo Insular de Aguas subrayaron en un informe el desconocimiento que demuestra Repsol de las desaladoras canarias, ya que en las islas siguen funcionando con tomas directas a la marea, y por lo tanto de paralización inmediata en caso de contaminación por hidrocarburos.

Además, advirtieron de que los componentes de los hidrocarburos acaban filtrándose junto al agua en los pozos playeros de captación de las desaladoras, y por lo tanto sus daños sobre las membranas y en general sobre el funcionamiento de las plantas “puede ser inmediato, obligando a paralizar la producción de agua de abasto público”, concluye.