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Los extraparlamentarios apoyan que la consulta popular contra el petróleo sea “cuanto antes”

Reunión en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias para analizar los últimos hechos relacionados con las prospecciones petrolíferas. EFE/Ramón de la Rocha

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife —

Las fuerzas políticas extraparlamentarias pero con representación institucional en corporaciones locales han mostrado su total apoyo a la consulta popular contra las prospecciones petrolíferas que Repsol va a comenzar en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura.

Una consulta que debe llevarse a cabo “lo antes posible” en el tiempo y cuyo encaje legal será totalmente desarrollado para que el Gobierno central no pueda impedirlo y con una pregunta que será consensuada por todos los participantes en la reunión (más las organizaciones sociales que el martes se reunirán con el presidente en Gran Canaria) y que debe servir como un “elemento de regeneración democrática”

Un apoyo que el presidente Paulino Rivero ha recibido en la reunión de coordinación que ha mantenido junto al consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, y el Comisionado para el Desarrollo del Autogobierno, Fernando Ríos, en la sede de Presidencia de la capital tinerfeña y a la que han asistido José Miguel Barragán (ICC), José Miguel Ruano (CC), Manuel Fajardo (PSC-PSOE), Carmelo Ramírez (NC), Ramón Trujillo (IU), Guillermo Guigou (Ciudadanos) y José Manuel Corrales (Por Tenerife), con la sola ausencia de representantes de Sí Se Puede y del Partido Popular, formación esta última que no fue invitada.

Tal y como han informado los miembros del Ejecutivo, el anteproyecto de decreto que desarrolla la Ley de Participación Ciudadana será aprobado en el Consejo de Gobierno que se celebra el jueves (el mismo día que el pleno extraordinario del Parlamento) para ser remitido al Consejo Consultivo, cuyo dictamen puede estar culminado entre el 15 y el 20 de septiembre para su aprobación definitiva.

Apoyo con matices

Pero, además, la oposición al petróleo por parte de las formaciones extraparlamentarias se ha extendido también al gas y a la refinería de Cepsa en Santa Cruz de Tenerife, por lo que sus representantes han pedido a Rivero que vaya dando los pasos necesarios para que la segunda desaparezca de la capital tinerfeña y se impida el desarrollo de instalaciones gasísticas en las Islas.

Asimismo, tanto Guigou como Corrales han demandado al presidente que “la Autoridad Portuaria tinerfeña, que está gobernada por CC, que impida que las cuatro plataformas petrolíferas atracadas en el puerto sigan ahí”.

Además, el líder de Ciudadanos ha pedido que “la movilización a favor de la consulta no signifique el inicio de la campaña pre electoral de los partidos que conforman el Gobierno” y que la misma “no coincida con el referéndum que Cataluña celebrará el 9 de noviembre”, para que la misma no quede contaminada políticamente.

Un aviso que también ha hecho suyo Corrales al asegurar que “en la consulta el gran protagonismo debe ser de la sociedad civil” y no de las fuerzas políticas.

Al respecto, el comisionado Ríos dijo que “se puede hacer o un poco antes o un poco después, pues no debemos olvidar que a lo mejor Cataluña no puede ni siquiera llevarlo a cabo”

Boicot a Repsol

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida (IU) en Canarias, Ramón Trujillo, considera que hay que dar más pasos que el de la consulta para conseguir frenar las prospecciones, toda vez que recurrir ante la Unión Europea (UE) “conlleva unos plazos bíblicos” que son inoperativos, pues el fallo del Tribunal de Luxemburgo llegará cuando Repsol lleve meses perforando.

“Una decisión carente de legitimidad por no contar ni con el apoyo del Gobierno regional ni de la sociedad civil, como es la adoptada por el Ejecutivo central, solo puede ser combatida con medidas de presión, una de ellas es la consulta popular y otra es promover un boicot a CaixaBank y a Repsol, como el que van a proponer los 2.000 concejales de IU en toda España”, ha dicho Trujillo.

Una propuesta que, sin embargo, no se asumida por el Ejecutivo canario, pues como ha explicado Ríos “institucionalmente el Gobierno no puede sumarse a ningún boicot, aunque evidentemente los partidos políticos que lo conforman son libres de decidir sumarse o no a las mociones que va a presentar IU”.

Ríos ha recordado que el propio Rivero “se ha reunido con los accionistas de Repsol” para hacerles llegar la postura del Gobierno, de las principales instituciones de las Isla y de la mayoría de los ciudadanos, pero que el Ejecutivo no puede ir más allá.

Por último, el dirigente de Nueva Canarias (NC) Carmelo Rodríguez, ha insistido en que su formación mantiene su apoyo rotundo a una consulta que va en contra de una “decisión demencial del ministro José Manuel Soria”.

“No se puede tener dos varas de medir, una parta consensuar en el Mediterráneo las posibles prospecciones y otra para imponerlas en Canarias en contra de lo que quieren sus instituciones y su población”, concluyó Ramírez.

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