El ministerio de Cañete ninguneó sus propios informes sobre los sondeos de Repsol para burlar a la UE
El ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) español durante la etapa de Miguel Arias Cañete, ahora aspirante a comisario de Energía y Cambio Climático de la Unión Europea, hizo caso omiso a sus propios informes durante la fase de tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental presentada por la petrolera Repsol para la aprobación de las perforaciones petrolíferas en aguas de Lanzarote y Fuerteventura.
Un informe elaborado el 16 de abril por la directora técnica de la División para la Protección del Mar del ministerio español recogía en su análisis de compatibilidad de los sondeos con los valores de la zona que el entorno que contaminarían los lodos y barros en un pinchazo al lecho marino sería de 500 metros de radio, área compatible al no invadir el Lugar de Interés Comunitario del Oeste y Sur de Lanzarote y Fuerteventura, pendiente de tramitar entonces.
Sin embargo, el mismo análisis indicaba que la contaminación por ruidos submarinos no se había determinado y debía quedar definida por científicos especialistas en la materia, ya que el sonido bajo el mar se propaga a grandes distancias y podría afectar a los cetáceos de la zona, una de las principales especies a proteger dentro del LIC marino de ambas islas, y que vuelven ahora a ser noticia al producirse un avistamiento singular de una ballena azul.
El propio ministerio de Cañete marcaba a Repsol sus obligaciones para pasar el examen de la Declaración de Impacto Ambiental, directamente afectada por el único LIC marino de los diez de España que quedó dentro de un cajón durante dos años hasta que fueron aprobados los sondeos, en agosto, y ahora ha iniciado su tramitación. Sin embargo, Repsol recogió en su Declaración (DIA) los 500 metros de radio de lodos y barros y los aplicó también al ruido submarino, ampliados a un kilómetro, sin que sustentara en estudio científico contrastable.
El ministerio de Cañete, que dejó el cargo a finales de ese mes para encabezar la lista del PP al Parlamento europeo en las elecciones del 25 de mayo, dejó a un lado la indicación de su directora técnica, Ainhoa Pérez Puyol, en relación a los ruidos submarinos, e hizo suya la Declaración de Repsol indicando que el establecimiento de una zona de exclusión de 500 metros, ampliable a un kilómetro en torno al barco de perforación, “se ajusta a lo indicado” por la División para la Protección del Mar y que las medidas propuestas por este departamento “se encuentran recogidas” en el Protocolo de Observación y Actuación en caso de avistar cetáceos.
La realidad, por contra, es otra: el DIA de Repsol no tuvo en cuenta las medidas correctoras exigidas por el Magrama, que indicaban que los sondeos petrolíferos serían compatibles con el impacto de una perforación solamente si se establecía una zona de exclusión “calculada por especialistas y definido mediante modelación en función de criterios científicos”, una condición que, según estudios genéricos existentes, si se trata de ruidos submarinos estos se extenderían varios kilómetros, a determinar, invadiendo de lleno el interior del LIC.
Esa posibilidad latente no impediría a Repsol buscar petróleo en sus cuadrículas mineras de aguas en Lanzarote y Fuerteventura, pero complicaría muchísimo la tramitación tan rápida que ha tenido la multinacional para recibir la autorización por parte del ministerio Industria, Energía y Turismo, dirigido por el canario José Manuel Soria. Tanto, que el Cabildo majorero ha decidido elevar una protesta ante la Comisión Europea por el ninguneo del ministerio de Medio Ambiente a sus propios informes para burlar el control europeo a los sondeos.
Y es que un reconocimiento por parte del operador y el ministerio entonces en manos de Cañete de un impacto significativo y apreciable sobre los valores naturales del LIC marino majorero y conejero obligaría a elevar los permisos a la propia Comisión Europea. El camino hubiese sido más empinado. Según la ley 42/2007 que traspone la Directiva de Hábitats, el operador y el Estado tendrían que haber sometido a consulta previa en Bruselas los motivos de no encontrar soluciones alternativas a afectar un LIC de lleno, justificar los trabajos como de “imperiosa necesidad” para el interés público e incluso someterlo a una ley o acuerdo del Consejo de Ministros, por albergar la zona hábitats y especies de interés prioritario.
El caso, de haber aplicado el ministerio de Cañete sus propias condiciones, hubiese acabado en la Comisión Europea a la que ahora aspira el exministro español, con el concurso de más especialistas en ruidos y cetáceos que hubieran opinado sobre el proyecto petrolero en las aguas de mayor riqueza en biodeversidad de toda la Unión Europea, con el retraso, de entre seis meses a un año, que se hubiese provocado para otorgar, o no, la autorización definitiva.
Arias Cañete se somete el próximo 1 de octubre al examen de los eurodiputados para ser el próximo comisario de Energía y Cambio Climático. Estos días, colectivos canarios, entre ellos la Oficina de Acción Global del Cabildo de Lanzarote, mantienen contactos en Bruselas con grupos parlamentarios de la Eurocámara, para consensuar una condena a las gestiones del aspirante a comisario en su etapa en el Magrama.
Este miércoles, además, estaba previsto que el Comité de Peticiones del Parlamento escuchara a cinco ciudadanos canarios con propuestas para que la Unión paralice las prospecciones que han sido concedidas a Repsol por España, pero fueron excluidos del orden del día a causa de las presiones del PP para proteger la imagen de su candidato a comisario ante sus colegas del Parlamento europeo, como ya informó este periódico el domingo pasado.
