Obligadas a parir: el complicado encaje del aborto en Latinoamérica

Obligadas a parir. Así de simple. Esta es la cruda realidad a la que se enfrentan miles de mujeres en Latinoamérica, una región en la que, con la excepción uruguaya, abortar libremente sigue siendo un delito, un tabú y, sobre todo, una práctica de riesgo. El estado de la cuestión es heterogéneo y sólo en el Cono Sur conviven tres modelos legales. Uruguay ha implementado una ley de plazos; Argentina ha regulado el aborto en los supuestos de violación y de peligro para la vida de la madre –aunque con graves incumplimientos por parte de la Justicia-, mientras que Chile, al día de hoy, es uno de los únicos seis países del mundo en los que interrumpir el embarazo está terminantemente prohibido.

En el caso chileno, el Parlamento acaba de aprobar un proyecto de ley de supuestos que ahora debe pasar por el aval del Tribunal Constitucional tras un recurso de la coalición conservadora. En la Argentina la discusión política se encuentra en un apático punto muerto desde hace más de una década.

Al cierre de esta edición las mujeres progresistas de Chile celebraban la decisión del Congreso de la Nación que este 2 de agosto aprobó el Proyecto de Ley de las Tres Causales, que legalizaría el aborto en los tres supuestos clásicos: peligro para la vida de la madre; malformaciones en el feto de carácter letal y violación.

La presidenta de la nación, la socialista Michelle Bachelet, cumple así con uno de sus principales promesas electorales y devuelve al país al estadio legal anterior a 1989, cuando el gobierno de facto de Augusto Pinochet prohibía el aborto bajo cualquier circunstancia. “Hoy las mujeres recuperamos un derecho básico que nunca debimos perder: decidir cuándo vivimos momentos de dolor”, señalaba en twitter la máxima mandataria trasandina. Si el recurso que la derecha chilena ante el Tribunal Constitucional no prospera, Chile dejará de ser uno de los seis países del mundo que prohíbe el aborto en cualquier circunstancia.

Una situación que provocaba situaciones dramáticas y extremas. Ignacia Valdivieso e Ivo Tejeda esperaban con ilusión el nacimiento de Laura, pero un estudio médico de rutina los sacudió de forma inesperada y cruel: la niña padecía una trisomía grave. “Sentí las dos cosas. Primero la sensación de estar embarazada y, después, la pena de tener que llegar a esta situación en la que sabes que el embarazo va a terminar mal aunque no sabes cuándo”, explica Ignacia.

Transitaban ya por la semana 21 por lo que tuvieron “muy poco tiempo para tomar la decisión”. “Estábamos muy en el límite de los plazos que se establecen en California”, añade Ivo. Ambos eran partidarios del aborto libre antes de esta desgracia y tuvieron la suerte de contar con el “total apoyo de la familia”, dice Tejeda. Aún así fue “un tránsito emocional muy duro para los dos”, añade Ignacia. “Estaba triste y totalmente abatida; pero aunque fue una verdadera tortura, la decisión se tomó de manera reflexiva y consciente”, recuerda.

Ignacia e Ivo viajaron a Estados Unidos donde pusieron fin al embarazo, una salida “inviable para más del 90% de la población de Chile ya que sólo el tratamiento supuso pagar unos 5.000 dólares más viajes y trámites –el 53% de los chilenos y chilenas gana menos de 500 euros al mes-”. “Dentro de la mala suerte que tuvimos somos afortunados, porque pudimos abordar esta tragedia que nos pasó de la mejor manera posible. La mayoría de las chilenas no pueden acceder a algo así”, destaca Ignacia. Y así es.

Según datos de Amnistía Internacional, en el país se realizan entre 30.000 y 70.000 abortos clandestinos al año, aunque la ausencia de cifras oficiales hace difícil estimar la dimensión del fenómeno (algunas fuentes hablan de 160.000 casos). La prohibición no ha sido obstáculo para el circuito ilegal.

“La situación del aborto en el país es paradojal”, comenta Irma Palma, académica de la Universidad de Chile y vinculada a la Mesa Acción Aborto en Chile. “Es uno de los países en los que se cuenta con una más radical prohibición y, sin embargo, el aborto sucede y se estima que no tiene tasas inferiores a los de otros países de América Latina.

Incluso podría decirse que tiene tasas más elevadas“. Y también se da otra curiosa circunstancia ya el aborto clandestino es ”mucho más seguro que en otros países de la región“. ”Las mujeres han hecho un aprendizaje para gestionar por sí solas un aborto más seguro y en eso ha impactado fuertemente el aborto con medicamentos“, expone.

La tercera paradoja es la escasa incidencia penal ya que “la tasa de mujeres que son denunciadas y sometidas a juicio es bastante baja”. Los datos más frescos al respecto datan de 2014. Según Amnistía Internacional, entre 2006 y 2014 se iniciaron unas 500 causas. 293 concluyeron y sólo un 30% de ellas terminaron con sentencias de culpabilidad de las que un 19% supusieron penas de privación de la libertad. “La ley establecía que es el sistema de salud a través del personal médico, el que debía actuar como vigilantes y garantes de esa prohibición. Pero los mismos médicos, en virtud a la ley de confidencialidad no denuncian”, aclara Irma Palma quien aclara que en la mayoría de los casos que llegan a los tribunales “se trata de mujeres con bajo poder adquisitivo que abortaron en fases más tardías del embarazo y que tuvieron que acudir a los servicios de salud pública por complicaciones en el procedimiento. Es en ese contexto extremo en el que los médicos chilenos denuncian a las mujeres”.

La aprobación de la ley de las tres causales abre un nuevo camino para las chilenas: “creemos que este proceso podría generar condiciones culturales y políticas de apertura que finalmente desemboquen en una ley de plazos”, comenta la académica. Por su parte, para Ignacia Valdivieso lo ideal es avanzar hacia un futuro en el que “sea la mujer la que decida, porque nadie va a tener al hijo por una, pero hay que empezar por algún lado”.

Pero las dudas vienen desde el punto de vista de la puesta en práctica de la ley en el escenario post parlamentario: “Las dificultades no se terminan con la aprobación de la ley. Aspectos como la objeción de conciencia por parte del personal médico, dotar al sistema de salud de los recursos necesarios, la creación de una red de consejerías de asesoramiento o la violencia obstétrica juegan en contra. La realidad chilena de hoy, con un gobierno en crisis y la posibilidad de que vuelva a gobernar la derecha (como parecen adelantar las encuestas) complican el panorama aún si se logra aprobar la ley. Si ganase la derecha, la gran dificultad será la implementación de la ley a través de la elaboración del reglamento correspondiente”, finaliza la académica.

Efecto contagio

Y la pregunta que surge es la siguiente: ¿Esto podría ser un acicate para la Argentina? Las organizaciones feministas no son demasiado optimistas y desde el gobierno conservador de Mauricio Macri no parece haber mucho interés. Es más, hace escasos días el ex ministro y actual candidato legislativo del macrismo por la Provincia de Buenos Aires Esteban Bullrich equiparaba el aborto con la ola de femicidios que asolan al país.

“Creo en la vida. Creo que el Estado tiene que hacer prevención, educación sexual, poner a disposición medios anticonceptivos, pero la interrupción del embarazo es quitar una vida”, dijo Bullrich en una entrevista en la emisora local Blue FM. “Si hay una beba dentro también es ni una menos porque la estás matando”, añadió en clara referencia al lema de las organizaciones feministas en su campaña contra la violencia de género.

“Quienes nos vienen gobernando tanto en el ámbito legislativo, ya sea Cristina Fernández de Kirchner o Mauricio Macri, ya han hecho pública su posición y hacen prevalecer su opinión personal sobre los derechos e intereses del conjunto”, indica Raquel Vivanco, coordinadora nacional de Movimiento de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala) y referente del bloque de izquierdas Libres del Sur.

“Hay conciencia del problema y una cierta transversalidad sobre el asunto y hay apoyos tanto a la derecha, como a la izquierda, pero no hay decisión política por parte del ejecutivo, que hace prevalecer la posición personal de los líderes de los grandes bloques y las presiones que ejerce la Iglesia Católica y los sectores más conservadores de la sociedad”.

Y mientras tanto, las mujeres argentinas esperan. Fernanda revive con ansiedad el momento. El suyo fue uno más de los más de 500.000 abortos clandestinos que se realizan en la Argentina cada año. La intervención fue en un consultorio privado de las afueras de la ciudad de Buenos Aires: “Era una casa de familia donde vivía una comadrona y su hija, que era enfermera. En la parte de atrás tenían una especie de consultorio quirúrgico dónde me hicieron la operación”.

Fueron, dice, los quince minutos más largos de su vida. Y los más tristes. “Yo por lo menos tuve la suerte de caer en un lugar con mínimas condiciones de higiene”, comenta. Aún así “hubo complicaciones y terminé en el hospital con una hemorragia importante”. Y la fortuna le sonrió, ya que cayó en manos de una ginecóloga que comprendió la gravedad de la situación y la trató sin denunciarla. No se arrepiente aunque reconoce que “tuve que cargar con años de tristeza, llanto y culpa”.

La mayor parte de las argentinas que se ven en la obligación de abortar por la vía quirúrgica acudieron a consultorios precarios atendidos por estudiantes, enfermeras y médicos sin escrúpulos o, en el peor de los casos, curanderos. Los precios se mueven en un rango que va desde los 4.000 a los 20.000 pesos -entre 212 y 1.063 euros- dependiendo del mes de gestación.

En los peores lugares, comunes en los barrios más humildes, los municipios periféricos de las grandes ciudades o las zonas rurales, murieron la mayoría de las 55 mujeres que, en 2015, perdieron la vida de manera directa a causa de un aborto clandestino, según las fuentes oficiales.

Una estadística que se queda corta. Organizaciones como Mumala denuncian que las cifras reales se acercan al doble, mientras que otras fuentes hablan de 300 ó más decesos anuales. “Un estudio realizado en el 2010 por la dirección de estadísticas del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y la Sociedad de Ginecología y Obstetricia evidenció que en la capital por cada muerte por aborto inseguro había dos no denunciadas, aunque tenemos certeza de que en el interior del país y, sobre todo en el norte, las cifras pueden ser superiores” aporta Mabel Bianco, directora de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer de Argentina. Abortos clandestinos que “en un 30% de los casos se practican en condiciones de inseguridad”.

“Cerca de 80.000 mujeres acuden a hospitales públicos cada año por complicaciones tras someterse a una interrupción voluntaria del embarazo”, añade Raquel Vivanco quien asegura que “la mayoría de las mujeres argentinas abortará al menos dos veces a lo largo de su vida”.

Números que esconden “un negocio millonario” tras el que se esconden, sostiene la portavoz de Mumala “muchos de los médicos que se declaran objetores de conciencia y que hacen plata a costa de la salud y la seguridad de las mujeres”. Una actividad económica amparada en la ilegalidad que se manifiesta a través del mercado negro de misoprostol (pastillas abortivas) y de una extensa red de consultorios clandestinos. Redes de solidaridad como Women On Waves (Mujeres sobre las olas) o la argentina Línea Aborto tratan de facilitar el acceso a los medicamentos pero el mercado negro manda e impone sus reglas.

Logros y límites de la excepción uruguaya

El punto de quiebra en la región, una vez más, llegó de la mano del Frente Amplio uruguayo. El 17 de octubre de 2012, el Parlamento de Uruguay aprobaba la Ley 18.987 que establece un marco legal de plazos que permite la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación en cualquier caso; en las primeras 14 semanas en supuestos de embarazos por violación y el aborto sin plazos en los casos en los que concurran la inviabilidad del feto o el peligro para la salud de la gestante. La ley uruguaya, de las más avanzadas del mundo, prevé que las mujeres afectadas consulten con un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de la ginecología, de la psicología y de la asistencia social y que tomen la decisión tras un periodo de reflexión de cinco días. Lo llaman “consentimiento informado”.

Los resultados no se hicieron esperar. Uruguay es el segundo país del continente americano con menor incidencia de la muerte materna. Un informe de la revista International Journal of Gynecology and Obstetrics, que cita como fuentes a la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y los sistemas estadísticos de cada uno de los territorios, señala que en el país mueren 14 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos. Sólo Canadá, con 11 muertes, se sitúa por delante de la pequeña república oriental. Al otro lado del Río de La Plata, para no ir lejos, las cifras argentinas se disparan hasta las 54 muertes; Brasil, con 44 decesos, mejora ligeramente los números argentinos mientras que Chile ha logrado reducir sus cifras a 22 (España registra cinco muertes por cada 100.000 nacimientos vivos).

Las interrupciones del embarazo se realizan en centros públicos o mutuales privadas de manera gratuita. Desde la aprobación de la ley, el acceso al aborto seguro y tutelado no ha dejado de crecer. Según datos del Ministerio de Salud del Gobierno uruguayo , en 2013 se produjeron 7.171 interrupciones voluntarias del embarazo y las cifras suben: 8.537 en 2014; 9.362 en 2015 y 9.719 en 2016. El 98,97% de los casos de 2016 fueron por “propia voluntad de la mujer” y el 53% de los abortos que se llevaron a cabo ese mismo año se realizaron en centros públicos.

Y la incidencia de la despenalización en la salud de las mujeres afectadas es rotunda e incontestable. En el periodo comprendido entre 2001 y 2005 se produjeron 67 muertes, 25 de las cuales se debieron a las complicaciones surgidas en abortos. Entre 2006 y 2010 las muertes descendieron a 51, estando sólo cuatro relacionadas con la interrupción del embarazo; entre 2011 y 2015 murieron 37 mujeres, tres de ellas mientras se practicaba un aborto. En la década de los 90, el aborto provocaba el 27,9% de la mortalidad materna; entre 2011 y 2015, los números bajaron hasta el 8,1. En los últimos 25 años, las muertes de mujeres por interrupciones de embarazos descendieron un 59,5%. “Hasta finales de 2016 unas 30.000 mujeres han accedido a los servicios que presta la ley de aborto, por lo que el impacto, sobre todo para esas mujeres, es enorme”, explica Santiago Puyol, miembro del observatorio nacional de género y salud sexual y reproductiva de la ong uruguaya Mujer y Salud.

Pero aún así hay problemas y, desde la aprobación de la ley en 2012 hasta el cierre de esta edición, al menos dos mujeres han muerto por complicaciones en abortos clandestinos. Una realidad que persiste anclada, sobre todo en zonas rurales, gracias a la alta incidencia de la objeción de conciencia del personal médico y la falta de información. “Hay reductos de conservadurismo muy fuertes y existen poblaciones importantes como Mercedes, Young o Castillos en las que hay un 100% de objeción de conciencia entre el personal sanitario. En estas zonas se sigue diciendo que abortar está mal y que es un pecado vinculado al asesinato. Y las mujeres siguen accediendo al aborto clandestino como una herramienta para evitar ser juzgadas socialmente”, señala Puyol. Además, la ley uruguaya incluyó la figura de la objeción por ideario institucional, lo que ha provocado que dos grandes prestadoras privadas se nieguen a prestar el servicio.

Otro problema grave, advierte Alejandra López, directora del Instituto de Psicología de la Salud de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República de Uruguay, es la exclusividad del servicio. “Sólo se presta a mujeres que pueden demostrar un año de residencia legal en el país y en estos momentos estamos en un momento en el que se está produciendo un flujo migratorio muy importante sobre todo desde Venezuela, República Dominicana y Colombia. Hacía muchos años que el país no recibía tanta inmigración, lo que deja a muchas personas fuera de la cobertura de la ley”. En este sentido, Santiago Puyol recuerda que “la salud es un derecho humano fundamental y negar esta asistencia a mujeres extranjeras quiebra con la universalidad de la sanidad pública”.

Y el aborto clandestino persiste. “Le falta bastante para ser perfecta: la ley uruguaya abrió muchas posibilidades para que las mujeres accedan a este servicio, pero también cuenta con muchísimas restricciones. Es una ley que no quita el delito de aborto del código penal, sino que establece requisitos y condiciones de acceso al aborto legal. Si estas condiciones se cumplen, la mujer no comete delito, pero si alguna de estas condiciones no se cumplen, si existe el delito” advierte López.

Y ¿por qué acudir al aborto clandestino cuando se ha aprobado una ley de plazos? La académica uruguaya asegura que la legislación no ha acabado con los prejuicios y, es más, ha creado otros nuevos. “Hemos observado que existe cierto imaginario social que piensa que con la ley este problema está resuelto. La mujer ya tiene la posibilidad de hacer abortos y ya está. Y lo que ha generado este clima social es un mayor silenciamiento por parte de las mujeres que están pasando por la situación de tener un embarazo no deseado. Se supone que Uruguay ya incluyó la educación sexual en los colegios y el acceso universal a los métodos anticonceptivos es sencillo. Entonces la que se embaraza y tiene que abortar se percibe como una irresponsable. En ese relato de estigmatización, las mujeres que toman la responsabilidad de abortar silencian su situación. Hay un silenciamiento mayor que antes y es paradójico”, finaliza. Luces las hay, pero también sombras.