El Gobierno indulta a Miguel Ángel Ramírez
El Consejo de Ministros ha concedido al presidente de la UD Las Palmas, el empresario Miguel Ángel Ramírez, el indulto sobre la condena de tres años de cárcel por delito urbanístico que se le impuso en 2011, a condición de que derribe las obras ilegales que hizo en su casa.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves el indulto por el que se conmuta la condena firme que la Audiencia de Las Palmas dictó contra Ramírez, en una decisión que el Consejo de Ministros tomó el pasado 31 de octubre a propuesta del ministro de Justicia.
La gracia que se concede al presidente de la UD Las Palmas afecta solo a la pena de prisión (tres años y un día), pero deja en vigor el resto de las condenas (inhabilitación para ejercer cualquier oficio relacionado con la construcción durante tres años y multa de 43.260 euros).
Además, están condicionada expresamente a que derribe las obras ilegales que realizó en una vivienda de su propiedad en Las Palmas de Gran Canaria, tal y como establece la sentencia condenatoria.
La condena de la Audiencia Provincial, que confirmó otra anterior del Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, consideró probado que Ramírez cometió una “grave conculcación de la normativa reguladora de la ordenación del territorio, mediante la ejecución de una serie de cuantiosas obras que no resultan autorizables”.
Esas obras, continuaba la sentencia, “han provocado un perjuicio constatado a la flora de un espacio natural protegido, además de la alteración de su configuración preexistente”.
La Audiencia dispuso, por ello, que el presidente de la UD Las Palmas deberá demoler varias de las obras ejecutadas en su propiedad: “los nuevos caminos, la pérgola, la pajarería, y el muro de cerramiento” que hizo en el entorno de su casa, ubicada en Las Palmas de Gran Canaria.
Recurso pese al indulto
El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha anunciado que, a pesar de haber recibido el indulto, pedirá al Tribunal Supremo una revisión de su condena, porque considera que existe una sentencia que pone en entredicho que las obras que él realizó sean realmente ilegales.
Ramírez fue condenado en 2010 por un Juzgado de lo Penal de Las Palmas de Gran Canaria por un delito contra la ordenación del territorio, por una serie de obras realizadas en el terreno de su casa en Pino Santo que afectaban a un paraje natural protegido.
Sin embargo, tras haber sido ratificada su condena por la Audiencia de Las Palmas, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictaminó, en otro procedimiento distinto, que las normas de protección de ese espacio se aprobaron después de que el empresario solicitara los permisos necesarios para poder acometer las obras.
Con ese argumento, el TSJC revocó la decisión del Cabildo de Gran Canaria que denegó a Ramírez la legalización de esas obras.
El presidente de la UD Las Palmas ha señalado que acudirá al Supremo para pedir una revisión de su condena, aunque esta ya sea firme, porque entiende que el fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC contradice la interpretación que llevó a la Audiencia Provincial a condenarle por delito urbanístico.
Esa condena, de tres años de prisión, ha sido conmutada hoy por un indulto del Consejo de Ministros, que la reduce a dos años -lo que evita el ingreso de prisión de Ramírez-, con la condición de que “derribe las obras ilegalmente ejecutadas, de acuerdo con lo fallado con el tribunal sentenciador”, según recoge la resolución que hoy publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Ramírez ha señalado a Efe que él entiende que esa condición queda en suspenso hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre su nueva petición. Si el Supremo le da la razón, asegura, las obras que hizo en su finca se quedarán como están; si se la niega, procederá a la demolición en los términos que señalan la sentencia y el indulto.
