Afonso admite que el Gobierno conocía las advertencias de Bruselas antes de aplicar el recorte del 20% en 2013

El Gobierno de Canarias era consciente de que la rebaja de un 20% de la jornada y el salario del personal laboral indefinido y temporal vulneraba el Acuerdo Marco anexo a una directiva de la Comisión Europea, antes de que decidiera llevar a efecto en 2013 la medida, que recientemente ha sido declarada como “inconstitucional” por el Tribunal Constitucional.

Así lo ha reconocido este martes durante el pleno del Parlamento el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Aarón Afonso, que en el momento en que se implantó la medida era director general de Función Pública. Afonso hizo hincapié en que la directiva establece el principio de no discriminación a menos que hayan razones objetivas que permitan aplicar un trato diferenciado.

Unas razones que el Gobierno canario trató de justificar en el ajuste del gasto público y el “mantenimiento del empleo” derivados de los recortes aplicados por el Gobierno central. “Era una decisión que no gustaba, pero absolutamente necesaria en ese momento para evitar los despidos masivos en el ámbito de la administración pública”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que el reglamento que regulaba los procedimientos de despido colectivo en previsión del Estatuto de Trabajadores priorizaba en aquel momento la permanencia de los empleados fijos, respecto a los temporales “y ese es el criterio que aplicó el Gobierno de Canarias”.

En declaraciones a Canarias Ahora, añadió que las alternativas propuestas por los afectados, como la reducción salarial del 1% para el conjunto de empleados públicos, no fueron planteadas “en ningún momento” como una alternativa viable por las organizaciones sindicales con representación en la mesa de negociación.

En el momento en el que la Administración canaria recibió la misiva de la Comisión Europea (CE) alertando de que la medida que estaban aplicando otras autonomías contravenía la normativa comunitaria, Canarias no había tomado todavía la decisión de aplicarla. Sin embargo, el consejero afirma que, a pesar de la advertencia de Bruselas, “entendíamos que había antecedentes en otras comunidades autónomas, como Murcia, Andalucía, Madrid, Castilla la Mancha y la Comunidad Valenciana -que son las que aplicaron esa medida durante 2012 - y entendíamos que eran medidas que, sin gustar al Gobierno, se adecuaban al contexto que estaba atravesando la Comunidad Autónoma y eran necesarias”.

Para Afonso, que dijo guardar el “máximo respeto” a los pronunciamientos judiciales, resulta obvio que el Ejecutivo regional no ha podido establecer los “argumentos precisos” para evitar que el Constitucional anulara la norma.

Respecto a las recientes declaraciones del concejal de XTF-NC en La Laguna, exportavoz del PSOE en el Parlamento canario y profesor de Derecho de la Universidad de La Laguna, Santiago Pérez, quien sostuvo que la actuación del Gobierno presenta indicios de delito, Afonso respondió que “está tardando en ir a la Fiscalía”.

“Varapalo jurídico previsible”

El diputado de Nueva Canarias (NC) Román Rodríguez, pidió durante el pleno parlamentario explicaciones a Afonso sobre el “varapalo jurídico” que supone la declaración de inconstitucionalidad. Un resultado que en su opinión resultaba “previsible”, después de que así lo advirtiera la oposición, los trabajadores afectados, los sindicatos, el Diputado del Común y la Comisión Europea.

“Así y todo, ustedes hicieron una normativa que contravenía un principio básico del derecho, que es la igualdad”, apostilló.

Rodríguez achacó a Afonso el haber utilizado un “método impropio” para aplicar el recorte, al haber hecho uso de las enmiendas y no haberlo planteado en el Proyecto de Ley de Presupuestos de 2013. De esta forma, continuó, la Cámara no tuvo oportunidad de debatir el asunto, con lo que minoraron los controles jurídicos de la disposición adicional aprobada.

Asimismo, recordó que el Ejecutivo ha recibido otra sentencia contraria del Constitucional por la rebaja del 5% aplicada a los trabajadores de empresas públicas y exigió al gobierno de Coalición Canaria (CC) y el Partido Socialista (PSOE) que “escuchen a la oposición, muchas de estas cuestiones las advertíamos. No hay que ser un experto jurista para saber que no se puede discriminar a una parte de los trabajadores por la duración de su contrato”.

Respecto al recorte llevado a cabo a parte de la plantilla en 2013, criticó que “fue una medida discriminatoria, injusta, contraria a la Constitución, al derecho comunitario y ustedes se empeñaron. Lo único que pido es que aprendan del pasado”.

Del mismo modo se pronunció la diputada de Podemos María Concepción Monzón, quien preguntó por las acciones a realizar por el Gobierno tras la sentencia del Constitucional y los motivos por los que hizo “recaer sobre los más vulnerables su objetivo de déficit”.

Monzón recriminó al consejero que no se abordaran otras medidas de contención del gasto público, como la reducción de contrataciones externas o de gastos en estudios y proyectos que podían asumir los propios trabajadores públicos, además de que a final de 2013 se propusiera a los empleados afectados recuperar su dinero a costa de “no poder reclamar, renunciando así al estado de derecho”.

“No suponía una reducción retributiva”

Afonso recordó los motivos por los que, según dijo, la Administración canaria se vio abocada a tomar la decisión. Al respecto explicó la reducción de 800 millones de euros destinados por el Gobierno central al Archipiélago obligo al Ejecutivo regional a llevar a cabo unos ajustes en sus cuentas de 450 millones adicionales.

“Teníamos que cumplir un objetivo de déficit que todos conocemos para ese ejercicio de 2013, en una situación económica compleja y después de que el año anterior se hubiera aprobado la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”, rememoró.

El objetivo de poner en marcha la medida, insistió, era contener el gasto público y “mantener el empleo”, de forma que se evitaran los “despidos masivos, que hubiera sido el mecanismo más sencillo aplicado por otras comunidades autónomas”.

Alonso defendió que el recorte del 20% o el 10% de la jornada a parte de la plantilla – dependiendo de si su jornada semanal era inferior a 25 horas en cómputo anual- no suponía una reducción retributiva, sino que “como consecuencia de esa reducción de jornada se abonaron las retribuciones que correspondían”. Es decir, menos salario.

Sobre las acciones a emprender tras la sentencia del Constitucional, dijo estar a la espera de la decisión que adopte el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que emplazó en su momento al TC la cuestión de inconstitucionalidad.