Canarias incorpora cláusulas sociales en los concursos públicos
El Gobierno canario incorporará, como ya hacen Andalucía y el País Vasco, cláusulas sociales a sus contrataciones públicas, una medida con la que pretende primar a las empresas que garanticen empleo estable, igualdad entre hombres y mujeres y mejoras medioambientales.
Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno la vicepresidenta regional, Patricia Hernández (PSOE), quien ha explicado que la previsión es que estas cláusulas sirvan de precedente a una futura ley.
En adelante, el Gobierno canario valorará hasta con un 15% sobre el total del baremo a las empresas “que paguen el mejor salario, fomenten la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo, contraten al mayor número de personas o empleen a los colectivos con mayor dificultad de acceso al mercado laboral”.
Además, se reservará un cupo a empresas del llamado tercer sector, entre las que figuran ONG y cooperativas, ha explicado Hernández.
Para garantizar el cumplimiento de estas nuevas cláusulas, el Gobierno canario establecerá criterios objetivos en los contratos, efectuará una reserva específica en cada contrato para que una parte vaya al tercer sector y limitará el perfil de las empresas que puedan concurrir a cada pliego de condiciones.
Con esta medida el Ejecutivo regional pretende garantizar que “solo las mejores empresas, en cuanto a condiciones laborales y sensibilidad social, participen de los concursos públicos”.
Es una herramienta que permite a la comunidad canaria dar mejor puntuación en los contratos a aquellas empresas que ofrezcan calidad en los contratos, cumplan los convenios colectivos del sector, respeten la igualdad laboral entre hombres y mujeres, fomenten el empleo en los sectores más desfavorecidos y los productos agroalimentarios locales y respeten el impacto medioambiental“, ha aseverado Hernández.
El Gobierno canario busca así que el concepto de contratación pública no solo incluya la ejecución de obras, la prestación de servicios o adquirir suministros, sino que redunde en el beneficio común y el interés público, en sintonía con la normativa europea.
Patricia Hernández ha destacado que, con esta medida, “Canarias siempre fomentará las mejores condiciones laborales, aunque haya reformas laborales que intenten menoscabar los derechos de los trabajadores”.
“Hemos convertido a Canarias en una comunidad autónoma donde el Gobierno regula por ley medidas que mejoran las condiciones de vida y laborales de las personas, y donde nos blindamos ante reformas laborales injustas que solo han empeorado las condiciones de trabajo de los canarios. Con estas cláusulas, respetando las normas, estamos apostando por las mejores empresas, las más sensibles con sus trabajadores y las más comprometidas con nuestro medioambiente”, ha referido.
La vicepresidenta ha precisado que estas cláusulas se aplicarán en todas las licitaciones de las entidades del sector público con independencia de su modalidad, objeto o tipo contractual, sistema de adjudicación o procedimiento.
Por el contrario, no se aplicarán en los contratos que sean adjudicados a través de la adhesión a sistemas externos de contratación centralizada distinta a la autonómica, los contratos menores (aunque las cláusulas sociales podrán ser tenidas en cuenta cuando el órgano de contratación lo estime conveniente) y los contratos para los que los órganos de contratación consideren que no resulta apropiada la incorporación de las cláusulas, para lo cual habrá que emitir un informe motivado que incorporará al expediente.
