Canarias pagó más de 160.000 euros en indemnizaciones por el cese de 25 altos cargos en la pasada legislatura

El Gobierno de Canarias pagó un total de 166.810,64 euros en concepto de indemnizaciones por el cese de 25 altos cargos durante la pasada legislatura (2011-2015), según los datos publicados recientemente en el Portal de la Transparencia.

Los miembros del Ejecutivo regional, los secretarios técnicos y directores generales de los diferentes departamentos y los directivos de organismos autónomos tienen derecho a cobrar una indemnización cuando abandonan el cargo en virtud de una orden de la Consejería de Hacienda que se remonta al final de la primera legislatura de la etapa autonómica (febrero de 1987) y que se ha ido renovando y actualizando hasta la fecha.

Según un acuerdo de Gobierno del 25 de marzo de 1991, se trata de una compensación que pretende “cubrir los posibles perjuicios económicos y profesionales” ocasionados por la dedicación absoluta a la actividad política y equivale a una mensualidad del salario del alto cargo y la parte proporcional de las vacaciones y las pagas extraordinarias devengadas y no percibidas.

El Portal de la Transparencia recoge las indemnizaciones cobradas por 25 altos cargos que prestaron servicio entre 2011 y 2015 en el área de Presidencia y en cinco de las ocho consejerías del Ejecutivo: Economía, Hacienda y Seguridad; Presidencia, Justicia e Igualdad; Educación, Universidades y Sostenibilidad; Sanidad, y Agricultura, Ganadería y Pesca.

Sin embargo, no incluye las relativas a los departamentos de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial; Empleo, Industria y Comercio, y Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, que no han aportado aún la información requerida, por lo que los datos a nivel general aún no se consideran consolidados.

El mayor coste, en Presidencia

El mayor coste por este concepto se registró en Presidencia. Nueve altos cargos vinculados a esta área percibieron en total 59.406,22 euros (72.351,45 euros brutos). Entre ellos figuran los anteriores presidente y vicepresidente del Gobierno, Paulino Rivero y José Miguel Pérez, que tenían derecho a cobrar 8.861,10 y 6.163,39 euros netos, respectivamente (9.041,94 y 8.680,83 brutos).

Ricardo Fernández de la Puente, que ocupó la Viceconsejería de Turismo, percibió 4.275 euros netos (7.581.20 brutos), mientras que a Jorge Rodríguez, ex viceconsejero de Presidencia, le correspondieron 7.474,18 euros (7.626,71 íntegros).

En este departamento de la administración canaria también cobraron indemnización tras abandonar el cargo Juan Carlos Martín, ex director general del Gabinete de la Vicepresidencia (5.274,29 euros netos y 7.691,83 brutos); Rosa Elena Martínez, ex directora general del Servicio Jurídico (5.523,98 y 7.498,27); Juan Ruiz Alzola, ex director general de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (5.444,14 y 7.685,75); Rita Emma Hernández, directora general de Ordenación y Promoción Turística (7.610,40 y 7.765,71), y Cándido Padrón, viceconsejero de Acción Exterior, que percibió la segunda de mayor cuantía -tras la de Rivero-, 8.779,21 euros netos.

En la extinta Consejería de Economía y Hacienda (en el nuevo Ejecutivo son áreas separadas) fueron cinco los altos cargos indemnizados, entre los que se encuentran dos ex presidentes de la Junta Central Económica Administrativa: Eugenio Mambrilla (3.520,18 euros netos y 4.888,46 brutos) y Jorge González (3.809,50 y 5.000,65).

Tras cesar como viceconsejero de Hacienda y Planificación, Jesús Velayos percibió 4.688,66 euros netos (6.739,43 brutos), mientras que Arturo Melián y María Eulalia Gil, que ocuparon la Dirección General de Planificación y Presupuesto en diferentes etapas, cobraron, respectivamente, 5.976,50 y 3.749,45 euros. En total, el gasto por este concepto en Economía y Hacienda ascendió a 27.639,88 euros.

Algo menos, 25.494,05 euros, costaron las indemnizaciones a otros cinco altos cargos de la Consejería de Sanidad o de organismos autónomos vinculados a ella. Dos de ellos presidieron el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia: Benjamín Trujillo, que percibió 2.864,23 euros netos (4.589,91 euros brutos), y Alicia Esther Méndez, que cobró 4.411,29 (6.212,96 íntegros). A Pilar Teresa Díaz, ex directora general de Atención a las Drogodependencias; Antonio Jesús Aguiar, ex secretario de la Essscan, y María Teresa Larrea, que ocupó la Secretaría General del Servicio Canario de Salud (SCS), le correspondieron 3.857,45, 3.581,10 y 4.296,12 euros netos, respectivamente.  

En la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, el coste total ascendió a 16.069 euros. Su máximo responsable entre 2011 y 2015, Francisco Hernández Spínola, recibió en julio del año pasado 5.572,84 euros (8.529,54 brutos) y Pedro Ramos, que asumió la Dirección General de Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y Juventud hasta julio de 2012, se embolsó 5.340,95 euros.

La lista la completan dos altos cargos de Agricultura y Ganadería, el viceconsejero Alonso Arroyo y el ex director general Juan Pedro Dávila, que fueron compensados con 3.335,57 y 5.732,65 euros netos (4.632,74 y 7.765,71 brutos), y otros dos de Educación, Universidades y Sostenibilidad, Álvaro Argany (ex director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático)  y Urbano Medina (ex director general de Universidades e Investigación), con 5.648, 56 y 4.301,84 euros netos (6.785,05 y 6.702,76 brutos), respectivamente.

Una indemnización por legislatura    

Según el acuerdo que adoptó el Gobierno de Canarias a finales de los años 80 y que se ha mantenido con algunas variaciones hasta la fecha, no tienen derecho a percibir esta indemnización aquellos altos cargos que sean nombrados para el desempeño de otras funciones directivas en el Ejecutivo regional en el plazo de un mes desde que se produce el cese. La última modificación, que data de marzo de 2013 y que se enmarca en un paquete de medidas de reducción del gasto en la administración, sólo introdujo una novedad. Desde esa fecha, los cesantes no pueden cobrar más de una indemnización por legislatura, extendiendo así la limitación anterior, que se restringía al ejercicio presupuestario.