Cardona cierra, sin previo aviso, la oficina de información al consumidor
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha desmantelado sin previo aviso la Oficina de Información al Consumidor (OMIC) y remite a los ciudadanos a la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias desde enero pasado, según han confirmado a este periódico en el Ejecutivo y en las propias dependencias municipales. La excusa es la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administración Local, aprobada el año pasado en solitario por el Partido Popular (que gobierna con mayoría absoluta en la capital grancanaria), y en vigor desde el 1 de enero pasado.
Un funcionario de la OMIC confirmó a requerimiento telefónico de este periódico que “hasta nuevo aviso” las reclamaciones hay que tramitarlas directamente en la Dirección General de Comercio y Consumo y que los trabajadores que siguen asignados a ese servicio se dedican estos días exclusivamente a gestionar expedientes de 2013. En la OMIC de Las Palmas de Gran Canaria se admitieron reclamaciones los primeros meses del año, pero no se ha tramitado ninguna. A los ciudadanos que se han interesado por sus expedientes se les está informando ahora de que deben acudir con sus denuncias al Gobierno.
Desde la Dirección General de Comercio y Consumo han confirmado que estos días han tenido conocimiento extraoficial de esa decisión unilateral del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de algunos escritos de ciudadanos que lo han hecho saber. Este mismo jueves se recibió una reclamación de una ciudadana que informaba a la dirección general de lo que a su vez le habían indicado en la OMIC.
“Nosotros no tenemos capacidad funcional para absorber las reclamaciones del municipio más grande de Canarias, y menos sin previo aviso”, contestó a este periódico el director general de Comercio y Consumo, Gustavo Matos, que aseguró no haber tenido conocimiento previo de la decisión del alcalde Juan José Cardona de cerrar su oficina de información al consumidor.
La capital grancanaria genera alrededor de 3.000 reclamaciones de consumo al año.
Matos desmiente que la Ley27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local impida a los ayuntamientos mantener abiertas sus OMIC. “Es verdad que al principio así se planteó, pero todas las direcciones generales de Consumo nos reunimos con responsables del Ministerio de Administraciones Públicas y la cuestión quedó solventada porque no se puede dejar a los ciudadanos indefensos”.
Las oficinas de información al consumidor desempeñan históricamente un papel determinante como intermediarias entre proveedores de bienes y servicios y consumidores, con gestiones de resolución de conflictos y arbitraje previo a la interposición de acciones judiciales, que en estos momentos se vuelven en contra de los ciudadanos por la obligación de abonar tasas para los pleitos civiles por reclamaciones de consumo.
Gustavo Matos mostró su extrañeza por la decisión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria porque él mismo informó al concejal responsable de esta área, Jaime Romero, de que el ministerio había desbloqueado la cuestión, permitiendo la continuidad de las OMIC en todos los municipios de España.
El director general asegura que el único ayuntamiento de Canarias que ha cerrado su OMIC es el de Las Palmas de Gran Canaria.
A pesar de su cierre, el Ayuntamiento continúa manteniendo información sobre la OMIC y sus servicios en la web municipal.
El Ayuntamiento niega el cierre
En respuesta a la noticia publicada este viernes por Canarias Ahora, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha asegurado que la OMIC permanece abierta y que sus responsables están realizando “como siempre” labores de información, asesoramiento y mediación.
Según el Ayuntamiento, solo los expedientes sancionadores han sido derivados a la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, “pero en ningún caso la oficina ha sido cerrada”.
