El exalcalde de Firgas inicia su estrategia de defensa penal declarando su “arrepentimiento espontáneo”

Manuel Báez se ha puesto en manos de un abogado. Y debe ser bueno. La primera acción de defensa que ha emprendido tan solo 24 horas después de descubrirse que había suplantado a su hijo en unas oposiciones públicas tiene mucho que ver con una atenuante prevista en el Código Penal: el arrepentimiento espontáneo, consistente en confesar la comisión de un presunto delito antes de que se produzca una denuncia y se active la maquinaria judicial para de ese modo obtener una sentencia atenuada. Eso hizo el exalcalde de Firgas la misma mañana de este viernes, día 29 de diciembre, presentando un escrito urgente ante la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias reconociendo haber suplantado a su hijo Himar Báez en unas pruebas encuadradas en las oposiciones al máximo escalafón de funcionario público de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Todo lo que había negado contundentemente a este periódico en los días previos a publicar que había sustituido a su hijo en los exámenes, es ahora reconocido expresamente negro sobre blanco y con registro de entrada ante la Administración competente: “El 16 de diciembre de 2017 me presenté y realicé el examen convocado por la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias (…) para ingresar en el Cuerpo Superior de Administradores, escala de Administradores Generales (Grupo A, Subgrupo A1) (…) y lo hice sin consentimiento y bajo total desconocimiento de mi hijo Himar Manuel Báez Nieves (…), el cual había sido admitido a dicho proceso selectivo”, dice el exalcalde de Firgas.

En ese escrito, en el que pide su traslado urgente al tribunal calificador de las pruebas, que se reunía aquella misma mañana, Manuel Báez muestra su arrepentimiento de manera expresa: “Dada la gravedad de estos hechos cometidos, que soy consciente nunca debía haber realizado, y en los cuales he implicado a mi hijo de forma directa en mi mal proceder, y con el fin de dejar claro que yo soy el único responsable de esta acción reprobable, y a fin de que él no se vea en modo alguno afectado por las consecuencias de mis actos, manifiesto mi arrepentimiento espontáneo y haber cometido esta grave acción”.

De este modo, Báez trataba de adelantarse por cuestión de horas a la resolución que tomaba a mediodía de este viernes el tribunal calificador de aquellas oposiciones, presidido por Antonio Doreste, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Ese tribunal, como estaba anunciado, acordó remitir a la Fiscalía de Las Palmas una denuncia relatando los mismos hechos de los que se confesaba autor, único autor, el exalcalde nacionalista. De hecho, en el pie del escrito, pide expresamente que se “dé traslado de este escrito a la mayor brevedad posible al señor presidente del tribunal calificador”, Antonio Doreste.

El Código Penal en vigor prevé como atenuante el arrepentimiento espontáneo, que ha de producirse ineludiblemente antes de que el sospechoso sea denunciado ante los tribunales de justicia.

Y si Manuel Báez negaba la tarde-noche del 27 de diciembre a este periodista haber realizado aquel examen suplantando a su hijo, y atribuía a una persecución política las acusaciones en tal sentido, este 29 de diciembre reconocía los hechos plenamente. Eso sí, tratando de dejar fuera de cualquier participación en el asunto a su hijo Himar, del que sin embargo sí dice en su escrito que se encontraba en situación de admitido para presentarse a las oposiciones a las que no concurrió aquel 16 de diciembre.

En el aire quedan algunas dudas por despejar: ¿cómo es posible que tres funcionarios que ejercían de controladores de la identidad de los opositores admitieran a Manuel Báez sin estar inscrito en las listas? ¿Presentó el auténtico DNI de su hijo alegando que la fotografía –ahora en blanco y negro- era muy antigua y no hacía justicia a su actual estado físico y capilar? ¿A nadie llamó la atención que un sexagenario presentara un DNI cuya numeración empieza por 78? ¿Hizo valer en algún momento su condición de cargo público para acceder al aula? ¿Invocó Báez el nombre de algún alto cargo nacionalista como santo y seña?

El excalde de Firgas se enfrenta al posible delito de falsificación en documento oficial suplantando a otra persona, lo que está castigado con penas de entre seis meses y tres años de prisión. El arrepentimiento espontáneo reduciría esa condena sustancialmente.