La Fiscalía advierte del ''grave riesgo'' para la salud de los vertidos de Emalsa
La Fiscalía ha solicitado abrir diligencias penales contra el concejal de Aguas de Las Palmas de Gran Canaria y la empresa de saneamiento de la ciudad, Emalsa, por estimar que sus constantes vertidos sin depurar al mar suponen “un grave riesgo” para la salud y el medio ambiente.
La querella subraya las deficiencias que tiene el sistema de depuración de Las Palmas de Gran Canaria, capaz solo de tratar, como mucho, el 75% de las aguas residuales que genera la ciudad, y detalla los constantes vertidos sin ninguna clase de tratamiento que se hacen a la costa, con una alta carga contaminante.
Durante los últimos seis años, advierte la Fiscalía, la red de saneamiento que administra Emalsa (empresa con un 34% de capital público municipal y un 66% privado) ha vertido al mar entre 338.000 y 796.000 litros de agua por hora sin depurar, “con valores altísimos de parámetros contaminantes” y cantidades mucho mayores de aguas supuestamente tratadas, pero cuya calidad ofrece “muchas dudas, ya que no se hace ningún seguimiento fiable externo”.
El fiscal se apoya en informes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Guardia Civil y el Instituto Nacional de Toxicología para defender que esos vertidos pueden constituir un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, por el que señala, en principio, a dos personas a las que menciona por su cargo: el jefe de Depuración de Emalsa y el concejal de Aguas.
No obstante, ya adelanta que no descarta pedir otras responsabilidades a más personas e incluso a cargos de “otras administraciones” y, de hecho, le pide al Ayuntamiento que identifique quiénes han sido los concejales de Aguas entre 2008 y 2014, período que abarca tanto el mandato del alcalde Jerónimo Saavedra (PSOE), como el del actual regidor, Juan José Cardona (PP).
El fiscal de Medio Ambiente de la Audiencia de Las Palmas, Javier Ródenas, explica que quiere conocer quiénes eran esos concejales y qué competencias tenían delegadas en la materia porque “no cabe buscar una tabla de salvación en el escudo protector de que Emalsa ha asumido unas infraestructuras obsoletas” y de que el Ayuntamiento ha delegado su gestión en esa empresa de capital mixto.
“No se trata de diluir las responsabilidades penales en una materia tan sensible, sino de asumir los costes penales atendiendo a la posición de garante de quien delega un encargo y no cumple con la supervisión del encargo delegado”, argumenta el fiscal.
El Ministerio Público subraya que las personas a las que señala “no impidieron, siendo conscientes de ello y pudiendo hacerlo, unos vertidos de aguas residuales directamente al mar sin tratamiento alguno, y ello de forma persistente y continuada durante muchos años, teniendo los querellados el deber de control y evitación de las fuentes de riesgo que están bajo su responsabilidad”.
La Fiscalía defiende que “abdicar de un correcto y escrupuloso funcionamiento en el ciclo de la depuración del agua residual urbana es contribuir de manera decisiva a la realización de un vertido continuo a la costa de material fecal”, con el agravante de que la empresa que no cumple esa obligación sí que “recauda” por ello.
La acusación pública cuestiona incluso el emisario submarino que conduce dos kilómetros mar adentro las aguas que tendrían que estar depuradas, en la costa oriental de la ciudad, porque vierte en una zona utilizada para deportes náuticos, turismo y pesca.
En este sentido, subraya que el perito de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que ha examinado los vertidos considera que “el emisario submarino es un peligro evidente para la salud humana y se recomienda la protección de la zona y la prohibición de realizar actividades que tengan contacto con el área del vertido, y sobre todo cualquier actividad extractiva”.
La investigación que ha dado lugar a esta querella se inició por una denuncia de Izquierda Unida Canaria, que puso en conocimiento del fiscal la existencia de hasta 25 vertidos de aguas fecales en el litoral de Las Palmas de Gran Canaria y un informe de 2011 del Instituto Canario de Ciencias Marinas, del Gobierno canario, en el que ya se advertía sobre los problemas de contaminación que ocasionaban.
