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El Gobierno canario adjudica otro concurso de comunicación a su agencia de cabecera

Nieves Lady Barreto, consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, en el  Parlamento regional.

Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria —

La Consejería de Política Territorial, Seguridad y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias ha adjudicado, por un importe de 58.800 euros y una duración de un año, el servicio de apoyo a su gabinete de prensa a Metrópolis Comunicación.

Se trata del quinto contrato de idénticas características que concede el Ejecutivo regional a la misma empresa en lo que va de año. En este último concurso, al igual que en los procedimientos abiertos en las consejerías de Hacienda y Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Metrópolis fue la única licitadora. Los otros dos contratos, uno para la Viceconsejería de Comunicación y otro para el Servicio Canario de Empleo, fueron suscritos a través de negociados sin publicidad. Estas adjudicaciones suman un total de 322.924 euros.

La sospecha de amaño ha rondado el concurso de Política Territorial desde que se diera a conocer el pliego de cláusulas administrativas. Cuatro empresas del sector (MMI Canarias, Imaco, Marisma Comunicación y Rocanegra Consultores) elevaron una queja a la Consejería al considerar que el concurso era un traje a la medida de la agencia que finalmente ha resultado adjudicataria. Denunciaban que las prescripciones técnicas exigidas en el procedimiento sólo permitían concurrir con posibilidades de éxito a Metrópolis Comunicación.

Política Territorial decidió incluso paralizar el concurso para estudiar estos escritos y acabó modificando tres cláusulas del pliego. Sin embargo, el maquillaje no mitigó los recelos de las empresas reclamantes, que insistían en que se mantenían en esencia las condiciones que impedían a la “legión de agencias de comunicación” de las Islas presentar una oferta competitiva.

Los pliegos exigían disponer de un titulado en Biblioteconomía y Documentación, un requisito que sólo cumplía Metrópolis y que, según estas empresas, es “poco habitual” en este tipo de procedimientos. También había sorprendido la decisión de unificar en un solo contrato los servicios de asistencia a los gabinetes de prensa -la fortaleza de Metrópolis, que atesora gran experiencia en este ámbito a través de contratos firmados durante años con el Gobierno de Canarias- con el de seguimiento de medios, que la adjudicataria ofrecía como valor añadido a su actividad principal.

Desde 1998 y hasta principios de 2016, el seguimiento de medios estaba en manos de una empresa especializada en monitorización -MMI-, que había resultado adjudicataria en sucesivos contratos. Sin embargo, el nuevo Ejecutivo impuso a principios de año un cambio de fórmula, sustituyendo el modelo centralizado, que aprovechaba las economías de escala, por uno que daba autonomía a cada consejería para contratar el servicio.

Según la anterior concesionaria, esta modificación no sólo implica un sobrecoste para la administración, sino que, además, supone una “anomalía” en el contexto nacional e internacional y, en la práctica “que el zorro cuide de las gallinas”, puesto que la misma empresa que se encarga de la comunicación fiscaliza, a su vez, su eficacia. “Muy posiblemente esa empresa no estará interesada en desvelar que otras entidades tienen una política informativa de mayor impacto, lo que la independencia de las empresa de inteligencia de medios sí puede aportar”, expone.

Las agencias que firmaron los escritos de queja ante la Consejería de Política Territorial coincidían además en que los pliegos caían en la indefinición y detallaban prestaciones de servicios “inasumibles” para una licitación de 60.000 euros en un año (5.000 al mes), como la disponibilidad de un fotógrafo para trabajar en la esfera nacional e internacional o un sistema de guardias localizadas las 24 horas del día y los 365 días del año. En esos documentos remarcaban que, con esas condiciones, sólo existían dos posibilidades, que el proveedor conociera las exigencias reales del cliente y enmascarara “recursos compartidos con otros clientes” o que estuviera dispuesto “a prestar servicios a pérdida, presumiblemente compensandos por encargos complementarios o compartiendo recursos allá donde se está comprometiendo exclusividad”.

Una de las modificaciones que introdujo la Consejería de Política Territorial en los pliegos del concurso tras analizar los recursos de las cuatro empresas fue, precisamente, la eliminación de la exigencia de exclusividad para el periodista y el documentalista que deben formar parte del equipo de trabajo. Esta exclusividad la había solicitado también el Ejecutivo en otros concursos, lo que hacía inviable que Metrópolis lo pudiese cumplir, puesto que sólo tiene a un titulado en Biblioteconomía y Documentación en plantilla. A pesar de ello, en la propuesta que consta en la orden de adjudicación del contrato, la única licitadora se compromete a dotar a este servicio de dos profesionales (un periodista y un documentalista) con dedicación exclusiva.

Metrópolis Comunicación ofrece además a un community manager, un fotógrafo y un equipo adicional de 24 profesionales para cubrir cualquier eventualidad con sistemas de guardias localizadas de 24 horas los 365 días al año y una disponibilidad horaria “total” de las 04.00 a las 22.00 horas de lunes a viernes y de 07.00 a 22.00 los sábados, domingos y festivos. En cuanto al servicio de seguimiento de medios, asegura que los horarios estarán “absolutamente cubiertos en función de las necesidades, sin dejar actos o actividades sin cubrir y cumpliendo los plazos y criterios del gabinete de prensa”. La oferta de la agencia, de algo más de 4.000 euros al mes, incluye también el compromiso de cubrir las previsiones gráficas en “todo el ámbito canario, nacional e internacional” con un equipo de 17 fotógrafos “con presencia en función de su ubicación geográfica”.

La Consejería de Política Territorial no ha ponderado la proposición de Metrópolis por ser la única que se ha presentado, aunque sí ha precisado que esta empresa “cumple los requisitos de capacidad y solvencia” y “se adecua a los objetivos perseguidos en la contratación”. La adjudicación ha contado con el informe favorable de la jefa de servicio de Contratación Administrativa y Administración General.

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