El Gobierno de Canarias pretende contratar en la Administración 150 becarios elegidos a dedo
El Gobierno de Canarias anunció hace unos días la contratación en prácticas de 150 recién titulados, una iniciativa que ya ha empezado a levantar sospechas de enchufismo. La trampa consistiría en colocar a estas personas durante dos años en la Comunidad Autónoma, después de ser seleccionados por el Servicio Canario de Empleo, sin necesidad de pasar un examen, tan sólo superando una entrevista. Tras este período en prácticas, los trabajadores podrían pasar a ser fijos si demandan ante la Justicia, una vía que suele ser habitual.
La modalidad de contrato en prácticas en la Administración Pública dista del objetivo por el que fue creado este tipo de contrato (que la empresa privada hiciera fijos a los trabajadores después de este periodo). Sin embargo, en el sector público, a priori, no será posible que estos trabajadores se queden fijos, teniendo en cuenta la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
El único requisito para acceder a estas plazas es estar inscrito en el Servicio Canario de Empleo (SCE) o estar como inscrito en mejora de empleo. Los titulados que estén trabajando en un puesto que no se corresponda con su titulación no pueden acudir a apuntarse, pues el proceso de selección ya ha comenzado y es el propio Servicio Canario de Empleo, dirigido por Sergio Alonso (hermano del presidente del Cabildo de Tenerife, de CC, Carlos Alonso), el que decide a quién llamar.
Este sistema de contratación ya ha sido cuestionado por el PSOE, socio de CC en el Ejecutivo regional hasta diciembre pasado y ahora en la oposición. El exconsejero de Presidencia, Justicia e Igualdad hasta esa fecha, Aarón Afonso, alerta de que esta fórmula esconde un acceso al empleo público “por la puerta de atrás” y cree que se realiza sin un proceso garantista, pues atenta contra los principios de “igualdad, mérito y capacidad”.
Afonso explica que en su etapa como director general de Función Pública (2011-2015) sí que recayeron durante los primeros años algunas sentencias que venían de “contrataciones fraudulentas” de la legislatura anterior y que terminaban en “cesiones ilegales de trabajadores o en la declaración de indefinidad por concatenar de alguna manera contratos temporales”. Para evitar estas incorporaciones, asegura que en su etapa se reforzaron las medidas y fueron “bastante duros”.
Para el político socialista, el mecanismo que pretende emplear ahora el Ejecutivo de Fernando Clavijo (CC) “al final esconde una situación de enchufismo o de precariedad laboral” porque, tal y como ha anunciado el Gobierno, estos recién titulados van a cobrar un 60% del sueldo de su categoría en el primer año y un 75% en el segundo. Sin embargo, “desde que conozcan el funcionamiento de la administración van a realizar las mismas tareas que cualquier otro compañero que lleve años”, apunta.
Un proceso rápido y dudoso
Otra de las incertidumbres que se genera es qué destino van a tener las nuevas incorporaciones. El proceso se está realizando de forma inminente, pues el Ejecutivo ha asegurado que las primeras incorporaciones se harán este mes de septiembre. Además de la rapidez con la que se han abordado estas contrataciones, Aaron Afonso critica que se se realicen a través de ofertas genéricas en las que estén inscritos los desempleados o los inscritos para mejora de empleo.
“Ya de entrada si es una oferta genérica no es un sistema respetuoso porque va a estar condicionada, no va a haber una convocatoria pública para que la gente que cumpla las características pueda apuntarse, sino que va a ser dirigida por las oficinas de empleo, con lo que eso implica”, señala el exconsejero.
La oposición pedirá explicaciones
La oposición pedirá explicacionesEl Grupo Socialista pedirá explicaciones al Gobierno de Canarias en cuanto se reanude la actividad parlamentaria. Afonso considera que la oposición debe poner el foco en este tema y preguntar por qué se ha autorizado esta fórmula, qué pretenden con ella, cuál es el objetivo de fomentar contratos en prácticas siendo conscientes de que no se pueden quedar luego como indefinidos de forma directa en las administraciones públicas.
El Ejecutivo regional justifica esta medida aludiendo a la alta tasa de paro juvenil que hay en las Islas, donde un porcentaje superior al 10% tienen estudios universitarios o de formación profesional. Es decir, están preparados pero no han podido optar a un primer empleo. La iniciativa, que bautizan como experiencia piloto, cuenta con un presupuesto de 1.200.000 durante este año, casi cuatro millones el próximo y tres millones en 2019.
El PSOE considera que si de verdad se quiere acabar con el paro juvenil se deben fomentar medidas que permitan obtener un empleo estable, poniendo esfuerzos para acelerar los procesos de selección ordinarios además insisten en que la modalidad de contrato en práctica no es la más adecuada en la administración pública.
