El Gobierno reconoce que la explotación del telurio hallado al sur de Canarias no es viable aún
El Gobierno español ha reconocido las limitaciones ambientales y legales que tiene en la actualidad la minería submarina en la respuesta a la pregunta parlamentaria formulada el pasado mes de abril por el coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos-En comu Podem-En Marea, Juantxo López de Uralde, sobre las intenciones del Ejecutivo respecto al descubrimiento del yacimiento de telurio en aguas de Canarias.
El Ejecutivo admite que ningún país del mundo explota minerales submarinos fuera de sus aguas territoriales y advierte de la necesidad de reformar la legislación siguiendo las directrices de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y adaptar sus reglamentos a la legislación nacional en el marco europeo, por lo que en el momento actual su explotación no sería viable.
Equo señala en un comunicado que el impacto de la minería sobre el medio marino es a día de hoy muy severo y no existe regulación al respecto. De hecho, según reconoce el Gobierno, “ningún país explota minerales fuera de sus aguas, lo cual aleja la explotación del telurio” ha declarado López de Uralde.
La formación ecologista señala que la minería submarina es una actividad con potenciales impactos graves sobre el medio marino y que todavía carece de un marco legal conservacionista adecuado que prevenga posibles impactos medioambientales. “La simple exploración del recurso también puede ser susceptible de daño medioambiental. La explotación demandaría de estudios previos de viabilidad ambiental y económica ¿Quién asume los riesgos incalculables para el medio marino y sus consecuencias?”, ha declarado Tomás Hernández, coportavoz de Equo Gran Canaria.
“Si bien es verdad que el telurio es un metal vinculado con el desarrollo de las energías renovables -placas solares y coches eléctricos-, se abre un debate pertinente sobre los costes de hacer prevalecer la industria extractiva de recursos naturales a cualquier precio, y no la innovación y el desarrollo de nuevas alternativas, más sostenibles, y menos peligrosas: contaminar para competir con la energía fósil no es la solución”, concluye.
Respecto a la falta de información al Gobierno de Canarias, la respuesta se limita a informar que la expedición internacional solicitó permisos al Ministerio de Exteriores y Cooperación y que el área a investigar estaba dentro de la plataforma continental española registrada ante Naciones Unidas y recae en el ámbito competencial de la Administración General del Estado. “A pesar de la legalidad de los permisos, solicitamos más transparencia y una mayor comunicación en los asuntos relacionados con Canarias” concluye Hernández.
