El Grupo Parlamentario socialista analizará el lunes la fuga de votos por la ley de las islas verdes
Los tres diputados socialistas en el Parlamento de Canarias que este miércoles se ausentaron del pleno para no participar en la votación de la llamada ley de las islas verdes no tienen previsto recular. Y eso que existe la posibilidad –de momento remota- de que la dirección de su grupo parlamentario les sancione por su actitud. El próximo lunes habrá reunión y no se descarta que eso pueda ocurrir, aunque el portavoz, Iñaki Álvaro Lavandera, aseguró a este periódico que en el orden del día no hay un punto que diga eso específicamente. Se limitarán a “analizar la organización interna del grupo y a programar las acciones del próximo semestre”. ¿Se abordará lo ocurrido con la ley de las islas verdes? “Sí, y si se proponen sanciones las analizaremos”, contestó Lavandera.
Gustavo Matos, Gabriel Corujo y la presidenta del Grupo Parlamentario, secretaria general del PSOE de Lanzarote y alcadesa de San Bartolomé, Dolores Corujo, se ausentaron el miércoles del pleno justo en el momento en que se llamaba a sus señorías a votación. No querían votar a favor y, para no quebrar la disciplina, abandonaron el salón de sesiones para regresar a él cuando se acometió el siguiente punto en el orden del día.
Los diputados rechazan que se les considere “díscolos” porque sostienen que la postura ante esa ley jamás se debatió en el grupo parlamentario: “nos lo encontramos como hechos consumados”, recalca Gustavo Matos. En todo caso, a su entender, los díscolos o indisciplinados podrían ser los que ahora pretendan actuar contra ellos “sin respaldo alguno de resoluciones del partido o acuerdos del grupo parlamentario. Sólo existe lo que hayan pactado con Ruano (portavoz de CC) y Castro Cordobez (líder histórico de CC en La Palma)”.
Además, consideran que esta ley está “en contra de las resoluciones del partido” con respecto al territorio y los espacios protegidos, y no consta en los acuerdos con Coalición Canaria como para tener que asumirlos sin discusión.
La ley de las islas verdes o Ley Turística de las Islas Occidentales, supone un cambio radical en el modelo de desarrollo territorial de La Palma, La Gomera y El Hierro. Solo para la primera de ellas quedan autorizados de facto cinco campos de golf con sus correspondientes urbanizaciones anexas. Su articulado ha provocado que Podemos y Nueva Canarias hayan anunciado que habrá recursos incluso ante las instituciones comunitarias por infracción de sus directrices.
Los tres diputados socialistas que se negaron a votarla aseguran haber actuado en coherencia con las resoluciones del Partido Socialista Canario. Uno de ellos afirma incluso que antes de que se provocara la votación se evacuaron consultas a la dirección regional para verificar que no hubiera habido un cambio de posición y la respuesta fue negativa. “Por eso nos salimos”.
Les llamó la atención la última “pirueta” del diputado socialista palmero Manuel Marcos, que presentó in extremis una enmienda in voce (“a sabiendas de que no iba a tener éxito”) tratando de incluir en la ley referencias a la evaluación ambiental que quitaran hierro a la dureza que supone el cambio de modelo turístico y territorial para las tres islas occidentales.
En el PSOE está aceptado que buena parte de las figuras de ordenación introducidas en esta ley, como los proyectos de interés singular, son un adelanto de los artículos más polémicos de la Ley del Suelo, contra la que el PSOE ya se ha manifestado en sus documentos internos generando órdenes de rechazo al texto en su tramitación parlamentaria.
