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José Manuel Soria ''pagaba en metálico'' el alquiler del chalet a Javier Esquivel

La esposa del presidente del PP canario y del Cabildo de Gran Canaria, María del Carmen Benítez, pagaba cada mes los 1.600 euros de renta del chalet que habitó la familia Soria durante al menos 19 meses “en metálico”. Así lo declaró este viernes ante un juez la esposa del empresario Javier Esquivel, cuya empresa era titular del inmueble y que aparece relacionado con Promotora de Recursos Eólicos, una de las sociedades investigadas en la operación Eolo.

Gabriela Martínez-Arroyo declaró este viernes en calidad de testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, Florencio Barrera, por las diligencias abiertas por una querella por injurias y calumnias interpuesta por José Manuel Soria contra el director de CANARIAS AHORA y el subdirector de CANARIAS AHORA RADIO, Carlos Sosa y Francisco Javier Chavanel, respectivamente. Ambos periodistas han relacionado la trama eólica que se investiga judicial y políticamente con el trato de favor mutuo dispensado entre el presidente del Cabildo y los hermanos Esquivel.

Gabriela Martínez-Arroyo indicó al juez que cada vez que la esposa de Soria le pagaba la renta “en metálico” ella misma extendía unos recibos, cuyos originales le fueron mostrados en el juzgado y que reconoció como propios. Además, aseguró que era apoderada de la entidad Atlantic Builidings, S.A., propietaria del chalet arrendado al presidente del PP canario, y que la familia Soria no era la única que utilizaba esta modalidad de pago. Sin embargo, no pudo precisar ningún nombre de cualquier otro inquilino de esa sociedad que pague su renta por el método de recibos extendidos a mano contra el abono en efectivo de las cantidades pactadas.

La esposa de Javier Esquivel reconoció que existe amistad entre ambas familias y que por eso hubo “cierto trato de favor”, como no exigir fianza o permitir que se acumularan algunos pagos de las rentas. Además, resaltó el hecho de que José Manuel Soria sea una persona “totalmente solvente”.

La testigo aseguró que se quedaba con el dinero que le entregaba la esposa de Soria, procuradora de los tribunales, y que se lo comunicaba a su marido para que procediera a efectuar los apuntes contables. Sin embargo, en las cuentas de Atlantic Buildings no aparece ningún pago efectuado por la familia Soria y sí un apunte en el que Javier Esquivel asume la deuda de los alquileres en su conjunto por importe de 30.400 euros.

La testigo dijo desconocer que Soria sea miembro del consejo de administración de la Autoridad Portuaria, pero reconoció que la sociedad que ella y su esposo representan tiene mucha actividad en el puerto de La Luz y de Las Palmas, y que es titular de acciones de la principal empresa operadora en el recinto, OPCSA. Por el contrario, negó que su sociedad o su familia tengan participación en la empresa Promotora de Recursos Eólicos, la empresa que está siendo investigada por su relación con el concurso eólico.

De hecho, el magistrado Miguel Ángel Parramón, del juzgado de Instrucción número 7, ha mantenido la imputación de varios delitos al empresario José Ignacio Esquivel, hermano de Javier Esquivel, por la posible relación de Promotora de Recursos Eólicos con el pago de cantidades económicas detectadas durante las investigaciones de operación Eolo.

Promotora de Recursos Eólicos, la empresa de los Esquivel, también ha sido objeto de investigación en el Parlamento al resultar probado que iba a ser la beneficiada por determinadas actuaciones políticas y administrativas de José Manuel Soria y de su hermano Luis, a la sazón consejero de Industria durante el periodo investigado. Hace escasas dos semanas, el Ministerio de Fomento declaró nulo y lesivo para el interés público un contrato aprobado por la Autoridad Portuaria por el que se otorgaría a Promotora de Recursos Eólicos un beneficio del 3,5% sobre lo que el organismo obtenga de los parques eólicos que explote.

La empresa de los Esquivel pretendía establecerse en el mejor campo de vientos de Europa, el muelle de Arinaga (factor 4 de vientos) en un suelo público otorgado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Esa concesión la pretendía una empresa del Cabildo que preside José Manuel Soria, Megaturbinas de Arinaga, pero a sus directivos se les prohibió concursar para que quedara expedito el camino a Promotora de Recursos Eólicos.

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