El concejal 'caribeño' de Arrecife tiene 112 fincas, 9 barcos y 66 cuentas corrientes
Más de dos años lleva Pedro de Armas bajo la lupa de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional, que investiga los negocios y el patrimonio del concejal del Partido Nacionalista de Lanzarote en la capital conejera dentro de una causa penal incoada a inicios de 2012 por parte del Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife
Hasta ahora bajo secreto de sumario, según adelantó este lunes La Voz de Lanzarote, las actuaciones judiciales también alcanzan a la mujer y a los hijos de Pedro de Armas, así como al “entramado societario” de un edil conocido en toda España al ser localizado en el Caribe tras cinco meses de ausencia del Ayuntamiento de Arrecife. La Audiencia Provincial ha ordenado seguir la instrucción de la causa al entender que hay indicios suficientes de presuntos delitos de blanqueo de capitales.
Concretamente, lo que se investiga es la presunta participación de De Armas “en operaciones relacionadas con fincas, concesión de licencias y ejecuciones de obras conectadas con la administración”, especialmente con los ayuntamientos de Arrecife y Yaiza, “a partir de las cuales se han podido obtener rendimientos ilegales que han podido ser blanqueados o desviados fuera de España”. De hecho, la investigación ha incluido una comisión rogatoria a Argentina, pidiendo datos sobre los movimientos económicos en ese país del edil recientemente elegido miembro de la cúpula de Nueva Canarias.
En un auto de la Audiencia Provincial al que ha tenido acceso el diario lanzaroteño, se relata que la investigación se inició a instancias de la propia Udef, como consecuencia del trabajo que había realizado esta misma unidad en el “caso Yate”, que investigó la concesión masiva de licencias ilegales por parte del ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, y que actualmente está pendiente de juicio.
Transferencias a los hijos y salidas de dinero a Argentina
En el marco de esa investigación, los agentes se encontraron “de forma reiterada” con el nombre de Pedro de Armas, relacionado con Reyes tanto por su pertenencia al mismo partido, el PNL, como por los vínculos personales y económicos entre ellos. Además, entre otras cosas, Reyes otorgó a De Armas licencias para construir en el Plan Parcial Playa Blanca, que después fueron declaradas ilegales por la Justicia.
En su informe, la Udef hacía referencia al “entramado” societario de Pedro de Armas y relataba “diversas operaciones mercantiles” que despertaron sus sospechas, vinculadas sobre todo con la compra-venta de parcelas, de las que la policía tuvo conocimiento porque la información ya había llegado al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo.
Además, la Udef subrayaba que Pedro de Armas ha ostentado en los últimos años “diversos cargos públicos relacionados, en muchos casos, con el planeamiento urbanístico, todo ello a la vez que aparece como empresario con negocios en el mundo inmobiliario y con negocios con el ex alcalde de Yaiza”. La Udef solicitó entonces la apertura de un procedimiento penal, y su petición fue atendida mediante un auto el 16 de enero de 2012, disponiéndose además el secreto de las actuaciones.
Desde entonces, la Udef fue enviando informes periódicos al Juzgado y abriendo nuevas líneas de investigación, que llegaron también a las sociedades de Pedro de Armas y a sus familiares directos. Y entre otras cosas, se han encontrado “importantes transferencias de dinero hacia sus hijos, mediante donaciones”, así como “posibles salidas de dinero a Argentina, aún sin aclarar”, ya que cuando se dictó este auto todavía no se había obtenido respuesta de la comisión rogatoria remitida a ese país.
Anulado el sobreseimiento provisional
En julio de 2013, poco después de que se produjera un cambio de titular en el Juzgado que instruye la causa, el nuevo juez se dirigió a la policía dándole un plazo de siete días para que informara “detalladamente de las investigaciones efectuadas y de sus conclusiones”.
Tras recibir el informe policial, el juez dictó dos autos el 12 de agosto, cambiando el criterio de las anteriores juezas y ordenando el sobreseimiento provisional de las actuaciones y el levantamiento del secreto de sumario. Sin embargo, la Fiscalía recurrió esta decisión y la Audiencia Provincial le ha dado la razón, concluyendo que existen indicios suficientes para continuar la investigación. Lo que no ha aceptado la Audiencia es mantener el secreto de sumario, por lo que las partes ya han tenido conocimiento de esta investigación.
“Por mucho que haya durado la investigación, no está ni mucho menos agotada, pues precisamente se echa en falta no sólo que la policía judicial aporte el informe final de sus pesquisas, realizadas a partir de diversas autorizaciones judiciales”, “sino, sobre todo, la documentación que se ha ido recabando a lo largo del tiempo y que no nos consta que se haya unido a la causa ni examinado por el instructor a la hora de adoptar la decisión apelada”, señala la Audiencia en su auto. Además, agrega que aún ni siquiera “se ha recibido, por ejemplo, la información que se ha reclamado a la República Argentina”.
Así, da la razón al argumento mantenido por el fiscal Ignacio Stampa en su recurso, al que La Voz ha tenido acceso a través del fiscal jefe de la provincia de Las Palmas, Guilermo García Panasco. En su escrito, la Fiscalía denunciaba que se había “vulnerado por el instructor el derecho a la tutela judicial efectiva, debido a que se ha concluido la causa sin agotar la investigación, pues aún no se han practicado las diligencias que, en su día, fueron acordadas por otras jueces que conocieron de las mismas”. Es decir, las dos juezas que también han pasado por ese Juzgado durante el tiempo que ha durado la instrucción.
“Hechos que merecen ser objeto de análisis”
Además, la Audiencia también coincide con el fiscal al cuestionar las “apreciaciones” que realiza el actual juez del Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife, en relación a los informes policiales e incluso al origen de la investigación.
Así, lejos de las valoraciones del juez que sobreseyó la causa, la Audiencia sostiene que la investigación ha puesto de relieve “hechos que cuando menos merecen ser objeto de análisis, un análisis que ni mucho menos está completo”.
Por eso, sostiene que aún se debe determinar si la “capacidad económica” de Pedro de Armas “se corresponde o no con su actividad empresarial”, y cuestiona que lo que ha hecho el juez es entrar a “justificar” las distintas operaciones bajo sospecha “una por una”, “en ocasiones sin mayores aditamentos que la afirmación por parte del Instructor de que la operación es normal en el tráfico mercantil”.
En esas operaciones, se incluyen compraventas de parcelas en el Plan Parcial Playa Blanca y en Arrecife, donde De Armas obtuvo beneficios millonarios (“extraordinarios”, según subraya la Audiencia), consiguiendo licencias donde antes se habían denegado. De hecho, esas licencias fueron después declaradas ilegales por la Justicia.
Además, la investigación subraya la vinculación política de Pedro de Armas con ambos municipios, ya que desde hace años es concejal de Arrecife, donde incluso fue concejal de Urbanismo, y además era compañero de partido del entonces alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, con quien también ha compartido “negocios” y una “relación personal”.
Socios imputados por cohecho y tráfico de influencias
A todo ello, la Audiencia subraya que “debe unirse que en las diversas operaciones inmobiliarias en las que interviene” Pedro de Armas, “y que son expuestas por la policía, aparece relacionado también con otros empresarios que constan imputados en diversas causas por delitos de cohecho o tráfico de influencias”, como Luis Lleó, entre otros.
Por eso, considera que “precisamente” la información que aún falta en esta investigación “es aquella que nos podía dejar claro si esas actuaciones en conexión con personas imputadas por diversos delitos, y que han derivado en beneficios extraordinarios, tienen o no fundamento o base con su actividad empresarial”, o si podría estar vinculada a presuntas actividades delictivas.
Ésta no es la primera vez que el nombre de Pedro de Armas aparece en una investigación judicial, aunque en esta ocasión la causa se centra en él. Anteriormente, entre otras cosas, declaró como testigo en la primera causa penal abierta por la licencia de Costa Roja, concedida a Luis Lleó. El arquitecto de ese proyecto denunció en los tribunales las presuntas ilegalidades y aseguró que Pedro de Armas fue el intermediario entre Lleó y el ex alcalde de Yaiza, afirmando que se pagó una supuesta comisión ilegal de 3 millones de euros.
A principios de 2013, la Fiscalía pidió que se practicaran nuevas diligencias en esa causa para investigar los “indicios” contra Pedro de Armas, al considerar que pudo “haber sido el mediador económico de José Francisco Reyes en Yaiza y negociador de posibles comisiones ilegales”.
Además, De Armas también fue investigado en el caso Unión y actualmente el Juzgado de Instrucción Número 5 mantiene abierta una pieza contra José Francisco Reyes por un presunto delito contra la ordenación del territorio, por las licencias concedió a Pedro de Armas para construir 10 chalets en Playa Blanca.
Ahora, en esta nueva causa que acaba de conocerse, lo que se investiga es el patrimonio de Pedro de Armas, para determinar si durante años ha podido blanquear dinero procedente de actividades supuestamente ilícitas.
El investigado lo niega todo
Por su parte, Pedro de Armas negó la noche de este lunes a Canarias Ahora prácticamente todos los extremos de las imputaciones que le hace el fiscal Ignacio Stampa, que investiga en la isla de Lanzarote diversos casos de presunta corrupción, entre otros Unión y Yate.
El edil nacionalista asegura que su patrimonio personal lo ha acumulado a lo largo de muchos años, desde que vendió a finales de los noventa “por 500 millones de pesetas” un hotel, y se fue incrementando a lo largo de las siguientes décadas con otras operaciones inmobiliarias, casi todas ellas de compra-venta. “Yo a la política no llegué con una mano delante y otra detrás”, respondió cuando fue preguntado acerca de los indicios de que ha engrosado ese patrimonio a base de operaciones sospechosas.
En relación a los barcos que la investigación patrimonial le atribuye, De Armas asegura que se trata de un error de la Policía porque a lo largo de su vida “he tenido más de nueve”, pero ahora sólo tiene uno, el Cabo Andrés, el famoso velero con el que atravesó el Atlántico hasta ser localizado en el Caribe cuando se le echó de menos en el Ayuntamiento de Arrecife, donde es concejal en la oposición.
Asegura que los investigadores han contado como buques la zodiac auxiliar de su barco “y una balsa” que tiene uno de sus cuatro hijos.
De Armas se queja de que durante año y medio haya tenido intervenido su teléfono “el de mi mujer y el de mis cuatro hijos” para detectar la procedencia de su patrimonio familiar “y en el sumario no hay ni una transcripción que me incrimine”.
Reconoce extremos como la donación de propiedades y de metálico a sus hijos pero asegura haberlas hecho siempre “bajo la estricta legalidad”. Cuando vendió una nave en 600.000 euros aprovechó para donar 300.000 a cada uno de sus hijos para que emplearan ese dinero en comprar a su propia empresa, Mar y Vista, las viviendas que disfrutaban.
Y reconoce también la propiedad de una finca en Argentina, concretamente en la provincia de La Rioja. Según su versión, se trata de una estancia de 3.500 hectáreas que compró en compañía de otros tres empresarios conejeros durante un crucero. Tiene el 25% de esa propiedad, por la que desembolsó 10.000 dólares a través de cuentas bancarias con transferencias certificadas, según resaltó. En la finca se explotan unas cien cabezas de ganado en estos momentos.
Pedro de Armas defiende su inocencia y hace hincapié en que no se encuentra imputado en la trama de la operación Unión o de la operación Yate. Asegura que el juez le investiga, a instancias del fiscal, porque en un registro efectuado al ex alcalde de Yaiza Juan Francisco Reyes, que sí está imputado, apareció una factura proforma de un inversor de voltaje que el político vio en su barco y que le pidió que le encargara a la fábrica catalana donde lo había adquirido. “Ni siquiera se lo compré”, enfatiza.
El concejal del PNL-NC en el Ayuntamiento de Arrecife se considera víctima de una “persecución” por haber insistido en varias mociones en la Corporación en la conveniencia de que las asistencias técnicas que se contratan a bufetes de abogados locales se realicen mediante concursos. A su juicio, un abogado, Agustín Acosta, ha urdido estas acusaciones mediáticas contra él.
