La socia de Lucas Bravo también cobró 19.260 euros por una carrera de ocho atletas en sillas de ruedas

La Consejería de Política Social del Cabildo de Gran Canaria patrocinó con 19.260 euros (18.000 euros más 1.260 euros de IGIC) la prueba de 10 kilómetros en sillas de ruedas de la Gran Canaria Maratón 2015, evento organizado por Volaví Canarias, empresa de la actual socia y pareja [ellos niegan la relación sentimental] del exconsejero de Deportes de la Corporación insular Lucas Bravo de Laguna, Noelia Pérez.

En esta prueba participaron ocho deportistas (siete en sillas de ruedas y uno en handbike) y fue un auténtico caos. Los atletas salieron a las 08.10 horas guiados por un vehículo que a la altura del Centro Comercial El Muelle les dejó solos, por lo que tuvieron que preguntar a voluntarios y policías por qué calles tenían que ir y finalmente corrieron 7,1 kilómetros, casi tres menos que lo estipulado. Precisamente las dos ediciones de la Gran Canaria Maratón organizadas por Volaví Canarias se recuerdan en Gran Canaria como las más desastrosas tanto por participantes que las criticaron en público como por proveedores y patrocinadores en privado.

Con estos 19.260 euros se ha hecho público ya que el Cabildo de Gran Canaria pagó durante el último mandato del PP a Volaví Canarias 244.115,85 euros, que si se suman a los 63.932,50 euros que el Instituto Insular de Deportes pagó a la empresa Omegagest S.L. (en la que Pérez estuvo trabajando durante esa época) hacen un total de 308.048,35 euros.

A raíz de que se hiciera público que Lucas Bravo de Laguna dejó la política para comenzar a ser socio mancomunado en la empresa B&M Sport Marketing con Noelia Pérez, los partidos en la oposición Coalición Canaria y Podemos han registrado numerosas solicitudes de información. En concreto, el partido nacionalista pidió los contratos entre el Cabildo de Gran Canaria, órganos dependientes y sus sociedades mercantiles con Volaví Canarias, B&M Sport Marketing y Vosport 2009 y la persona física Noelia Pérez, dueña de las tres empresas.

En el escrito de respuestas dado este 24 de agosto a Coalición Canaria por la consejera de Política Social, Elena Máñez, el Cabildo reconoce que hace dos años se le otorgó un contrato menor publicitario de patrocinio a Volaví Canarias por parte del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), cuya gerente era la exconsejera Esther Monzón (estuvo hasta este año en la oposición con Unidos por Gran Canaria, partido creado por el expresidente del Cabildo y padre de Lucas, José Miguel Bravo de Laguna, antes de ser nombrada por el Gobierno en minoría de Coalición Canaria como directora del Área de Salud de Gran Canaria).

Este auspicio se otorgó con motivo del artículo 3 del IASS, en el que se recoge que los fines del instituto son, en sentido amplio, la realización en Gran Canaria de actividades de promoción, prestación y gestión directa o indirecta de recursos y servicios sociosanitarios, la docencia e investigación de la atención sociosanitaria y su promoción individual y colectiva en cualquiera de sus vertientes, así como la realización de otras actividades que puedan ayudar a la consecución de estos.

La exgerente Monzón justificaba el patrocinio de 18.000 euros porque se estaba “aprovechando la alta difusión que [la prueba de los 10 kilómetros en sillas de ruedas en la Gran Canaria Maratón] tendrá tanto a nivel local como nacional” por lo que la Gerencia decidió apoyar económicamente dicho evento “con el objetivo de dar a conocer a la sociedad en general el IASS y el proyecto Gran Canaria Accesible”.

Desde el IASS entendían que con este acuerdo se estaba promocionando a la propia entidad dependiente del Cabildo y Gran Canaria Accesible durante los días previos a la prueba al aparecer el logo en todos los soportes y en diversas acciones con la prensa, radio y televisión. El logo del IASS apareció también en “notas de prensa, artículos, boletines informativos” además de en el podio, en las ruedas de prensa, entregas de premios y en las camisetas de los corredores. Así mismo, en el contrato entre la entidad y la empresa se acordó que el por entonces consejero de Política Social, José Miguel Álamo, aparecería en las ruedas de prensa y en las presentaciones del evento.

Monzón sostenía en el documento por el que se otorgó este patrocinio a dedo porque “al no existir posibilidad de concurrencia pública puesto que es la única carrera de sillas de ruedas de 10 kilómetros organizada dentro de la Gran Canaria Maratón”, a lo que añadió que “teniendo en cuenta la repercusión que tiene [la prueba], se propone la contratación del patrocinio con Volaví Canarias, organizadora del mismo, por un importe de 18.000 euros”.

Sobre las otras dos empresas y la persona física de Noelia Pérez, desde el Servicio de Contratación del Cabildo se apunta que entre 2011 y 2015 no existe ningún acuerdo con las mismas. En cuanto a los requerimientos de información realizados por Coalición Canaria y Podemos a la Consejería de Deportes, el consejero y vicepresidente del Cabildo, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que las respuestas tendrán lugar a la vuelta de las vacaciones.

Lucas Bravo de Laguna dejó de lado la política el pasado 23 de junio de 2017, cuando renunció a su acta como consejero en el Cabildo y se dio de baja del Partido Popular, poniendo fin a 18 de sus 41 años ligados a cargos públicos. El exalcalde de la Villa de Santa Brígida había estado dos años en la oposición y cuando pensó que había finalizado el plazo de dos años por el que el régimen de incompatibilidades impide trabajar en los sectores gestionados, formalizó su salto al mundo privado, y lo hizo de la mano de dos empresas, por un lado Jedisky SL y por otro con B&M Sport Marketing, ambas relacionadas con la gestión deportiva.

Sin embargo, el ahora político retirado (aunque negocia con Ciudadanos para las elecciones de 2019) habría incumplido el citado régime de incompatibilidades al tomar decisiones relacionadas con su cargo dentro de la Junta Rectora del Instituto Insular de Deportes, entidad dependiente de la Consejería de Deportes, por lo que las incompatibilidades a las que está sujeto para ejercer la actividad privada en el mismo sector deportivo podrían alcanzar hasta 2019.