Podemos no descarta llevar a la Justicia las contrataciones externas del Club Baloncesto Gran Canaria

Podemos ha denunciado este martes la falta de control que existe, a su juicio, en las contrataciones del Club Baloncesto Gran Canaria, ha pedido explicaciones al Cabildo insular y no ha descartado acudir a la Justicia.

En opinión de los consejeros de este partido en el Cabildo, Miguel Montero e Ylenia Pulido, esta problemática es solo “la punta del iceberg de una gestión política” que se retrotrae, incluso, al Mundobasket de 2014, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria

Montero ha recordado a los medios de comunicación que las auditorías de 2015 y 2016 del club, cuyo único propietario es el Cabildo, afirman que “se vulnera los principios de legalidad, libre concurrencia e igualdad en el acceso a la contratación, no solo al mandado de Lucas Bravo de Laguna (PP), sino también en el de Ángel Víctor Torres (PSOE)”.

“Podemos esperó a que acabara la temporada para no perjudicar al club, ni que su nombre saliera manchado por una mala gestión política, por lo que presentamos una moción sobre el asunto en el pleno de mayo”, ha especificado Montero.

Ha recordado que el presidente del Cabildo, Antonio Morales (NC), puede ordenar el pleno y cambiar los puntos del día y que adelantó dos para que no se pudiese discutir la moción de Podemos y, por lo tanto, pasó al pleno de junio.

“Morales regaló un mes a Torres y el consejero de Deportes llevó al consejo de administración de la Sociedad Anónima Deportiva Club de Baloncesto Gran Canaria el arreglo de las irregularidades fragantes, que siguen habiendo durante este mandato”, ha subrayado Montero.

Podemos planteaba en la moción que se investigase hacia atrás y se hiciera una auditoría de proceso, para no solo saber si se cumplió o no la legalidad, sino quién tomó las decisiones de contratar y de rescindir.

“El estudio habla entre otras empresas de Volaví Canarias SL, por lo que es público que cuando se le rescindió contrato en noviembre de 2015, ya había dudas sobre su actuación, y gracias a que algunos medios de comunicación publicaron este tema, es cuando el Cabildo empezó a moverse a rebufo”, ha opinado Montero.

Para Podemos es importante saber cómo se ha tramitado este expediente, para conocer quién autoriza estos pagos y cómo han justificado los cobros las empresas, por lo que ha pedido la documentación sobre este asunto para examinar si ha habido algún tipo de responsabilidad y, de haberla, a quién corresponde.

“Si el contrato rescindido en noviembre de 2015 con Volavi SL era lesivo para el Cabildo, por qué se esperó cinco meses -Ángel Víctor Torres tomó posesión el 20 de junio- y por qué si había dudas de cómo se contrató la Gran Canaria Maratón no se investigó. Es porque había un pacto de silencio entre Torres y Bravo de Laguna, para que uno no destapase y otro no hiciese oposición”, ha denunciado.

Montero también ha apuntado que en estos momentos hay un problema de fondo: la relación que existe entre el club y el Cabildo, ya que éste utiliza a la Fundación Canaria del Deporte como instrumento jurídico para darle la subvención al club.

Podemos ampliará su investigación a la Fundación Canaria del Deporte, que también es propiedad del Cabildo y cuya única finalidad, a día de hoy, solo es abonarle dinero al Granca.

Miguel Montero ha reprochado que el presidente y el vicepresidente estén de vacaciones “ante un caso de corrupción que puede ser gravísimo”.

Podemos solicitará comparecencias e interpelaciones, que es la figura que permite el reglamento del pleno, y convocará a gente para que cuente qué ha pasado en el Instituto Insular de Deportes.

“El hecho de que existiese un pacto de silencio entre Bravo de Laguna y Torres, ha permitido que Lucas, el día que se dio baja en el Cabildo, fuera al registro y se pusiera al frente de la empresa que ya tenía constituida con su pareja”, ha indicado.

Montero quiere saber qué otras cantidades cobró la pareja del exconsejero de Deportes directamente, porque “el descontrol era tal durante 2015 que Podemos entendió, cuando entró en el pacto, que había que hacer auditorías, y NC y PSOE no las quería”.

“2016 ya es gestión integra de Torres y en ese año sigue habiendo irregularidades en la contratación. Lo dice la auditoría oficial que maneja el club y que no admite dudas, y las cantidades son al menos 300.000 euros”, ha concluido.