Podemos reclama el acta a Juan Manuel Brito y anuncia una reunión con los tres consejeros del partido en el Cabildo

La dirección regional de Podemos reclamará en los próximos días por escrito al vicepresidente segundo del Cabildo de Gran Canaria, Juan Manuel Brito, la devolución del acta de consejero, después de que el Consejo Estatal de Garantías Democráticas haya ratificado su expulsión definitiva de la formación morada. La secretaria de Organización de Podemos en Canarias, Concepción Moreno, ha anunciado además la convocatoria de una reunión para la próxima semana con los tres consejeros que permanecen en el grupo del Cabildo (María Nebot, Miguel Montero e Ylenia Pulido) para abordar la situación generada tras esta decisión del órgano estatal y sus repercusiones en la actividad institucional que desarrollan los cargos del partido.

En declaraciones a Canarias Ahora, Moreno ha explicado que, tras conocer la resolución “firme” de la dirección estatal en vía ejecutiva, el partido en Canarias aplicará el procedimiento establecido, que se concretará, en primer lugar, en una petición formal al consejero expulsado para que renuncie al acta, que en principio pasaría a Miguel Ángel Rodríguez, el número cinco en la plancha que presentó Podemos al Cabildo en las elecciones celebradas en mayo de 2015.   

En caso de que Brito decida mantenerla, como ya ha anunciado que hará el también promotor de Sí Se Puede en Gran Canaria (las actas son personales), la organización regional se dirigirá al presidente del Cabildo, Antonio Morales (NC), para que “aplique la ley”, esto es, para que el hasta ahora consejero de Podemos pase al grupo de los no adscritos y, por lo tanto, pierda buena parte de los derechos de los que ahora dispone.

Según la Ley de Cabildos que entró en vigor unos días antes de las elecciones de 2015, con su pase al grupo de los no adscritos, Brito no podrá obtener el reconocimiento de dedicación parcial o exclusiva, lo que le impediría cobrar como vicepresidente del gobierno insular y como consejero de las áreas de Medio Ambiente, Emergencias y Participación Ciudadana. Tampoco podrá ser designado para “cargos o puestos directivos en las entidades públicas o privadas dependientes del cabildo”.

La mencionada normativa, que fue modificada por última vez el 31 de diciembre de 2015, establece que los miembros no adscritos “tendrán los  derechos  políticos  y  económicos  que individualmente  les  correspondan  como  consejeros  insulares,  pero  no  los  derivados  con carácter  exclusivo  de  su  pertenencia  a  un  grupo  político,  sin  que  nunca  puedan  ser  superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia”. Con su nueva condición, Brito también perderá asignaciones económicas y materiales que se conceden a los grupos políticos y no podrá participar en la junta de portavoces, aunque sí en las comisiones de pleno, con voz y voto.

Sin embargo, el consejero expulsado de Podemos ha defendido este viernes otra interpretación de la ley que cuenta con el respaldo de los informes que manejan los servicios jurídicos del Cabildo de Gran Canaria. Esta tesis avala la presencia de consejeros no adscritos en el ejecutivo insular siempre y cuando no hayan adquirido esa condición antes de entrar en el equipo de gobierno.  

Concepción Moreno ha aludido al pacto antitransfuguismo y al código ético firmado por todos los cargos de Podemos para exigirle a Brito la devolución del acta y ha precisado que el recurso judicial anunciado por el vicepresidente segundo del Cabildo no frena su expulsión. “La resolución es firme. Desde que se le ha comunicado, no es miembro de Podemos y la expulsión sólo puede paralizarla un auto judicial”, ha aseverado la secretaria de Organización de Podemos en Canarias, que ha rechazado las acusaciones de Brito hacia la Comisión de Garantías y ha defendido el “rigor” de este organismo y las garantías del proceso.

“Desafío constante a Podemos”

En una resolución fechada el pasado martes, la Comisión Estatal de Garantías Democráticas de Podemos confirmó la expulsión de Juan Manuel Brito con el voto favorable de cinco de sus miembros y la abstención de otras dos que abogaban por aplazar cualquier decisión hasta la celebración de la Asamblea Ciudadana Estatal que se celebrará del 10 al 12 de febrero en Madrid, al entender que un pronunciamiento en cualquiera de los dos sentidos “podría interpretarse como una vulneración de los principios de neutralidad e independencia”.

En el escrito se habla de un “desafío constante” al partido y sus órganos por parte del vicepresidente segundo del Cabildo de Gran Canaria, a quien se le acusa de actuar “de espaldas a Podemos, en coordinación con el equipo de gobierno” de la institución, “en provecho de otras formaciones políticas”, en referencia a Nueva Canarias y el PSOE, los partidos que conforman el pacto insular.

El Consejo de Coordinación de Canarias de Podemos abrió expediente a Brito en noviembre del año pasado a instancias de la Comisión de Garantías Estatal. Se le acusaba de apartarse “de forma grave” de las líneas del partido en asuntos como las batidas de cabras salvajes, los conflictos laborales en la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria o el intento de nombramiento de su pareja como directora general de Igualdad. También de menoscabar la imagen de Podemos tras la ruptura de Acción en Red, la ONG que lideró hasta su entrada en política, con la federación estatal por la “mala praxis” del vicepresidente segundo del Cabildo. La resolución también hacía referencia a una carta firmada por 90 miembros y cargos del partido en el Archipiélago en la que criticaban su apuesta por lanzar la corriente Sí Se Puede Gran Canaria bajo el paraguas de Podemos.  

En respuesta al recurso de alzada presentado por Brito contra la expulsión decretada por la Comisión de Garantías el pasado 27 de diciembre, este comité del partido señala: “Analizado lo manifestado por Juan Manuel Brito, es obvio que desconoce la importancia de los posicionamientos políticos de Podemos y la obligada sujeción a las decisiones de sus órganos”.

“Los estatutos, el código ético y cuantas reglamentaciones internas existen en este partido obligan a los cargos públicos al acuerdo y a la línea política marcada por dichos órganos, sin que la doble militancia pueda desvirtuar estas obligaciones”, zanja la Comisión de Garantías