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El PP convoca un pleno urgente para adaptar la RPT de la capital grancanaria

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Canarias Ahora

Las Palmas de Gran Canaria —

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha convocado para este martes un pleno extraordinario y urgente con un único tema sobre la mesa: la adaptación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Consistorio a la sentencia del pasado 7 de marzo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que suspendió este documento, los presupuestos y la plantilla municipal para el ejercicio 2014.

La sesión se celebrará a partir de las 08.00 horas en la sala de reuniones de las Oficinas Municipales, situadas en la sexta planta del número 270 de la calle León y Castillo.

El Ayuntamiento justifica el cambio de lugar de celebración del pleno (normalmente tienen lugar en el Salón Dorado de las Casas Consistoriales) por “motivos de agilidad en la gestión del asunto y el ahorro que supone”.

Con la modificación que presumiblemente aprobará el pleno este martes, los 639 laborales indefinidos que se convirtieron en funcionarios interinos con la RPT aprobada por el Ayuntamiento recuperarán su vínculo laboral anterior y, por lo tanto, cobrarán los sueldos que tenían antes de la entrada en vigor de este documento de ordenación de los recursos humanos, por lo que, según el grupo de gobierno, la mayoría de estos trabajadores sufrirá una merma salarial.

En cambio, los trabajadores afectados por la medida han sostenido desde el principio que la modificación prevista en la RPT es ilegal y que causará más precariedad y pérdidas de empleo por la posible amortización de plazas tras la entrada en vigor de la reforma local.

En su resolución del pasado 7 de marzo, el TSJC instaba al alcalde, Juan José Cardona, a cumplir con dos autos anteriores que anularon de forma cautelar la medida más controvertida de la RPT aprobada en diciembre: la conversión 639 laborales indefinidos en funcionarios interinos. Para ello daba un plazo máximo de quince días al regidor.

La Sala afeaba al Ayuntamiento capitalino que hubiera omitido en la aprobación definitiva de los presupuestos y de la plantilla cualquier referencia a la paralización en los tribunales de este cambio de vínculo jurídico.

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