El Parlamento ya conoce las irregularidades y la gestión “anómala y opaca” del presidente de la Televisión Canaria

La consejera de Radiotelevisión Canaria (RTVC) María Lorenzo, nombrada por el Parlamento en 2015 a propuesta del Grupo Socialista, ha desvelado este lunes en sede parlamentaria gran cantidad de irregularidades en la gestión de Santiago Negrín (propuesto por el Grupo Nacionalista) al frente del ente público, lo que ha llevado a Nueva Canarias (NC), Podemos y el Grupo Socialista a pedir su destitución y a proponer la creación de una comisión de investigación.

Lorenzo, que compareció a instancias de NC para defenderse de las “las graves, malintencionadas y rotundamente falsas afirmaciones” que vertió Negrín el 21 abril en la comisión de control sobre su trabajo en el Consejo Rector de RTVC, aseguró que “el presidente del ente no admite que se le pida información ni que se tenga una opinión divergente de la suya, pues parece que, si no se apoya todo lo que propone con la boca cerrada y con el brazo de palo, se está ejerciendo obstrucción a su mandato, y por lo tanto a la entidad, porque el presidente confunde su figura y funciones con el ente y el servicio público que presta a todos los canarios”.

Sentadas estas bases, Lorenzo insistió en que “ha sido incorporada a la plantilla Daida Rodríguez a un puesto que no existe, creado de forma unilateral por el presidente sin competencias para ello y cuya remuneración proviene de otro puesto que se encuentra vacante en la actualidad, realizando funciones para las que no tiene atribuidas competencias”.

Por ello, aseguró a sus señorías que, “permítanme la broma, estamos no ante uno, sino ante dos incompetentes”, cuya gestión ha hecho que RTVC “se desangre en credibilidad y en audiencia, y sólo los informativos mantienen el tipo por el esfuerzo titánico de los trabajadores”.

Pero la andanada de Lorenzo contra Negrín no quedó ahí: “El presidente se firma a sí mismo los informes que justifican la contratación de programas a productoras a las que ha estado vinculado laboralmente e incluso puede que siga vinculado”.

Lorenzo siguió desgranando en una comparecencia muy dura que los nuevos programas “se han contratado con un procedimiento opaco” del que no se ha dado cuenta al Consejo Rector “y con exclusión de la Ley de Contratos del Sector Público”.

“El director de producción contrata mediante expedientes de un folio cientos de miles de euros”, dijo Lorenzo, sin olvidar que “la aplicación de un crédito extraordinario de cinco millones de euros se ha realizado directamente y a espaldas del Consejo Rector por medio de un procedimiento creado ex novo por el presidente del Consejo Rector y su equipo directivo más cercano y que no parece responder a ningún modelo conocido en la contratación pública”.

“Ante mi insistencia por conocer el destino de los cinco millones de euros, ya que entiendo que es mi responsabilidad hacerlo, me invitaron a conocer los proyectos, una vez seleccionados, en una pantalla de ordenador y con dos personas a mi lado a modo de guardaespaldas”, insistió Lorenzo.

Y, por último, y tras reconocer el propio Negrín que intervino en la selección de los programas, y por tanto de las “adjudicaciones”, contradiciendo cuanto dijo en sede parlamentaria, Lorenzo insistió en que el presidente de RTVC “no asistió al comité para tomar conocimiento de un expediente sino valoró de forma colegiada, como así consta igualmente que Daida Rodríguez, que no tiene competencias para ello, tal y como consta en su contrato, igualmente formó parte de ese comité de valoración y también valoró”.

“No hay actas del comité de selección y entre las productoras afortunadas, volvemos a encontrar aquella con la que podría tener aún vinculación laboral el presidente, y de la que no ha querido dar cuenta tampoco en esta Cámara” remachó Lorenzo.

Anomalías y opacidades

Y como guinda a todo este relato de “anomalías, opacidades y nombramientos sin cumplir los requisitos legales”, la consejera de RTVC ha recordado que Negrín se encuentra tramitando los pliegos del futuro concurso de los servicios informativos de RTVC, “el contrato más importante del futuro de la televisión y la base del servicio público que presta”, sin que el Consejo haya participado en dicha tramitación, “porque siquiera ha sido informado de ello”.

“Y tampoco puedo pedirlo, so peligro de ser acusada de obstrucción”, dijo.

La vocal del Consejo Rector recordó que, al tratarse de un contrato de más de un millón de euros, el presidente del ente está obligado a trasladarlo a ese órgano, donde solo quedan en funciones tres consejeros, la propia María Lorenzo, el presidente Negrín y uno de los dos vocales del PP, Alberto Padrón.

Y para concluir su intervención en sede parlamentaria, Lorenzo hizo toda una declaración de intenciones: “Soy corresponsable, en menor medida eso sí, de la gestión y buen gobierno de un ente y del buen destino de cerca de 40 millones de euros de dinero público y, sin embargo, se pretende que preste consentimiento sin conocimiento. Creo que ya hay bastantes personas que no sabían lo que firmaban sentadas en banquillos como presuntos investigados y no es mi intención hacerles compañía”.

Ni altura profesional ni personal

Tras la devastadora intervención de Lorenzo, el portavoz y líder de NC, Román Rodríguez, fue categórico: “RTVC no estaba para sacar pecho en los últimos años pero este presidente termina de cargársela definitivamente porque se cree que es el dueño e impone la arbitrariedad al interés general”.

Para Rodríguez, Negrín debe ser cesado fulminantemente por la Cámara, pues “no se merece la confianza del Parlamento porque no tiene altura profesional ni personal para dirigir un servicio público de esta importancia”, toda vez que Lorenzo ha demostrado la “incapacidad y manipulación profesional” del presidente de RTVC, que dirige el ente de forma “autoritaria y caciquil”.

Por su parte, el diputado de Podemos, Juan Márquez, se unió a la propuesta de NC para “explorar la posibilidad de reprobar lo antes posible a Negrín”, además de proponer “a todos grupos reformar la Ley para blindar a RTVC de la manipulación del Gobierno de Canarias”.

El socialista Gustavo Matos, cuyo grupo propuso a Lorenzo como consejera de RTVC, no tuvo una intervención tan contundente a favor de su comparecencia como la de NC o Podemos, pero sí dijo que “las acusaciones son suficientemente graves y el Parlamento debería crear una comisión de investigación para ver qué está ocurriendo”.

Matos insistió en que “deben existir informes jurídicos que respalden una u otra versión y los diputados nos sentimos maniatados porque estamos hablando de cuestiones que pueden incurrir en ilícito penal y no podemos quedarnos solo en una discusión jurídica en esta Comisión”.

Al filo de la legalidad

Horas más tarde a la comparecencia de Lorenzo y tras la intervención light de Matos, el portavoz del Grupo Socialista, Ignacio Álvaro Lavandera, emitió un comunicado más contundente tras comprobar “los procedimientos peligrosamente al filo de la legalidad que sigue el presidente de RTVC”.

“No es casual que hayan dimitido dos consejeras de RTVC desde que Negrín se puso al frente del ente, y este Parlamento debe corregir de inmediato su deriva oscurantista sobre el dinero público, por lo que instamos al resto de grupos parlamentarios a buscar con urgencia una solución para este ente público que pase, necesariamente, por sustituir a Santiago Negrín”, remacha Lavandera.

Por último, tanto Melodie Mendoza (ASG) como Luz Reverón (PP) y Guadalupe González (CC), incidieron en que el cruce de declaraciones entre Negrín y Lorenzo son un “espectáculo que no aporta nada” porque queda en segundo plano el control sobre la función de servicio público de RTVC en perjuicio de su propia imagen y de los profesionales que en ella trabajan.

Es más, la portavoz nacionalista insistió en que la “bicefalia imperfecta” que permite la Ley de RTVC es la que ha permitido una “una lucha de poder agravada por cuestiones personales”, recordando a Lorenzo que “como funcionaria pública tiene la obligación de llevar a los tribunales” cualquier supuesta irregularidad que detecte.

“Mi camino no es el juzgado, mi responsabilidad acaba al ponerlo en conocimiento del Parlamento, que fue el que me nombró. La responsabilidad ahora es de los grupos parlamentarios. Y creame que la bicefalia imperfecta no existe en la Ley, pues las competencias están claras entre el presidente, los directivos y el Consejo Rector”, contestó Lorenzo.