Recogida de firmas contra el “acoso laboral” en la Policía Canaria
“Antes tenía ilusión por llegar a trabajar algún día en esta Policía, ahora no tanta”. Así comienza una petición registrada recientemente en la página eb change.org, que solicita al Gobierno de Canarias que tome medidas contra el “acoso laboral” que sufre el Cuerpo General de la Policía Canaria.
En la solicitud, que cuenta con unas 80 firmas de momento, se solicita a la administración regional “que haya integridad y transparencia en los organismos que pagamos entre todos”, además de que “no se permitan carteles, ni amenazas a trabajadores ni a policías por denunciar ilegalidades” y que tome medidas “contra el acoso laboral en la Policía que ustedes crearon o ciérrenla”.
Desde el sindicato Cobas aseguran compartir la petición, aunque desconocen el origen y la autoría de la misma, que se encuentra firmada por Nayra Pérez. Una persona que diversas fuentes del Cuerpo dicen desconocer, por lo que no descartan que se pueda tratar de un seudónimo para evitar posibles repercusiones.
El texto de la solicitud recuerda hechos acaecidos en el seno de la Policía autonómica que han tenido repercusión en los medios de comunicación, como la conocida operación Ladrillo, por la que resultaron imputados por la Guardia civil varios mandos y agentes tras tratar de atribuir, supuestamente, una agresión a un detenido que no había cometido tal delito.
Es en este punto cuando señala que “los agentes que dieron parte comienzan a sufrir amenazas y acoso laboral sin que sus jefes ni responsables políticos tomen medidas para detenerlo”. Una situación que ha sido reivindicada por Cobas en diversas ocasiones, motivo por el que presentó una denuncia por la vía penal, y que se convirtió en uno de los detonantes de que en octubre de 2013 el 80% de los agentes que conforman el grupo de seguridad ciudadana se encontraran dados de baja.
La solicitud de change.org cuestiona los motivos que han llevado al Gobierno de Canarias a no tomar medidas para “evitar que la situación hacia sus agentes siga empeorando”, y pregunta con cierta advertencia si “¿están esperando que ocurra una desgracia? ¿Personas armadas denunciadas de acosar a personas armadas responsables de la seguridad ciudadana? ¿Qué calidad de servicio público puede dar alguien en esa situación?”
“Se está castigando a esos agentes de policía, que no son más que personas que un día decidieron que querían trabajar al servicio de la ciudadanía, permitiendo que, por haber hecho lo correcto y denunciar aquello susceptible de ser denunciado, como se espera de policías, lo cual puede haber incomodado y crear mala prensa al Ejecutivo Canario, se tolere el acoso laboral para deshacerse de los denunciantes y que buenos profesionales se marchen, como ha sucedido ya con otros jefes y policía”, concluye.
