Telde detecta un agujero de 44 millones de euros en facturas no presupuestadas

Una auditoría interna del área económica del Ayuntamiento de Telde, el segundo en importancia de la isla de Gran Canaria y el cuarto de todo el Archipiélago, ha detectado un agujero de 44 millones de euros en facturas sin consignación presupuestaria generadas durante el mandato anterior (2011-2015) que lideró el PP, primero con Ciuca y CC y, posteriormente, sólo con los nacionalistas. El nuevo equipo de gobierno, formado por NC, PSOE, Más por Telde y el CCD, ha estimado que son más de 3.000 las facturas que no tienen correspondencia en las partidas incluidas en unos presupuestos anuales que rondan los 80 millones de euros.

Según ha informado la corporación en una rueda de prensa celebrada este jueves, la deuda municipal se sitúa en torno a los 191 millones de euros, aunque la cifra es provisional. “Cada día nos encontramos con sorpresas”, ha explicado la alcaldesa, Carmen Hernández.

La mayor parte de la deuda, 114 millones de euros, es financiera, con los bancos. Por expropiaciones con sentencias firmes, el Ayuntamiento debe entre 32 y 33 millones de euros sólo de capital, a lo que habrá que sumar los intereses que se generen y que podrían llegar a doblar la cantidad. Los 191 millones se completan con los 44 de deuda extrapresupuestaria, pagos a proveedores y resoluciones judiciales por conceptos distintos a las expropiaciones.

Para la concejala de Hacienda, María Celeste López, la auditoría ha puesto de manifiesto el “caos en la gestión” del anterior gobierno y el “descontrol desorbitado en gastos fuera del presupuesto”. “No podemos hablar de imprevistos, se trata de desidia, falta de rigor y, sobre todo, de falta de respeto a la ciudadanía”, ha afirmado la edil, que ha precisado que en esos 44 millones de euros se incluyen tanto facturas que se debieron tramitar a través de los presupuestos, entre ellos el consumo de agua en las dependencias municipales, como otros arbitrarios.

López ha afirmado que las facturas “que más asustan” son las que corresponden al área de Festejos y los gastos “más sangrantes”, los de los cinco primeros meses de este año electoral. A modo de ejemplo, la concejala ha explicado que dos días antes de que tomara posesión el nuevo equipo de gobierno y tres semanas después de la celebración de las elecciones locales, el edil de Festejos solicitó una modificación de crédito por valor de 120.000 euros que se incrementa día a día y que ya asciende a 200.000 euros. Esta solicitud, ha señalado López, “no está firmada por ningún funcionario”, sólo por el anterior concejal, Agustín Pérez.

También se incluyen entre estas facturas no presupuestadas las tareas de limpieza del Teatro Juan Ramón Jiménez, una de 16.700 euros para la creación y publicación de un logo “cuando hay un funcionario en el Ayuntamiento que tiene capacidad para hacerlo” u otra de 330.000 euros en abogados externos (los presupuestos ya recogen partidas de entre 500.000 y 600.000 euros). “Nos consta que no negociaron las minutas”, ha apuntado con respecto a este último concepto.

La concejal ha desmentido que, como afirmara la anterior alcaldesa, María del Carmen Castellano, se pagara a los proveedores en 60 días. En este sentido, ha subrayado que los servicios de limpieza, alumbrado, parques y jardines, centros de mayores o de deportes acumulan deudas desde marzo de 2014.

Para hacer frente a las tensiones económicas y “evitar la bancarrota” de la corporación, el equipo de gobierno plantea la realización de un presupuesto de tesorería que “garantice el pago de las nóminas, los servicios fundamentales y que dé prioridad a los gastos sociales”, además de incluir las expropiaciones por sentencias judiciales firmes y los abonos a los proveedores.

Por su parte, Carmen Hernández ha aseverado que el Ayuntamiento incumplió, entre otras, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y que el Ministerio de Hacienda “lo sabía”. La regidora ha explicado que la deuda extrapresupuestaria quedaba camuflada en el informe de este organismo bajo el “eufemismo” de saldo de obligaciones pendientes de aplicar.

Hernández cree imprescindible el concurso del Ministerio para revisar la deuda del Ayuntamiento y no descarta pedir “que haga una excepción” ante la delicada situación por la que atraviesa el Consistorio. La alcaldesa espera tener una interlocución directa a través de la Federación Española de Municipios para plantear una refinanciación de la deuda o, incluso, una quita.“Los ciudadanos no van a pagar las consecuencias de la mala gestión de nadie, no podemos recortar servicios porque están bajo mínimos”, ha manifestado la alcaldesa.

El gobierno municipal ha puesto las facturas extrapresupuestarias en manos de los servicios jurídicos para que determinen qué parte de la misma es legítima y se debe pagar.