La batalla contra la Ley del Suelo de Canarias sigue abierta en Europa

El Parlamento Europeo mantendrá abierta la petición para que se investigue si la Ley del Suelo que entró en vigor en Canarias el pasado viernes vulnera la legislación comunitaria. La norma, que ha sido denunciada en Europa por el profesor de Derecho Constitucional y concejal de Por Tenerife en el Ayuntamiento de La Laguna Santiago Pérez pasará a ser debatida también en la Comisión de Medio Ambiente. 

Pérez destacó en su intervención de este viernes en Bruselas que esta Ley amenaza al desarrollo sostenible del Archipiélago y atenta contra sus recursos naturales, pues viene a derogar “todo un sistema legislativo logrado mediante consensos sociales y políticos casi unánimes”. El profesor en Derecho Constitucional recordó que esta nueva norma viene “impuesta” por una mayoría parlamentaria obtenida de un sistema electoral injusto, ya que es la tercera fuerza política en número de votos la que gobierna en Canarias y es en la oposición donde se encuentra la mayor parte de los votos populares.  

La Ley del Suelo nace con una “aparente” finalidad simplificadora, explica el concejal de Por Tenerife. No obstante, introduce una serie de instrumentos que pretende evitar la Evaluación Ambiental Estratégica y vulnera los derechos de participación ciudadana. 

A su juicio, la norma atenta contra derechos fundamentales garantizados por la UE y contraviene las garantías medioambientales comunitarias ya que bajo los llamados proyectos de interés insular o autonómico, permite que en “cualquier clase de suelo, con independencia de su clasificación urbanística” se puedan ejecutar infraestructuras turísticas, industriales, sanitarias... que pueden ser aprobadas de “forma autónoma”.

El eurodiputado Juan Fernando López Aguilar (PSOE) respaldó la tesis de Pérez e incidió en que la Ley del Suelo “disuelve todo un sistema legislativo aprobado con un gran consenso político y social y lo sustituye, con la excusa de la simplificación y la liberalización, por un sistema que elimina derechos y garantías”.

En la misma línea, añadió que la norma “vacía de competencias a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), haciendo de ésta un señuelo político”. Así mismo, el representante socialista advirtió de que ahora se abre la puerta a que cabildos y ayuntamientos puedan declarar estratégicos sus planeamientos urbanísticos, por lo que podríamos volver a vivir una etapa de “burbuja especulativa y de corrupción que tanto daño ha hecho a Canarias durante demasiados años”, señaló.

López Aguilar también apuntó que a la nueva Ley del Suelo derivará en una menor capacidad de control y sanción de las ilegalidades ambientales y por tanto se generarán “violaciones del derecho ambiental, de difícil o imposible corrección en sede judicial”.

También en estos términos se ha mostrado de contundente la eurodiputada de IU Ángela Vallina, que recordó que la primera pregunta sobre este asunto se registró hace un año y que en marzo de 2017 la Comisión contestó que ya disponía de toda la documentación requerida al Gobierno de Canarias, razón por la que no comprende que aún no tenga elaborado un informe (ni sobre la Ley del Suelo ni sobre la Ley de Islas Verdes, también denunciada en Europa).

“Lamentablemente aquí hay otro ejemplo del poco respeto por el medio ambiente”, reprochó la eurodiputada de izquierdas, en cuya intervención también hubo segundos para recordar la crisis de las microalgas y los vertidos desatada en Canarias.

Sobre las dudas jurídicas de la Ley del Suelo se pronunció la eurodiputada Beatriz Becerra (Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa) que insistió en que la petición quedara abierta y se cuestionó  si “lo que Europa protege lo puede desproteger un Gobierno regional, yo diría que no”.

En defensa de esta norma han acudido cinco miembros del Gobierno de Canarias, entre ellos el director general de Ordenación del Territorio, Pedro Afonso, y la secretaria general técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, Cristina de León Marrero, quien expuso en su intervención que la Ley del Suelo no contradice la legislación ambiental y ha pedido el cierre de esta petición.

En los mismos términos se ha manifestado el eurodiputado del PP Gabriel Mato, quien cree que la Ley del Suelo incide en que se cumpla aún más la legislación y por tanto “no contraviene ninguna ley europea”.

La Ley de Islas Verdes también continúa abierta

La conocida como Ley de Islas Verdes también ha llegado este viernes a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Vanesa Catalán (IUC), Rubén Martínez, Alfonso Ramón, Antonio Pérez y Juan Ramón González, como miembros de la plataforma Canarias por Un Territorio Sostenible han denunciado esta norma que también está vigente.

Catalán subrayó que la Ley de Islas Verdes “va en contra de los marcos de acción de la Unión Europea”, y da rienda suelta a la especulación en territorios y enclaves protegidos de Canarias. Por ejemplo, “La Palma es uno de los lugares de la UE con mayor concentración de biodiversidad” y que corre un severo peligro con la implantación de esta normativa que puede vulnerar diferentes Directivas europeas.

Esta norma también fue defendida por la representante del Gobierno de Canarias Cristina de León Marrero, que insistió en que salió adelante con un amplio consenso entre grupos políticos y cabildos.

La Comisión Europea seguirá investigando ambas leyes a fin de dilucidar si incumplen las directrices medioambientales de la UE.

Contraprogramación por el alcalde de La Laguna

El mismo día en el que el concejal de Por Tenerife Santiago Pérez defendía sus argumentos contra la Ley del Suelo en Bruselas, se celebraba el pleno convocado por la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna para discutir la crisis de las aguas residuales y las microalgas. Una decisión tomada por su alcalde, José Alberto Díaz (Coalición Canaria).

Pérez ha publicado un vídeo en sus redes sociales lamentando no haber podido acudir y reprochando al presidente regional, Fernando Clavijo, y al presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, que no estén “diciendo la verdad” y que se empeñen en “echar balones fuera”.

A su juicio, Coalición Canaria no ha sido responsable con el tratamiento de residuos, el saneamiento, la depuración y los vertidos. Denuncia que el dinero de los contribuyentes de la Ciudad de Los Adelantados no se está destinando a este fin y que es una “estafa”. “El Ayuntamiento de La Laguna actual y el pasado forman parte de la misma trama y son herederos de estos gravísimos incumpliemtos que han hecho que la UE abra expedientes sancionadores”.