El 'caso Canódromo' se enreda en criterios técnicos
¿Se infló la tasación del Canódromo para cuantificar la permuta de terrenos como concluyó la comisión municipal de investigación de LPGC? Esa es una de las cuestiones básicas que giran en torno a un caso que empieza a enredarse en criterios técnicos dispares, a raíz de nuevas declaraciones de testigos ante el juez Tomás Martín, que mantiene imputado al alcalde, Juan José Cardona.
El penúltimo criterio técnico conocido ha sido el de la ex jefa de Urbanismo de LPGC durante la etapa de gobierno del PSOE, Antonia María García Carló, de la que si bien la semana pasada trascendió en la prensa local que no consideraba “disparatado” los parámetros utilizados por el equipo de Urbanismo del PP para tasar la finca en el convenio de 2002, tampoco ha querido hacer suyos esos criterios, que a su juicio deberían haber rebajado al menos un 20% el valor final de los terrenos permutados.
El caso entra ya de esta forma en territorio subjetivo de expertos urbanistas a la hora de ponderar si fue lesivo o no el convenio suscrito por el PP con el empresario Eduardo Fernández (Improcansa), hasta el punto de que García Carló llegó a afirmar ante el juez que, a su juicio, la edificabilidad en la denominada Zona A donde está ubicado el Canódromo “no estaba agotada”, aunque al mismo tiempo manifestó la singularidad de realizar una ordenanza específica para esa parcela concediéndole 12.000 metros de edificabilidad.
La exdirectora general de Urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria, en su declaración como testigo aunque a criterio del ministerio fiscal más bien estaba realizando un peritaje judicial, aclaró a este que surgían dudas por el método utilizado por los técnicos del equipo de Urbanismo del PP, con José Setién al frente, sobre si era necesario o no utilizar la ponencia catastral -hubiese rebajado considerablemente el valor de lo tasado- “si hubiese sido un convenio expropiatorio, pero en este caso se trata de una permuta”.
Aún así, García Carló dijo a preguntas del fiscal: “Lo cierto es que no hay ninguna parcela en esta ciudad de 20.000 metros con esa valoración, pero cada técnico tiene su criterio, y los técnicos municipales utilizaron el criterio que consideraron conveniente”, aunque en su caso particular, de estar bajo su responsabilidad “hubiera reducido esas cantidades”.
Serán esos técnicos, los que en su momento fueron provisionalmente señalados por la comisión de investigación municipal como máximos responsables del caso bajo tutela política del ex alcalde José Manuel Soria y el actual primer regidor y exconcejal de Urbanismo, Juan José Cardona [la conclusión final quedó sin nombres y apellidos bajo la acusación genérica de “urbanismo fallido del PP”], quienes tengan que aclarar en sede juicial los criterios.
La acusación particular representada por la asociación de vecinos Avecalta ya ha pedido al juez la citación del equipo dirigido por el jefe de los servicios urbanísticos en la etapa del PP, José Setién, además de los funcionarios directamente relacionados con la tasación del solar por el cual un empresario obtuvo un beneficio casi inmediato de nueve millones de euros.
