El presidente canario premia con un sueldo público sin trabajar a un concejal de CC

Se llama Diego Acosta Armas y desde el 1 de septiembre pasado es personal de confianza del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria (CC). Según el decreto de su nombramiento, Acosta está asignado como “personal eventual” al puesto de “asistente de vivienda del presidente, integrado en le Dirección General del Gabinete del Presidente”.

Su sueldo es el de un funcionario del grupo E, de 18.200 euros brutos al año, y completaría el equipo compuesto por otras dos personas -en estos casos mujeres- que se ocupan de la limpieza de las residencias oficiales del presidente del Gobierno en Canarias, cada una de ellas en las dos capitales oficiales de las islas: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Sin embargo, Diego Acosta Armas no se dedica a la limpieza de ninguna residencia oficial. De hecho, nadie ha podido confirmar a este periódico que las haya pisado alguna vez. Desde que fue nombrado para ese puesto, no lo ha ejercido. Es más, apenas ha pisado la isla de Tenerife este último mes, y mucho menos la de Gran Canaria.

Sus movimientos de estos últimos días lo situaban casi permanentemente en su isla natal, El Hierro, en un curso de vinos la pasada semana en su municipio, La Frontera, y este martes participando en un curso sobre transparencia en la capital, Valverde. Solo el pasado viernes pudo ser localizado en la isla de Tenerife, pero no en su teórico puesto de trabajo.

Diego Acosta, en realidad, no está contratado para la limpieza y el mantenimiento de las residencias oficiales del presidente de Canarias. Su contratación responde simplemente al deseo de Coalición Canaria de compensar de algún modo a aquellos cargos públicos electos que durante lo que va de mandato municipal (desde mayo de 2015) han perdió su puesto como consecuencia de mociones de censura promovidas por la oposición.

Acosta era el concejal de Turismo, Nuevas Tecnologías, Fiestas, Juventud, Cultura y Educación del Ayuntamiento de Frontera, en El Hierro, por el que percibía un salario bruto anual de 30.000 euros brutos al año en pago al 75% de dedicación exclusiva. Una moción de censura promovida por el PSOE envió a la oposición a la alcaldesa y a los otros dos concejales, todos ellos de la Asamblea Herreña Independiente (AHÍ), el socio local de Coalición Canaria. AHÍ aporta dos diputados a CC en el Parlamento regional, donde el partido de Fernando Clavijo gobierna en minoría con tan solo 18 diputados de los 60 que conforman la Cámara. La dirección de AHÍ había culpado a la de CC de la censura en La Frontera y le exigió contrapartidas.

El concejal se negó a comentar su situación a este periódico cuando fue preguntado telefónicamente. En un posterior mensaje de WhatsApp se limitó a remitirnos “a la secretaria general de Presidencia del Gobierno de Canarias que sin duda aclarará los extremos que entienda pertinentes”.

La exalcaldesa, a Vicepresidencia

Si Diego Acosta fue compensado con ese puesto tras perder sus prerrogativas económicas, su alcaldesa, Melissa Armas, lo fue con un puesto de mayor rango, el de asesora del vicepresidente del Gobierno, Pablo Rodríguez, también de Coalición Canaria. Pero en este caso, la alcaldesa, que fue fichada en marzo, ha salido ganando: si al frente de La Frontera (5.000 habitantes) cobraba 40.000 euros al año por una dedicación plena, su puesto de personal de confianza para “prestar asistencia técnica y/o política al vicepresidente del Gobierno y realizar las gestiones y estudios encomendados por éste”.

Armas no supo cuantificar a este periódico el número de informes escritos que ha elevado al vicepresidente del Gobierno: “No llevo la cuenta”, dijo. Su puesto de trabajo está en Tenerife y aseguró acudir a él con asiduidad.

Su puesto de trabajo está en entredicho porque, al tratarse de un alto cargo, su desempeño es incompatible con las funciones que realiza en La Frontera como líder de la oposición. Ella niega esas dudas porque “no soy un alto cargo; las incompatibilidades comienzan de director general en adelante”.

Sin embargo, los antecedentes administrativos del Gobierno para el que trabaja la desmienten: en noviembre de 2015 tuvo que abandonar su puesto de jefe de gabinete del presidente José Haroldo Martín González, que compaginaba ese puesto con el de concejal en el ayuntamiento de La Victoria de Acentejo. Había ocupado ese alto cargo desde agosto de 2015, pero en noviembre se detectó su incompatibilidad y por parte de la Consejería de la Presidencia, en aquel momento en manos del PSOE, se le abrió un expediente que se saldó otorgándole un plazo de un mes para que abandonara el puesto y devolviera los salarios indebidamente cobrados.

Coalición Canaria resolvía el problema justo al mes siguiente de que se sustanciara el expediente: una moción de censura en La Victoria de Acentejo colocaba a José Haroldo Martín en la alcaldía de ese municipio tinerfeño con el apoyo del Partido Popular, que se quitaba de encima a una alcalde de su propio partido.

En aplicación de la misma ley que condujo al actual alcalde de La Victoria a renunciar a su cargo y a devolver los salarios cobrados, la exalcaldesa de La Frontera, Melissa Armas, estaría obligada a hacer lo mismo. No parece que esa sea su intención porque el presidente Clavijo ya lo dio a entender este martes en el Parlamento de Canarias. Requerido por la diputada del PSOE Patricia Hernández, Clavijo se limitó a dar por sentado que todos los partidos políticos colocan a personal de su confianza en ese tipo de puestos. No hizo la menor referencia a las ilegalidades en la que algunos de sus cargos de confianza pueden estar incurriendo.