El ‘maquillaje’ del Gobierno a las bases de un concurso de comunicación no mitiga las sospechas de amaño
La Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias ha modificado tres cláusulas del pliego del concurso para contratar un servicio de apoyo al gabinete de Comunicación del departamento después de las quejas elevadas por cuatro empresas del sector. El Ejecutivo regional ha estimado algunas de las demandas formuladas por MMI, Imaco, Marisma Comunicación y Rocanegra Consultores, las agencias que denunciaron que las prescripciones técnicas requeridas en el procedimiento sólo permitían concurrir con visos de éxito a Metrópolis Comunicación, la empresa que ha resultado adjudicataria de otros tres contratos de idénticas características por parte del Ejecutivo en 2016.
Sin embargo, estos cambios no han conseguido mitigar las sospechas que despertaban las bases originales del concurso y algunas de las empresas ya se están planteando impugnar formalmente la nueva convocatoria, al considerar que mantiene condiciones que disuaden al resto de competidores para servir el contrato en bandeja a Metrópolis y que persiste en “la indefinición” sobre el ámbito y el alcance de los servicios que se deben ofertar.
El concurso, con un presupuesto base de licitación de 60.000 euros, fue paralizado el pasado 3 de junio, un día antes de que expirara el plazo para poder presentar las proposiciones. La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves Lady Barreto, se comprometió entonces a estudiar las quejas de las cuatro empresas que presentaron escritos. La obligación de disponer en plantilla de un documentalista titulado y la decisión de aunar en el mismo contrato el servicio de asistencia a gabinetes de prensa y el de seguimiento de medios habían generado los principales recelos de algunas empresas del sector. Y es que la única agencia que cuenta con un licenciado en Biblioteconomía y Documentación es Metrópolis, que además atesora una gran experiencia en el servicio de apoyo a los gabinetes de prensa de distintas áreas de gobierno, una de las condiciones exigidas, pero no así en el de seguimiento de medios, que ha estado los últimos 18 años en manos de MMI Canarias, centrada en exclusiva en el control y monitorización.
Las modificaciones introducidas por la Consejería no alteran ni el requisito de disponer de documentalista, “poco habitual” en los procedimientos de este tipo según las empresas reclamantes, ni el modelo de unificación de servicios impuesto por el Gobierno desde marzo de 2016, a pesar de que especialistas del sector cuestionan que la misma empresa que asiste al gabinete de prensa en tareas de comunicación fiscalice a su vez la eficacia de estos trabajos en los medios.
En concreto, la nueva convocatoria rectifica las cláusulas 4,2, 10.3 y 22.6 de las bases del concurso. En la primera de ellas elimina la exigencia de exclusividad para el periodista y el documentalista que deben formar parte del equipo de trabajo. Empresas competidoras de Metrópolis habían alegado que en cada uno de los contratos convocados este año por el Gobierno en materia de Comunicación se había fijado este requisito, lo que hacía inviable que la mencionada agencia, adjudicataria en todos ellos, pudiera cumplirlo, puesto que sólo tiene a un trabajador con la titulación de Documentación en plantilla.
La cláusula 10.3 concreta que el servicio de traducción y transcripción será de carácter no periódico y atenderá a necesidades informativas puntuales, además de cambiar la palabra “creación” por la de “diseño” en referencia a las páginas webs específicas. El último apartado modificado es de carácter formal y alude a la propiedad intelectual del trabajo y la responsabilidad del contratista.
A pesar de estos cambios, las empresas reclamantes consideran que la convocatoria mantiene su esencia y estructura original, “criba a toda la competencia” de Metrópolis y se mueve en “la indefinición” al evitar “cuantificar los servicios, su ámbito y alcance”, entre ellos los ya mencionados de traducción y transcripción o el del fotógrafo, que deberá tener capacidad para trabajar “en la esfera nacional y, cuando fuese necesario, a nivel internacional”.
“No hay una baremación clara, con ese presupuesto (5.000 euros al mes) y el volumen de solicitudes de servicios es inviable, o hay una connivencia entre la empresa y la Consejería o es una licitación a pérdida”, sostiene uno de los representantes de las empresas que han alegado.
La nueva convocatoria se abrió el 1 de agosto y las empresas que deseen concurrir tienen hasta este sábado a las 13.00 horas para presentar sus proposiciones.
