El Gobierno canario paraliza un concurso de Comunicación bajo sospecha
La Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias ha decidido paralizar el concurso para la contratación de un servicio de apoyo al gabinete de Comunicación después de que cuatro empresas del sector alertaran de que los pliegos repiten “miméticamente” cláusulas técnicas de otros dos procedimientos recientes -de los departamentos de Economía e Industria y Hacienda-. Estos dos concursos se resolvieron del mismo modo, con la adjudicación a Metrópolis Comunicación, la única que tuvo posibilidad de licitar porque cumplía con todos los requisitos exigidos en la convocatoria.
La consejera Nieves Lady Barreto se ha comprometido a estudiar como si fueran recursos las “recomendaciones” de MMI, Imaco, Marisma Comunicación y Rocanegra Consultores, que sostienen que los requerimientos del concurso impiden concurrir a “la legión” de pequeñas empresas interesadas en licitar y allanan el camino a Metrópolis para conseguir un nuevo contrato, que sería el cuarto de estas características que firma con el Gobierno en 2016 (suscribió otro con la Viceconsejería de Comunicación a través de un negociado sin publicidad). Aunque la fecha límite de presentación concluyó el pasado viernes, la Consejería se ha dado un plazo de 10 días para analizar las quejas.
Con un presupuesto base de licitación de 60.000 euros, el concurso incluye en sus pliegos tres exigencias que, unidas, alimentan las sospechas de las empresas que han protestado. La adjudicataria deberá tener en su plantilla a un documentalista titulado, atesorar experiencia en asistencia de gabinetes de prensa en áreas de gobierno y disponer de un servicio de seguimiento de medios para auditar la eficacia de la comunicación.
Metrópolis es la única empresa del sector que cuenta con un licenciado en Biblioteconomía y Documentación. “No es habitual en España que, para una asistencia a un gabinete de comunicación, se requiera de un documentalista con titulación”, exponen algunos de los escritos elevados a la Consejería, que inciden en que esta labor la puede realizar un periodista o un profesional con otra licenciatura. Además ponen de manifiesto que a este documentalista se le exige exclusividad en cada uno de los contratos de los concursos convocados este año y que, por lo tanto, el único trabajador con este perfil que mantiene en plantilla Metrópolis no podría cumplir esta exigencia en todos.
Las reclamantes también cuestionan que se aúnen los servicios de apoyo a las labores realizadas por el gabinete de prensa de la Consejería con el de seguimiento de medios, es decir, que la misma empresa que presta asistencia en comunicación fiscalice su eficacia o, como definen de forma coloquial, “que el zorro cuide de las gallinas”. Hasta ahora los dos ámbitos habían estado separados. Metrópolis, que cuenta con una treintena de trabajadores en plantilla, ha destacado en los últimos años por ocupar varias asistencias a gabinetes de prensa (Economía, Medio Ambiente, Turismo, el Hospital de La Candelaria...), su gran fortaleza, pero el sistema de seguimiento de medios estuvo desde 1998 y hasta marzo de 2016 en manos de MMI, empresa que se dedica en exclusiva a la monitorización.
La entonces denominada Dirección de Relaciones Informativas (en la actualidad Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios) decidió conformar en 1998 un servicio centralizado de seguimiento de medios para todo el Gobierno y se lo adjudicó a MMI, que ha ganado desde entonces varios concursos. En febrero de este año finalizó la última prórroga y el Ejecutivo optó por cambiar el modelo y segmentarlo por consejerías, dando vía libre a cada una de los departamentos para que pudieran contratar sus propios servicios. Desde el Gobierno señalan que este sistema se ha implantado siguiendo el criterio de los juristas y especialistas en procedimiento administrativo de la comunidad autónoma. Según las mismas fuentes, en la pasada legislatura ya se operaba de facto con un modelo por el cual empresas que trabajaban para la administración en el ámbito de la comunicación prestaban servicios de seguimiento de medios “a coste cero”.
Desde la mencionada descentralización, Metrópolis se ha hecho con la asistencia de comunicación y monitorización de medios en la Consejería de Industria, Economía, Comercio y Conocimiento (57.471 euros), en la de Hacienda (105.600 euros) y con un contrato específico en Presidencia del Gobierno para el apoyo a la difusión del Plan de Desarrollo de Canarias (PDCAN), este último a través del procedimiento negociado sin publicidad por 58.800 euros. En lo que va de año, por lo tanto, se le han adjudicado contratos por valor de 221.871 euros, una cantidad que podría ascender hasta los 281.000 en caso de que también se hiciera con el de Política Territorial.
Un sistema “más rudimentario”
En los escritos de queja dirigidos a la Consejería de Política Territorial, las empresas del sector recalcan que el sistema de seguimiento de medios utilizado por la adjudicataria de todos los procedimientos convocados desde el cambio de modelo es “mucho más rudimentario” que el ofrecido por el anterior contratista, extremo que corroboran otras fuentes especializadas consultadas por este periódico.
Por otra parte, aseguran que la descripción de servicios del concurso de Política Territorial es inviable económicamente ante su “entramado e indefinición”, puesto que en los 60.000 euros de presupuesto base de licitación incluyen aspectos como la disponibilidad de un fotógrafo para trabajar en la esfera nacional e internacional o un sistema de guardias localizadas las 24 horas del día y los 365 días del año. Estos requerimientos abren, en opinión de las recurrentes, dos posibilidades: un proveedor que “conoce las exigencias reales del cliente y enmascara recursos compartidos con otros clientes aunque se solicite exclusividad” o uno que está dispuesto “a prestar servicios a pérdida, presumiblemente compensandos por encargos complementarios o compartiendo recursos allá donde se está comprometiendo exclusividad”.
Las cuatro empresas recurrentes también exigen aclaraciones sobre los criterios de adjudicación en referencia al servicio de traducción y transcripción y en los de las estrategias comunicativas, la relación de medios utilizados para fomentar la presencia pública y la notoriedad de la Consejería y el de la creación de páginas web específicas.
Este periódico ha contactado este domingo con Metrópolis Comunicación para recabar su posicionamiento sobre la suspensión del concurso, pero de momento no ha obtenido respuesta del máximo responsable de la empresa.
