El exconsejero del PP que adjudicó casi 300.000 euros a su actual socia incumplió la ley de incompatibilidades

El exconsejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria que adjudicó casi 300.000 euros a su pareja y actual socia, Lucas Bravo de Laguna, ha dado el salto al mundo de la gestión deportiva sin cumplir con la ley de incompatibilidades para cargos públicos: que hayan transcurrido dos años desde sus últimas decisiones políticas en el sector de su actividad privada.

Quien estuviera al frente del Instituto Insular de Deportes durante el gobierno del PP en el anterior mandato (2011–2015) presidido por su padre, José Miguel Bravo de Laguna, aguardó dos años tras su cese como consejero de gobierno en junio de 2015 antes de levantar el velo, pero durante este tiempo siguió ejerciendo como vocal del organismo público, tomando decisiones clave en la Junta Rectora.

Lucas Bravo dimitió como consejero del PP en la oposición en junio de este año. En ese momento dejó de ser efectivo su cargo de vocal en la Junta Rectora del ente que rige la política deportiva en Gran Canaria. Al mismo tiempo que se daba de baja en el PP [Ciudadanos ha reconocido contactos tanto con él como con su padre], Bravo pasaba a ser administrador mancomunado de B&M Sport Marketing, la empresa de gestión deportiva creada justo dos años atrás por su novia (ellos niegan tener una relación de pareja), la extenista profesional grancanaria Noelia Pérez.

En esos dos años, la actividad política de Lucas Bravo fue a menos en los plenos del Cabildo de Gran Canaria, como quien espera que transcurra el tiempo necesario y legal para poder dedicarse a negocios privados. Pero no así en las decisivas juntas del Instituto Insular de Deportes, donde llegó a cuestionar una subvención pública a la empresa organizadora del World Padel Tour, un torneo mundial de pádel que celebra una de sus ediciones en Gran Canaria cada verano.

Así consta en el acta de la Junta Rectora del 22 de julio de 2016, hace solo un año y un mes. El máximo órgano ejecutivo con poder decisorio del IID debía autorizar a su presidente la delegación de competencias para conceder una subvención mayor a 60.000 euros. Solo con la mayoría absoluta de los miembros de la Junta Rectora el presidente puede contratar por más de esa cantidad.

En esa sesión, Lucas Bravo de Laguna cuestionó que la elegida fuera la empresa SetPoint Events SA, tenedora de los derechos del World Padel Tour, y por tanto sin posibilidad alguna para el Cabildo de Gran Canaria de promover la concurrencia si se quería celebrar el torneo mundial de pádel en la isla, un deporte en el que se ha prodigado como organizadora la actual socia del exconsejero, Noelia Pérez. En el anterior mandato, Lucas Bravo apoyó entre 2011 y 2013 con cantidades menores torneos de exhibición de pádel y de tenis que promovía Noelia Pérez, antes de concederle los grandes contratos de la Gran Canaria Maratón en 2014 y 2015.

Sin embargo, el World Padel Tour solo podría organizarlo la empresa a la que el IID pretendía adjudicar 108.000 euros de subvención, ya que es la propietaria de esa franquicia mundial. Un dato que debió escapársele a Lucas Bravo de Laguna en esa sesión de la Junta Rectora. Bravo solo pidió la palabra para este asunto, mostró su duda sobre que SetPoint fuera la única empresa capaz de organizar el World Padel Tour y reclamó de los técnicos la memoria y los expedientes del mismo.

Al final se abstuvieron en este punto tanto Lucas Bravo como el otro consejero del PP en la Junta Rectora, Carlos Ester, así como el padre de Lucas, José Miguel Bravo de Laguna, en representación de Unidos por Gran Canaria. La partida fue aprobada por tres votos favorables del grupo de gobierno presentes, dos del PSOE y uno del partido del presidente del Cabildo Insular, Nueva Canarias.

Las dudas de Lucas Bravo de Laguna sobre la idoneidad de que una empresa en concreto organice un torneo mundial de pádel, campo en el que trabaja su actual socia, es el hecho más llamativo de las actas de 2016 a las que ha tenido acceso este diario. Las mismas demuestran la actividad de Lucas Bravo durante el periodo en el que debió estar alejado de las decisiones que se tomaran en materia deportiva, si pretendía dar ahora el salto al mundo privado en el mismo sector, como ha hecho.

Por ejemplo, en esa misma sesión de las dudas del pádel, Lucas Bravo votó a favor de la rendición de cuentas del ejercicio 2015 del Instituto Insular de Deportes, que en parte fue responsabilidad suya hasta el cambio de gobierno en junio de ese año, tras las elecciones locales de mayo. Pero también participa con su voto afirmativo en otra sesión de la Junta, el 14 de junio de 2016, con una serie de contrataciones para el funcionamiento general del organismo autónomo del Cabildo grancanario.

Es el caso de los contratos para los servicios de mantenimiento integral en todas las instalaciones del Instituto, con un total de 3,1 millones de euros que al superar los 60.000 euros deben pasar por la aprobación de la Junta. U otro contrato de 2,3 millones de euros para el servicio de limpieza de esas mismas instalaciones, así como una serie de gastos plurianuales de estas mismas partidas.

En esa sesión del 14 de junio de 2016, el grupo de gobierno NC-PSOE-Podemos llevó también a aprobación la organización y ejecución de la Gran Canaria Maratón durante los dos siguientes años (2017 y 2018) por un importe total de 749.000 euros, “convenientemente integrado a dos años”, reza el acta de la Junta.

Hasta ese momento, esas partidas de la Gran Canaria Maratón, con las que Lucas Bravo contrató a empresas relacionadas con Noelia Pérez como Volaví Canarias u OmegaGest Canarias, no superaban los 60.000 euros que obligan a autorizar las contrataciones por mayoría absoluta de la Junta Rectora. Al menos en el primero de los casos, la sociedad a nombre de la extenista profesional grancanaria.

Fuentes del Instituto Insular de Deportes consultadas por Canarias Ahora han explicado que también durante este 2017 Lucas Bravo ha seguido ejerciendo las funciones de vocal de la Junta Rectora, con participación activa. De ahí que las incompatibilidades a las que está sujeto para ejercer la actividad privada en el mismo sector deportivo puedan alcanzar hasta 2019. Pero como mínimo, hasta el 22 de julio de 2018, que se cumplen los dos años de la votación del pádel.