Cuatro 'floteros' se niegan a declarar ante la juez
Cuatro de los siete presuntos floteros acusados de explotar fraudulentamente las licencias de gran parte los 1.640 vehículos que conforman la flota de taxis de Las Palmas de Gran Canaria, han comparecido este lunes ante la magistrada del Juzgado de Instrucción numero ocho de la capital, María Victoria Rosell.
Un procedimiento que ha durado menos de lo previsto, ya que ninguno de los acusados respondió a las preguntas elaboradas por las partes y se acogieron a su derecho a no declarar.
Aunque de momento se encuentran en libertad, los cuatro están imputados por cometer un supuesto delito contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social y los derechos de los trabajadores, además de falsedad documental y blanqueo de capitales. Se espera que el resto de acusados acuda este martes a declarar en Granadera Canaria.
La comparecencia se enmarca en la investigación que lleva a cabo el Juzgado junto con Vigilancia Aduanera del Ministerio de Hacienda, que saltó a los medios de comunicación el pasado mes de julio, cuando varios agentes de la Policía precintaron y registraron dos cooperativas de taxistas de la capital grancanaria y realizaron siete detenciones.
La operación era el resultado de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas por el presidente de la Asociación de Titulares de Licencia de Autotaxis de Canarias (Atlatc), Expedito Suárez, contra los administradores de licencias.
Pese a que la figura del flotero es ilegal, porque la Ley prohíbe el arrendamiento y la sesión de licencias, ésta ha proliferado, llegando a controlar una sola persona más 60 vehículos, con los que puede ganar una media de 6.500 euros al día. Unos beneficios a los que hay que sumar las estimaciones de la Atlatc, que cifra en 700 el número de permisos que son gestionados irregularmente en la capital grancanaria.
La Asociación se ha personado como acusación particular en el proceso, debido a que entre sus estatutos se establece la lucha contra los posibles hechos delictivos que promuevan la competencia desleal dentro del sector, como considera que ocurre en este caso.
Suárez, que se mantiene al frente de la Atlatc a pesar de haber sopesado su dimisión, afirma haber acudido a declarar como testigo hace menos de un mes y haber respondido a todas las preguntas. Asimismo, intuye que el silencio de los imputados se debe a una estrategia de la Defensa.
Por otro lado, cuestiona los motivos por los que la Atatc es el único colectivo del sector que ha mostrado su intención de personarse como acusación particular y no lo han hecho así la Asociación de Trabajadores Autónomos de Auto-taxis (ATAT) de la capital, ni las cooperativas que fueron objeto de investigación.
