La validez jurídica del concurso de 144 millones de Televisión Canaria se sustenta en un intercambio de correos la víspera de convocarse
Un intercambio frenético de correos electrónicos enviados entre el 23 y el 27 de agosto es el clavo ardiendo al que se están asiendo los directivos de Radiotelevisión Canaria para dar apariencia de legalidad al concurso de informativos de la televisión pública, dotado con 144 millones de euros durante ocho años (2018-2026). En el expediente, ya en manos del Parlamento, no hay ni un solo informe jurídico que avale al presidente de esa corporación, Santiago Negrín, para operar como órgano de contratación unipersonal, condición que se atribuyó para publicar la licitación sin someterse al consejo rector del órgano, donde no tiene ni la mayoría ni el quorum suficiente para convocarlo. Solo media docena de correos que se intercambiaron aquellos días de agosto el director corporativo, Heriberto Monzón, y el abogado tinerfeño Carlos Cabrera, están siendo presentados estos días como aval de legalidad de la operación.
Ni siquiera ese abogado, Carlos Cabrera, otorga a esos correos la cualidad de informe jurídico en ningún momento. Él mismo los presenta unas veces como “consideraciones”, otras como “comentarios” y las demás, como “notas”. Un trabajo de asesoramiento jurídico que le es encargado de urgencia el 23 de agosto durante una visita que recibe en su despacho de la capital tinerfeña por parte del director corporativo de RTVC, Heriberto Monzón, y la directora de Relaciones Institucionales, Daida Rodríguez, las dos personas de mayor confianza del presidente, Santiago Negrín. A la vista de los correos electrónicos que a partir de esa reunión se intercambian y que aparecen en el expediente administrativo del concurso, Monzón y Rodríguez acuerdan con el letrado la contratación de sus servicios para sustituir al ex asesor de RTVC, Martín Orozco, que había renunciado a ese contrato en julio tras descubrir que Santiago Negrín había mentido ante el Parlamento acerca del contenido de sus dictámenes.
A las 14:10 horas del 23 de agosto, Heriberto Monzón (poniendo siempre en copia a Daida Rodríguez) envía un correo electrónico a Carlos Cabrera agradeciéndole haberles recibido esa misma mañana y adjuntándole varios archivos para su revisión. Esos archivos eran “la última versión de los pliegos de cláusulas administrativas”, los “pliegos de cláusulas administrativas anteriores a esta versión” y un anexo. Eran documentos elaborados por Martín Orozco antes de abandonar su puesto de asesor y recomendar, entre otras cosas, que los servicios jurídicos del Gobierno emitieran un informe sobre aquellos pliegos para que no fuera la suya la única opinión en el expediente. Su recomendación no fue atendida, como tampoco los acuerdos parlamentarios en tal sentido: el Gobierno de Canarias se ha negado sistemáticamente a informar jurídicamente sobre los asuntos de RTVC por considerar que no es competente pese a tener adscrito ese ente público al organigrama de su Consejería de Hacienda.
El siguiente correo lo envía Carlos Cabrera a Heriberto Monzón y a Daida Cabrera el 25 de agosto (14:16 horas). Desde ese momento ya empieza a aparecer la palabra “consideraciones” en el campo “asunto”, y así sigue figurando en todas las contestaciones que se efectúan. En ese correo del 25 de agosto, Cabrera ya analiza pormenorizadamente aspectos de los pliegos y de la ley de radiotelevisión canaria pero otorgando a su análisis solamente el carácter de “consideraciones”. En su despedida ya anuncia que habrá otro correo con “comentarios” respecto “al hipotético informe preceptivo del consejo rector para autorizar el cambio de modelo”.
A ese segundo correo responde Heriberto Monzón a las 04:40 horas de la madrugada del 27 de agosto, la víspera de que Santiago Negrín hiciera pública la licitación del concurso de 144 millones. En este mail, Monzón anuncia a Cabrera que le manda “el pliego adaptado para que puedas comprobar si se ajusta a tu correo”, es decir, al que hacía unas horas había recibido del asesor legal de RTVC.
El último correo que obra en el expediente del concurso de informativos tiene fecha 28 de agosto, el mismo día en que el presidente de RTVC publica la licitación. Está enviado a las 12:05 y es el que aborda decididamente la polémica central del concurso, es decir, si debió haberse sometido el mismo al consejo rector de la Corporación. En su primer párrafo, Carlos Cabrera ya hace referencia a la existencia en el expediente de un informe -el de Martín Orozco- “en relación con el carácter o no preceptivo de la intervención del consejo rector relativa a una autorización ratificatoria del modelo de gestión”.
El letrado contratado para la ocasión por RTVC concluye que no es preceptiva la participación del consejo rector del ente público porque, básicamente, no se produce una externalización de los servicios informativos. “La producción es conservada por Televisión Pública de Canarias, S.A., limitándose [el concurso] a una externalización de los medios técnicos y personales”. A juicio de Cabrera, pese al cambio en la ley, la que sustituyó el consejo de administración por un consejo rector y la mayor fiscalización del ente público, “el modelo de gestión televisiva no ha cambiado”.
Este último correo se emite el mismo día en que se ordena la publicación de los pliegos del concurso de informativos, lo que significa que ninguna de las consideraciones u opiniones del letrado pudieron ser tenidas en consideración. Negrín convocó el concurso sin tener en su poder ningún informe jurídico que lo avalara como órgano unipersonal de contratación.
Martín Orozco había advertido en un informe que aparece como tal en el expediente administrativo que, dado que el montante del concurso sobrepasaba el millón de euros y que el desembolso tenía carácter plurianual, la ley obliga a contar con el acuerdo del consejo rector de RTVC.
En el expediente aparecen otros informes presentados como tales. Uno de Margarita Ramos (exconsejera de Empleo y catedrática de Derecho del Trabajo de La Laguna) sobre la subrogación del personal adscrito a la actual concesionaria de informativos, y otro de Price Waterhouse & Cooper sobre la subrogación de personal directivo.
Mentiras ante el Parlamento
El presidente de Radiotelevisión Canaria, Santiago Negrín, mintió a la comisión de control del Parlamento de Canarias cuando el 21 de julio proclamó muy seguro de sí mismo que tenía en su poder un contundente informe jurídico que le avalaba como órgano de contratación unipersonal para promover la licitación de los servicios informativos de Televisión Canaria. Según el expediente, que ya ha tenido entrada en la Cámara legislativa canaria, en aquel momento disponía de dos informes firmados por el por entonces asesor jurídico del ente público, el catedrático Martín Orozco, y ninguno de ellos le otorgaba aquella potestad. El expediente de más de 3.000 folios permite descubrir que ese concurso, dotado con 144 millones de euros en ocho años, está plagado de irregularidades, todas ellas conocidas por el presidente de la corporación pública y por dos de sus más directos colaboradores, Heriberto Monzón y Daida Rodríguez.
Santiago Negrín convocó el 28 de agosto el concurso para “la contratación del servicio de prestaciones técnicas y materiales para la ejecución y emisión de programas informativos” para Televisión Canaria sin tener ni un solo informe jurídico que le permitiera hacerlo sin obtener previamente el plácet del consejo rector de RTVC, donde se encuentra en minoría y sin quorum suficiente para convocarlo debidamente. El único informe referido a la cuestión, uno de los dos firmados por Martín Orozco, tiene fecha 17 de julio, cuatro días antes de su comparecencia ante el Parlamento.
Santiago Negrín debió haber acudido este lunes a la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife para denunciar presiones de algunos medios de comunicación (no ha especificado cuales) que a su juicio han atentado contra su independencia y su integridad durante la tramitación de este concurso. Al menos así se anunciaba en un comunicado de prensa emitido este domingo, cuando Canarias7 publicó que el único informe obrante en el expediente no le avalaba para ser órgano de contratación.
En abril pasado anunció acciones penales contra el periódico Diario de Avisos y de momento no se conoce ninguna resolución judicial al respecto.
