El ministro de Turismo veranea en un hotel ilegal de Lanzarote
El ministro de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España, José Manuel Soria, veranea en un hotel de la isla de Lanzarote declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). El también presidente del PP en Canarias se hospeda, con su familia, en la zona noble reservada del cinco estrellas de lujo Hotel Volcán, en la localidad turística de Playa Blanca, conocida por albergar el mayor número de hoteles ilegales por metro cuadrado de toda la Unión Europea.
Este área VIP del hotel integrado en el puerto deportivo Marina Rubicón y con licencia urbanística anulada en 2008 cuenta con una serie de villas de 56 metros cuadrados y acceso privativo a piscina con camareros, solarium y terraza con vistas a Isla de Lobos y Fuerteventura, servicio privado de desayuno buffet o circuito termal de sauna y baño turco, entre otras comodidades de primer nivel. Varias fuentes consultadas por CANARIAS AHORA han confirmado la presencia de la familia Soria López en esa zona para adultos denominada Club Volcán, aunque oficialmente la recepción del hotel ha negado a este periódico que el ministro se hospede en sus instalaciones.
El Volcán es uno de la veintena de establecimientos turísticos de Lanzarote declarados ilegales en sendas sentencias del alto tribunal canario y cuya destino, por ley, debe ser acabar bajo la piqueta del derribo para reponer la realidad física dañada. Los motivos que condujeron a los magistrados del TSJC a anular la licencia del hotel donde veranea el ministro español de Turismo fueron la omisión de un informe previo, preceptivo y vinculante de adaptación de la obra al Plan Insular de Ordenación y de un informe jurídico municipal.
Pero entre otras irregularidades, la licencia que autorizaba un hotel de 502 camas duplicaba por sí sola el desarrollo de plazas turísticas previstas para el decenio 2000-2010 dentro del Plan Parcial Castillo del Águila. El hotel en su momento explotado por la cadena Meliá -se retiró a raíz de las sentencias judiciales- cubría la mitad de las 1.000 plazas previstas, pero de estas solo estaba permitido desarrollar un 25% (250 plazas) por tratarse de un plan no adaptado.
Además, uno de sus copropietarios, Francisco Armas, ha estado imputado por sendos delitos de cohecho en los dos grandes casos de corrupción político-empresarial de la isla, denominados Unión y Reyes, precisamente este, el nombre del alcalde del municipio al que pertenece Playa Blanca, Yaiza, que otorgó la práctica totalidad de esta veintena de licencias ilegales.
Francisco Armas fue el empresario que en nombre de Hormigones Insulares SA (Horinsa) solicitó la licencia de obras el 1 de junio de 1998, de ahí su imputación en el caso Reyes, pero el que fuera presidente de la asociación turística de la isla Asolan es solo socio minoritario en el accionariado del hotel, cuya mayoría detenta el grupo Martinón, del lanzaroteño Enrique Martinón Armas, presente en el sector turístico de España, Cuba, México y República Domicana.
El copropietario figura en el sumario del caso Unión implicado en el cobro de comisiones ilegales del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), cuyo líder histórico, Dimas Martín, dirigía una “asociación ilícita para delinquir” desde la cárcel de Tahíche, donde cumple condena por delitos cometidos como alcalde de Teguise. Francisco Armas fue detenido en abril de 2010 en los mismos Juzgados de la capital lanzaroteña, Arrecife, por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la operación Jable, derivada del caso Unión, cuando prestaba declaración como imputado en el caso de las licencias ilegales de Yaiza.
En abril pasado, la Fiscalía de Las Palmas interesó el archivo de las causas abiertas contra once empresarios que había obtenido licencias ilegales por parte del exalcalde de Yaiza José Francisco Reyes, porque el Ministerio Público no encontraba pruebas concluyentes de que hubiesen cometido cohecho, si bien en su informe el fiscal Ignacio Stampa mantuvo que estos empresarios fueron “notablemente beneficiados” por la conducta prevaricadora del exalcalde.
En lo que Unión se refiere, la imputación se mantiene, en concreto por 9.000 euros que habría entregado Armas a la expresidenta del Cabildo María José Docal, para adjudicar obras de reasfaltado, según ha trascendido recientemente del sumario. Docal se habría pagado un tratamiento en la Clínica Ruber de 2.119 euros y el resto habría ido a parar a Dimas Martín.
