Los presupuestos participativos de Clavijo, una maniobra para evitar enmiendas a la totalidad

Los terceros Presupuestos de la era Clavijo son los más complicados políticamente a los que se ha enfrentado un gobierno de Canarias desde el advenimiento de la democracia. La situación de minoría parlamentaria en la que se instaló el presidente Fernando Clavijo desde que rompió su pacto con el PSOE en diciembre de 2016 le sitúa ante el abismo de cuatro posibles enmiendas a la totalidad y devolución de las Cuentas si no consigue amarrar el apoyo de 13 diputados que se sumen a los 18 nacionalistas. Y no es tarea fácil.

El Presupuesto participativo u Orçamento Participativo (OP) fue implantado en 1989 cuando el Partido dos Trabalhadores (PT) brasileño ganó las elecciones en el Ayuntamiento de Porto Alegre y es la más conocida experiencia de gestión local basada en lo que se denominó democracia participativa.

Sin llegar a esos extremos, pues la ciudadanía canaria no tendrá el poder de decidir directamente en la elaboración de los Presupuestos, sí que se puede establecer un cierto paralelismo, pues los de 2018 van a ser los Presupuestos autonómicos en los que los grupos parlamentarios más aportaciones van a incluir en el anteproyecto de la Ley sin esperar al debate y aprobación de las enmiendas.

Y a ello ayuda el miedo escénico que tiene Clavijo a llevar unas Cuentas canarias que pueden ascender a más de 7.400 millones y que podrían enfrentarse a cuatro enmiendas a la totalidad, lo que dejaría en evidencia la incapacidad del gabinete para negociar y quedar a expensas de que el Parlamento las devolviera al Ejecutivo para su reelaboración. Un escenario difícil, pero no imposible.

“El 31 de octubre debe estar dentro del Parlamento de Canarias un presupuesto que suscite el mayor apoyo posible y en el que la inmensa mayoría de los canarios se sienta representada”, ha afirmado el presidente.

Grandes líneas y letra chica

Por ello, Clavijo (que prácticamente tiene garantizado el apoyo de los 3 diputados de la Agrupación Socialista Gomera que lidera Casimiro Curbelo) se ha reunido con el líder del PP, Asier Antona (que ha pedido una reforma fiscal y “apuntalar” los servicios públicos del Archipiélago con el fin de “mejorar” la educación, la sanidad y las políticas sociales); con el nuevo secretario general del PSOE, Ángel Víctor Torres (que exige “rebajas fiscales que favorezcan a los más necesitados” y dar “prioridad al aumento de las partidas para la generación de empleo”); con la máxima responsable de Podemos, Noemí Santana (que quiere “la bajada del IGIC para pequeños y medianos empresarios y autónomos” además de que “la prioridad debe ser el rescate ciudadano, ayudar a las personas más vulnerables y que peor lo están pasando”) y con el líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, que aboga por que las Cuentas “garanticen” los servicios públicos, la inversión productiva y que “sirvan para responder a las necesidades” de los ciudadanos.

Con esos mimbres, Clavijo aseguró que “coincidimos en las líneas maestras y es un buen comienzo, pero hay que ver la letra chica”. Y ahí es donde el Gobierno verá si se decanta por el bloque más conservador o por el más progresista del arco parlamentario.

Octubre, noviembre y diciembre son los meses presupuestarios por excelencia, con semanas de discursos políticos tensos y con profusión de datos porque lo que no está en las Cuentas del Estado o en las de Canarias, no existe.

El Gobierno central ha decidido, de momento, prorrogar los casi recién aprobados Presupuestos de 2017 hasta comprobar como evoluciona la crisis catalana, algo que el propio Clavijo ha reconocido que perjudica las previsiones optimistas que tenía el Ejecutivo regional, ya que deberán preparar unas Cuentas más restrictivas y prudentes de lo previsto.

Vuelve, por tanto, el fantasma de la realidad marcada por los continuos recortes de la pasada Legislatura y la posibilidad de que se desvanezca el tímido atisbo de recuperación económica y la inyección financiera que los diputados 136 (Ana Oramas) y 137 (Pedro Quevedo) arrancaron hace apenas unos meses al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

De Soria a Dávila

Y es que llueve sobre mojado. Cuando el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, abandonó el Gobierno a finales de 2010, dejó la tarea hecha y los Presupuestos elaborados para el año siguiente. De hecho, la condición que impuso al presidente Paulino Rivero fue que solo contaría con el apoyo parlamentario del PP para acabar la legislatura sin sobresaltos si no cambiaba ni una coma de las cuentas autonómicas por él elaboradas.

Esos Presupuestos, los de 2011, ascendían a 6.259 millones de euros. Los últimos de la pasada legislatura (la del tándem Rivero-Pérez) supusieron 6.084 millones, es decir, mermaron casi el 4%. Los primeros de la era Clavijo (con el PSOE de nuevo en el Gobierno) crecieron hasta los 7.071 millones, un 14% más que en 2015 y un 11% más que los de Soria.

Pese a ese incremento, la mejoría económica no fue tan excelente como para que se pudiera compensar los recortes de financiación que el Estado acometió en Canarias.

No por repetidas, las cifras dejan de ser ciertas: 800 millones de euros menos cada año derivados del descenso de los ingresos y el mal sistema de financiación, que obliga a las Islas a detraerlos de otras partidas para poder mantener los servicios básicos.

En base a esos parámetros, desde el año 2011 y hasta 2015 Canarias perdió 1.457 millones de capacidad de gasto por el reparto que hizo el Estado de los objetivos de estabilidad, a lo que se añadió el establecimiento de la regla de gasto.

Números que condicionaron unos Presupuestos canarios que no satisfacían a nadie. Ni a los miembros del propio Gobierno ni a los diputados de la oposición. Ni un solo consejero de los dos gabinetes de la pasada y de ésta legislatura estuvieron contentos con sus cuentas.

Y la oposición ha pedido durante este tiempo (usando la taurina expresión “devolver a los corrales” en los cuatro últimos años) que se reelaboren porque eran insuficientes para acometer las necesidades de la Comunidad Autónoma.

Claro está que, unos y otros, enfocan de manera distinta las culpas. Desde el Gobierno se apuntaba a La Moncloa y las políticas de austeridad, desde la oposición se disparó contra la mala planificación y gestión de los consejeros canarios.

En guerra

Cuando se elaboraron los Presupuestos canarios para 2012 (que ascendían a 6.354 millones, un 1,52% más que los que hizo Soria), el portavoz nacionalista y secretario general de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, los calificó como propios de una “economía de guerra”.

“Estamos en guerra, no mueren personas pero se destrozan familias y, por tanto, los Presupuestos son de guerra y muy difíciles de hacer”, afirmó en la tribuna de oradores del Parlamento.

Un año después, cuando vino el gran hachazo, (6.032 millones, un 5,05% menos que en 2012), el dirigente de CC los calificó “de supervivencia”. Sin embargo, la consejera Dávila quiso dejar atrás esa imagen cuando presentó sus primeros Presupuestos el 30 de octubre de 2015.

Los Presupuestos de 2012, los primeros de la legislatura que concluyó en mayo de 2015, contaban aún con un hándicap mayor que el resto de las cuentas autonómicas: el presidente Mariano Rajoy, que llegó a La Moncloa en diciembre de 2011, iba a prorrogar las últimas cuentas estatales de Zapatero hasta febrero, por lo que difícilmente se podría hilar fino en las previsiones de inversiones.

La realidad fue peor de la esperada. Tan mala, que el Gobierno de Canarias los recurrió ante el Tribunal Constitucional.

La inversión estatal en Canarias para ese año cayó un 46% respecto a 2011 cuando ese descenso, en el conjunto de las comunidades autónomas, fue del 29%.

Además, respecto a la inversión per cápita, el Archipiélago estaba en 2011 un total de 53 euros por debajo de la media estatal, mientras que en 2012 esa franja se situó en los 93 euros, duplicándose la diferencia negativa.

Plante y hachazo

Una realidad que no mejoró meses más tarde, cuando Montoro hizo los Presupuestos de 2013 con unos números que hicieron al Gobierno canario incumplir por primera vez la Ley de la Hacienda Pública Canaria, que obligaba al Ejecutivo a presentar las cuentas autonómicas al Parlamento antes del 31 de octubre de cada año. Algo parecido a lo que ha hecho ahora Montoro con los Presupuestos estatales.

Fueron unos Presupuestos estatales muy dañinos para las Islas. Si en 2011 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero reservó para las Islas 1.246 millones, esa cantidad pasó a 746 millones, un 40% menos, para 2013.

Asimismo, si Canarias podía contar en años anteriores con 207 millones anuales para aplicar el Convenio de Carreteras firmado con el Estado hasta 2017, Montoro lo rebajó a 57 millones. Una cantidad que bajó aún más en 2014 y en las previsiones para 2015.

Fueron los de 2013 los Presupuestos estatales que también asesinaron el Plan Integral de Empleo (PIEC), pues el Archipiélago pasó de tener 42 millones anuales a sólo 10 millones.

Por esos y otros motivos, el Gobierno de Canarias no remitió los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2013 hasta que el Congreso de los Diputados votó las enmiendas a las cuentas del Estado el 8 y 9 de noviembre con la esperanza de que en las Cortes se arreglara el desaguisado.

El plante fue en vano y, como era de prever, las cuentas estatales no se enmendaron y las canarias sufrieron recortes del 5,05% que afectaron a los servicios públicos esenciales.

Fue tal el hachazo que hubo que dar que el PSC dio una rueda de prensa para explicar a la opinión pública por qué se había tocado lo intocable.

La presidenta de los socialistas canarios y de su grupo parlamentario, Dolores Padrón, reconoció que “no son buenos”, pero que eran los de “la resistencia” ante el Gobierno del PP.

Padrón consideró los recortes inevitables, ya que el 62% del Presupuesto canario se financiaba con transferencias del Estado, pero afirmó que con estas cuentas el Gobierno de Canarias mantenía “el núcleo” de las políticas sociales sin aumentar la presión fiscal a las clases medias.

Por eso, la sanidad solamente se redujo un 1,2%, y el descenso del 8% en educación lo achacó a la reducción de la financiación estatal en esta área en 122 millones de euros.

Pese a todo, el proyecto de presupuestos incluía aumentos en las partidas para comedores escolares, cuando cada vez más niños dependían de la alimentación en los colegios, y se mantuvieron las becas de estudios para garantizar la igualdad de acceso a la universidad.

Y es que con los 170 millones adicionales que reclamó a través de enmiendas el PSOE en las Cortes en la tramitación del Presupuesto estatal hubiera sido suficiente para cuadrar las cuentas, pese a que para igualarse a la media de las comunidades autónomas Canarias debería haber recibido 812 millones de euros más.

Tan duros fueron que incluso hubo veto de diputados herreños y conatos de rebelión en el Cabildo de Tenerife, pues en las cuentas no se incluían partidas para los hospitales del Norte y del Sur.

Inflexión y esperanza

El panorama sombrío cambió ligeramente cuando se elaboraron los Presupuestos de 2014. Con un montante de 6.084 millones de euros suponía un ligero incremento del 0,86% respecto a los catastróficos del año anterior. Aun así, fueron insuficientes para compensar la motosierra de 2013.

Con todo, el socialista Emilio Mayoral los calificó en aquel entonces como un “punto de inflexión” que debía ser considerado “motivo de esperanza” para la salida de la recesión económica, pues protegían el gasto social y mantenían la condición pública de los servicios esenciales, y Barragán destacó que era el “mejor Presupuesto” de los últimos cuatro años.

Y eso que las cuentas del Estado para 2014 suponían “un freno al desarrollo económico del Archipiélago, da la espalda a los canarios, se desentiende de los problemas y demandas de los más de dos millones de ciudadanos que viven en las Islas y, en consecuencia, aleja a Canarias de España”, según dictaminó el entonces consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz.

Las partidas globales que recibieron las Islas se redujeron este año en cerca de 500 millones de euros con respecto a 2011, lo que representaba una minoración del 42% al pasar de 1.190 millones a los 693 para 2014.

Asimismo, Canarias, con una participación del 4% en el PIB nacional, un 4,5% de la población y un 33% de desempleo, recibió en 2014 solo el 3,2% del total de las inversiones estatales.

Una situación que no mejoró para 2015, pues pese a que creció la inversión territorializada en un 8%, Canarias fue la tercera comunidad autónoma que menos creció al elevar su dotación en torno a un 4% frente al 86% de aumento que registraron otros territorios.

Pese a esos mimbres estatales, los últimos Presupuestos de González Ortiz destinaron el 71% de los 6.195,4 millones a reforzar la Sanidad (2.900 millones), la Educación (1.493 millones) y las políticas sociales (1.328 millones).

Además de aumentar las partidas sociales, se ampliaron los fondos destinados a las políticas de empleo y hubo nuevos recursos para el empleo juvenil, sobre todo en el segmento de edad que iba de los 15 a los 25 años.

“Huelen a paro, no luchan contra el fracaso escolar, son letales para los sectores productivos y cicateros con los servicios públicos”, aseguró en su momento el conservador Jorge Rodríguez.

“El Presupuesto no va a contribuir en absoluto a reactivar la economía, porque recortando no se ayuda a la economía canaria y nos oponemos a una política de derechas que hace a unos pocos más ricos y al resto más pobres”, sentenció el líder de NC, Román Rodríguez.

La era Clavijo

Y lo mismo pasó con los primeros Presupuestos de la era Clavijo, pues los tres principales grupos parlamentarios de la oposición presentaron enmiendas a la totalidad con la intención de devolverlos a la cocina del Gobierno para su reelaboración.

Ni al PP ni a Podemos ni a NC les satisfizo las cuentas de Dávila porque no garantizaban el Estado de Bienestar ni abogaban por la contribución a la recuperación económica ni por la máxima eficiencia en los servicios públicos.

Desde el Gobierno, sin embargo se destacó el carácter socialmente comprometido y que eran las primeras Cuentas que crecían en cinco años, pese a las limitaciones impuestas tanto por el Gobierno central como por la propia Comisión Europea. “No hay margen para aumentar las cantidades, solo podemos ordenar las prioridades”, dijo el ex consejero socialista de Sanidad, Jesús Morera.

O, como dijo la nacionalista Elena Luis, eran “el primer paso para poder programar las políticas que necesita esta tierra”.

El segundo Presupuesto fue más complicado, no tanto por el lado financiero como por el político, pues nacionalistas y socialistas estaban inmersos en la ruptura del pacto de gobernabilidad que mantuvo en la cuerda floja al Gobierno durante el otoño-invierno de 2016.

Los Presupuestos del Gobierno de Canarias para 2017, que superaban los 7.300 millones de euros, fueron aprobados el 20 de diciembre sin ruptura de voto por parte del PSOE, que aceptó el nuevo reparto del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) en el que se abstuvo una semana antes, dejando cortocircuitada la más grave de las crisis que ha vivido el gabinete de Clavijo, generada cuando los consejeros socialistas se ausentaron el 28 de noviembre del Consejo de Gobierno que aprobó el reparto del Fdcan y que continuó el 9 de diciembre cuando los diputados apoyaron enmiendas de NC y el PP que, en contra de CC, cambiaban en las Cuentas autonómicas radicalmente la filosofía del controvertido Fondo.

El penúltimo episodio sucedió una semana después, al abstenerse los socialistas a un nuevo reparto del Fdcan pactado entre CC y el PP que, finalmente, aceptó in extremis la gestora del PSOE en la noche del 19 de diciembre, tan solo unas horas antes de que comenzase en el Parlamento la sesión que debía aprobar los Presupuestos para 2017.

Tres días después, Clavijo cesó a los cuatro consejeros socialistas, a los que acusó de no querer apoyar el reparto del Fdcan y ausentarse por segunda vez del Consejo de Gobierno en poco más de un mes.

La precariedad actual de Clavijo y su anteproyecto presupuestario es, un año después, aún más grave y visible.

El lunes 30 de octubre, (aunque sin perder de vista el debate de las enmiendas parciales) se sabrá si el gabinete ha sido flexible y ha dado cabida a la participación del mayor número de grupos parlamentarios posible en la elaboración de los Presupuestos para poder evitar una derrota global que dañaría políticamente la imagen del Gobierno en un período que prácticamente puede ser calificado de pre electoral.