El exministro Soria mantiene una escolta de ocho policías y dos coches quince meses después de dimitir
Quince meses después de dimitir por el escándalo de sus empresas familiares en paraísos fiscales, el ex ministro de Industria José Manuel Soria sigue gozando de privilegios públicos, como si todavía fuera un alto cargo oficial. A pesar de que ya no tiene derecho, el ex presidente del PP canario dispone de escolta que a lo largo de este año y cuarto ya le ha costado al Estado más de 250.000 euros.
En realidad se trata de dos servicios de protección distintos. Uno es la escolta de dos policías que le acompañan siempre en sus desplazamientos; otro, la vigilancia estática de su chalet en el barrio residencial de Tafira Alta, en Las Palmas de Gran Canaria, por parte de seis agentes en tres turnos las 24 horas. Una custodia que se ha convertido en permanente desde el misterioso asalto a su casa en Nochebuena.
El coste para el erario público de estas tareas policiales, que la Secretaría de Estado de Seguridad decidió cancelar en abril pasado al cumplirse un año de la salida de Soria del Gobierno, se deduce de los salarios brutos de una media de ocho policías asignados a su protección, más billetes de avión y dietas de estos por vuelos entre islas y a la Península, según confirman a Canarias Ahora fuentes policiales.
Contra todo criterio razonable y en aparente contradicción con la decisión del Ministerio del Interior del 17 de abril de este año de retirar la escolta a Soria cuando aterrizaba en Madrid, la Policía sigue prestando ese servicio cuando el ex ministro se encuentra en su tierra por orden del subdelegado del Gobierno en Las Palmas, Luis Molina, según estas mismas fuentes.
Los funcionarios que escoltan a Soria allá donde vaya están adscritos a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana. Su sueldo bruto, incluido el base y diversos complementos, es de 2.220 euros al mes, además de dos pagas extra al año de 727 euros cada una: 28.000 euros al año.
Al coste de esa escolta dinámica de dos agentes (56.000 euros en un año entre los dos; tiene asignados cuatro policías que se turnan cada semana), hay que añadir estos tres últimos meses en los que se le mantiene la protección en Canarias: otros 13.000 euros, lo que alcanza un total de 69.000 euros hasta la fecha por guardar las espaldas del ex ministro, ahora dedicado a negocios con su firma Sorben Partners.
Además, a esos salarios se suman los gastos derivados por billetes de avión entre islas y a la Península, ya que uno de los escoltas acompaña a Soria en el vuelo y regresa en el siguiente a Gran Canaria, y del mismo modo hasta el cese del servicio en Madrid en abril pasado, un policía adscrito a la Unidad Central de Protección hacía lo propio en el vuelo de vuelta Madrid-Gran Canaria. Ahora ya vuelve solo.
Cálculos internos policiales elevan estos gastos a otros 15.000 euros, en el caso de los agentes de la Jefatura en Canarias, y 10.000 euros más por la escolta de Madrid a la isla, una cantidad menor al haber cesado esta hace tres meses. Pero durante los doce primeros meses después de su dimisión la cobertura al exministro que dice ahora haber tenido una cuenta en Suiza era total entre efectivos de Madrid y Las Palmas, según donde estuviera el protegido.
Soria viaja al menos una vez a la semana a la capital de España, donde suele pasar de martes a jueves atendiendo sus asuntos particulares, lo que supone unos 60 desplazamientos en avión, ida y vuelta, de sus guardianes públicos, que también perciben dietas de 30 euros por exceso de horas en estas funciones extras.
La decisión de proteger a altos cargos públicos es competencia de una comisión de coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad, presidida por el director del Gabinete de Coordinación y Estudios, y de la que forman parte el comisario general de Seguridad Ciudadana de la Policía y el jefe del Estado Mayor de la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil.
Por norma básica, la Comisión de Coordinación de los Servicios de Protección a Personalidades, creada en 1997, revisa cada seis meses la asignación y retirada de estas guardias, en función de unos criterios que desde 2012, ante la disminución de la capacidad operativa de la banda terrorista ETA, persigue optimizar recursos policiales para otros cometidos y la reducción del catálogo de personalidades que realmente necesiten llevar escolta por amenazas reales.
Un coche camuflado delante de su mansión
Desde su dimisión el 15 de abril de 2016, Soria también goza de escolta estática delante de su vivienda en Gran Canaria. Durante al menos siete meses, entre abril y noviembre del año pasado, el servicio se realizaba solo cuando el ex ministro se encontraba en la isla y pernoctaba en casa, una media de cuatro días a la semana.
En este caso, son funcionarios con categoría de policías adscritos a la Unidad de Protección y Seguridad (UPS) de la misma brigada de Seguridad Ciudadana. Y como sus compañeros de la UPR, sus nóminas brutas son similares, incluyendo al menos un trienio, que alcanzan los 2.130 euros mensuales, con dos pagas extra al año de su sueldo base de 720 euros cada una.
El gasto calculado de estos seis policías (repartidos en tres turnos diarios) en 2016 sobrepasa los 55.000 euros, cantidad resultante de sumar sueldos brutos de solo tres meses y medio, al pasar Soria al menos la mitad de esos siete meses fuera de la isla y no ser necesaria la vigilancia de su domicilio. En noviembre, la vigilancia estática le fue retirada coincidiendo con los seis primeros meses de servicio y la formación del nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Sin embargo, desde que el ex ministro denunciara el extraño asalto a su mansión y el misterioso robo de documentos, joyas y dinero en metálico de su caja fuerte, la tarde del 24 de diciembre pasado, la vigilancia estática de su casa ha pasado a ser completa, las 24 horas al día desde hace ya más de seis meses. Y sin que hasta hoy exista el menor indicio fiable de la autoría del robo para remitirlo a un juzgado.
Así, desde Nochebuena, seis efectivos de la UPS vigilan cada hora la mansión de Soria desde la calle, principalmente de paisano y en coches camuflados, aunque en las últimas semanas el servicio fue cubierto por patrullas de uniforme y en coches con distintivos policiales, hecho que según ha podido saber este diario disgustó a Soria hasta el punto de reclamar la vuelta de los más discretos vehículos k y que los agentes vistieran de calle. Como así ha sido desde este último fin de semana.
La vigilancia permanente de la casa de los Soria Benítez supone hasta el día de hoy otros 80.000 euros en sueldos de policías a los que se les retira de otras funciones, de la misma índole, en otros puntos fijos como pueden ser hospitales a los que se trasladan detenidos o condenados a penas de prisión, principalmente, ya sea por urgencias o por intervenciones quirúrgicas programadas.
Según han explicado las fuentes consultadas, durante las últimas semanas y con la llegada del verano y las vacaciones del personal, se han producido desajustes en las tareas de custodias de la Jefatura Superior en Canarias, al quedarse sin vehículos por estar uno asignado al puesto de seguridad de Tafira. Fue el caso del lunes de la semana pasada, con seis vigilancias fijas ese día.
Además, el domingo anterior se prestó la seguridad estática en el domicilio del ex ministro por funcionarios del Grupo de Atención al Ciudadano (091), en un vehículo combi con tres policías, como pudo comprobar este periódico. A juicio de las fuentes consultadas, esa custodia supuso una merma en la prestación de servicios de calidad a las llamadas de los ciudadanos, al retirar una dotación que es exclusiva para llamadas de urgencias.
A todos estos costes detallados hay que sumar también los gastos por combustible y mantenimiento de los dos vehículos policiales asignados a la protección de Soria, el estático desde el que se vigila su casa y con el que se desplaza con sus escoltas. El montante global supera así el cuarto de millón de euros hasta el momento.
Tanto el gabinete de prensa del Ministerio del Interior como los de la Jefatura de la Policía y la Delegación del Gobierno en las islas no han respondido a las preguntas de este periódico sobre los motivos y criterios, y las consecuencias para el trabajo diario del Cuerpo, para la protección policial de la que sigue sirviéndose Soria.
En el caso de la Secretaría de Estado de Seguridad, la explicación ha sido que “por motivos de seguridad, no tenemos esa información [su gabinete de prensa]”.
