Caso ITC: Inhibición + Atraso + Inmovilismo

Canarias está a la cola en inversión en I+D+i, pues apenas destina un 0,4% del PIB a este menester, una situación que se agrava por la delicada situación que atraviesa desde 2013 el ITC. La empresa pública ha supuesto una punta de lanza en energías renovables, tecnologías del agua, biotecnología, ingeniería biomédica o innovación y que puede desaparecer por la mala gestión de los distintos gobiernos canarios.

Jorge Rodríguez, portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Industria del Parlamento de Canarias, calificó el 10 de febrero al Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) como el “buque acorazado” de la I+D+i del Archipiélago, un buque insignia que, sin embargo, ha sido bombardeado desde hace cinco años por el propio Gobierno y que, desde entonces, navega tocado, con numerosas vías de agua a babor y estribor y está a punto de hundirse.

Y eso que desde el propio gabinete se asegura que esta empresa pública, con 23 años de vida, es vital para impulsar el cambio de modelo productivo de las Islas. Pero lo hechos demuestran que, para los distintos gabinetes autonómicos, la I+D+i es sinónimo de Inhibición+Atraso+inmovilismo.

Hace un año, la entonces candidata socialista a la Presidencia del Ejecutivo y hoy vicepresidenta, Patricia Hernández, visitó la sede del ITC y aseguró a los máximos responsables de los distintos departamentos que el cambio para ser competitivos y conseguir que el talento de los jóvenes no emigrara “pasa también por fortalecer el ITC”, por lo que defendió su implicación “en la continuidad” de esta empresa pública, que es vital “para afrontar el cambio de modelo económico y productivo que necesita las Islas”. Al parecer, no ha conseguido trasladar ese entusiasmo ni al presidente Fernando Clavijo ni al superconsejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega.

Un consejero que, como todos los anteriores, ha defendido varias veces en el Parlamento la importancia de mantener a flote una empresa pública sobre la que se deshizo en alabanzas justo un día después de que los representantes de los trabajadores y la dirección del ITC se levantaran de la mesa al discrepar sobre las soluciones para evitar decisiones drásticas como despidos en una plantilla que ya ha sufrido 60 bajas en los últimos años en una empresa que está al borde del cierre debido a su abultado déficit.

El 'Itece' sigue en la UVI

No parece, a tenor de lo sucedido en la segunda semana de febrero, que Ortega haya tenido éxito en su promesa del mes de noviembre: “no es mi intención mantener en la UVI (Unidad de Vigilancia Intensiva) al ITC, sino sacar al supuesto enfermo de ella y ponerlo a correr”.

Al igual que ahora Ortega, su antecesora en el cargo, la socialista Francisca Luengo, afirmó en 2012 que iba a reforzar las potencialidades del ITC, “no solo como empresa al servicio del Gobierno de Canarias sino como empresa al servicio de la sociedad canaria”, y en este sentido remarcó que la proyección a largo plazo del ITC “es servir a la sociedad y ser herramienta de futuro”.

Sin embargo, el mar por el que navega la nave capitana de la I+D+i de las Islas en 2016 sigue siendo tan amenazador, o más, que por el que surcó esta empresa pública en el año 2013, cuando los trabajadores tuvieron que aceptar una rebaja salarial del 14% con el fin de que el ITC no se hundiera en el fondo del océano. En aquel momento, y según Luengo, había un déficit de 1.330.000 euros que, gracias a que los trabajadores admitieron bajar el salario, pudo reducirse en 900.000 euros.

Para la entonces consejera, el ITC había podido continuar su labor sin despidos gracias a la “cintura política” del actual Gobierno regional, recordando que todos los problemas se iniciaron en la etapa en la que Luis Soria fue consejero de Industria (2003-2005), al que acusó de “enchufar” a 27 personas en el ITC y provocar “una guerra interna” con el personal del centro.

Pagar agua, luz y teléfono

Pese a esa “cintura política” de la que hizo gala Luengo, las cosas no estaban mejor en octubre de 2014, cuando Comisiones Obreras denunció que la plantilla del ITC se veía “obligada a pagar la luz, el agua y los teléfonos para poder seguir trabajando”, incumpliendo el mandato del propio Parlamento, que a instancias de Nueva Canarias, instó al Gobierno a “garantizar la sostenibilidad financiera de esta entidad adoptando las partidas económicas suficientes en la Ley de Presupuestos Generales de la CAC para 2015 y en las próximas leyes presupuestarias”.

Sin embargo, tampoco para 2015 el Gobierno destinó una partida para cubrir los costes generales de funcionamiento como sí lo hizo en otras empresas públicas (un trato discriminatorio que ha sido denunciado por todos los grupos parlamentarios de la oposición), de manera que el personal tuvo que seguir pagando con parte de sus salarios recortados los costes de funcionamiento.

Así de escorado, el ITC ha ido navegando y sorteando arrecifes hasta llegar a octubre de 2015, cuando el Gobierno elaboró un Presupuesto para 2016 en el que solamente se destinaron 550.000 euros para los gastos de funcionamiento, obviando los 850.000 euros que restaban para compensar el recorte salarial del 14%, lo que llevó al nuevo gerente, Gabriel Megías, a dejar caer que la única manera de solventar el déficit era seguir manteniendo la reducción salarial durante dos años más, pues de los contrario habría que afrontar “un ERE, o algo peor…”

Acoso y derribo

La respuesta estaba clara, y se materializó en un preaviso de huelga y un comunicado con duras acusaciones por parte de los trabajadores: “El nuevo gobierno de CC-PSOE, con Fernando Clavijo a la cabeza, y Pedro Ortega como consejero de Industria y presidente del Consejo de Administración del ITC, con un equipo de gobierno completamente renovado, parece sin embargo mostrar una línea continuadora en el acoso y derribo contra el ITC”.

“En materia de I+D+i la gestión del Gobierno de Canarias nunca ha sido clara, ni efectiva, ni ha estado a la altura de las circunstancias: planes sistemáticamente incumplidos, dotaciones presupuestarias insuficientes que nos sitúan a la cola de inversiones en España, porcentajes de ejecución ínfimos…, son sólo algunos ejemplos que describen una gestión más que deficiente, pésima. Para nuestros gobernantes, la I+D+i no son más que siglas que visten sus discursos”, apuntaba el comunicado.

“Nunca hemos planteado un ERE, no sé dónde lo han oído”, les dijo un alarmado Ortega a los trabajadores cuando se reunió con ellos para suspender la huelga y abrir una mesa de negociación sobre las medidas a adoptar con fecha límite el 15 de marzo. De momento, la primera solución puesta sobre la mesa por el consejero no ha satisfecho a los representantes laborales: incrementar un 3% el sueldo en 2015, un 6% en 2017 y un 5% en 2018, consiguiendo así que “en el peor de los casos” los trabajadores del ITC recuperen el 14% del sueldo que se les rebajó en 2013.

Mientras tanto, inasequibles al desaliento emanado por las actuaciones gubernamentales, los profesionales del ITC siguen investigando, entre otras muchas cuestiones, en  la mejora de la calidad de las aguas recreativas y costeras de la Macaronesia, el desarrollo de tecnologías sostenibles para el ciclo integral del agua, un sistema de desalación de agua del mar accionado por energía eólica, la creación de un banco genético marino, o la producción de microalgas marinas y productos derivados orientada al mercado de la alimentación.

Talento y proyectos que ahora están inmersos en la incertidumbre y que pueden desaparecer si el Gobierno sigue apostando por la  inhibición, el atraso y el inmovilismo en materia de I+D+i.