Inseguridad de presas en Gran Canaria

En la isla volcánica de Gran Canaria, cuya superficie es de solo 1.558 km², se diseñaron más de 600 grandes presas de embalse desde 1862 (siete presas escalonadas en el barranco de Tamaraceite) hasta el año 2000 (Presa del Salto del Perro, en el barranco de La Aldea), llegándose a construir más de 70 grandes presas entre 1900 y 1985. En la actualidad hay 71 grandes presas en explotación (González, 2014). Si por seguridad se entiende todo aquello que cumple todos los requisitos reglamentarios, mediante el cumplimiento de normas (de Cea y Sánchez, 2010), entonces es necesario afirmarlo con todo rigor: en Gran Canaria no hay seguridad de presas.

A mi juicio las administraciones canarias no están en forma con estas singulares estructuras hidráulicas construidas en el siglo XX (Santamarta y González, 2012). Seguramente se deba a la descomposición técnica que hubo de la autoridad que pasó de los ingenieros a pie de presa a la figura de los gestores-filólogos, pero el quid de la cuestión está en que no hay seguridad de presas en Gran Canaria desde hace más de dos décadas porque no hay vigilancia de presas: inspecciones visuales, auscultación [geotécnica, estructural y topográfica], control de los órganos de desagüe y seguimiento del comportamiento de la presa. Pero una vigilancia de presas realizada por técnicos especializados distintos del equipo de explotación, porque el objetivo de la vigilancia es la de detectar mediante la inspección visual [de fisuras, filtraciones, humedades, etc.] y la auscultación [actividad de control basada sobre mediciones físicas] todos los fenómenos que puedan comprometer la integridad estructural y funcional de la presa, incluidos sus equipamientos y obras complementarias (CNEGP, 2010).

Mantengo la tesis de que el Cabildo Insular de Gran Canaria y el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria [Cabildo-CIAGC] no están en forma con la seguridad de las grandes presas de embalse [71] que están en explotación en Gran Canaria, especialmente con las presas públicas de Chira, Ayagaures, Caidero de la Niña, Fataga, Vaquero, etc., pero también con las grandes presas de la iniciativa privada. Y no están en forma porque ambos organismos insulares no cumplen con la competencia y función de la conservación y policía de estas magnas estructuras hidráulicas (González, 2012). Hay que repetirlo constantemente: en España existe una normativa técnica aplicable y una reglamentación legal sobre seguridad de presas, pero en Gran Canaria no hay seguridad de presas.

Para defender la tesis analizamos con rigor los datos que de la Presa de Chira fueron aportados en 2011 por el Cabildo-CIAGC para otorgar la concesión del Proyecto de la Central Hidroeléctrica Chira – Soria, así como en la propia creación, evolución y contenido del patrimonio documental técnico sobre seguridad de presas elaborado desde 1990 hasta 2014: Documentos XYZT, Estudios de aliviaderos, inventarios de presas, proyectos, etc.

Así pues, mediante una conversación técnica con los múltiples documentos que han podido ser localizados y consultados sin dificultades, el objetivo final de este artículo consiste en poner de manifiesto la diferencia que existe en materia de seguridad de presas entre la impresión inmediata del presente [aceptación del riesgo de rotura o mal comportamiento de una presa sin vigilancia de presas] y la imagen del pasado [seguridad de presas a través de los proyectos, la construcción y la intensa labor del Servicio de Vigilancia de Presas del Ministerio]. Además, existe en la actualidad una oportunidad expansiva para iniciar un camino correcto en materia de seguridad con el resto de las grandes presas de embalse que están en explotación en Gran Canaria, porque el riesgo de rotura de una presa no es cero y la mayoría de nuestras grandes presas son muy antiguas y, por lo tanto, más necesarias de vigilancia y control.

Impresión inmediata del presente

¿Es la presa de Chira suficientemente segura? Dicen que estas estructuras hidráulicas son muy seguras, pero también dicen algunos ingenieros de presas que una presa mal documentada no puede considerarse segura (Alonso y Zaragoza, 2001). Chira es una presa mal documentada (González, 2011).

Frente a las posibles alternativas que se pueden plantear con la presa de Chira -una obra del maestro de presas Simón Benítez Padilla (González, 2014)- que van desde la vigilancia y gestión de su seguridad hasta la eliminación de un riesgo no gestionado mediante la puesta fuera de servicio de la presa, el titular del muro [Cabildo] y su gestor [CIAGC] han aceptado el riesgo de rotura o mal comportamiento de la presa mediante la no actuación [sin vigilancia de la presa]. Lo mismo ocurre para todas las grandes presas de titularidad pública -p.e., Ayagaures, Caidero de la Niña, Fataga, Sintes- y las de titularidad privada.

En mi opinión, el mejor ejemplo de lo expuesto está en la reciente concesión otorgada en 2011 por el Consejo Insular de Gran Canaria para el Proyecto de la Central Hidroeléctrica Chira – Soria, al incluir la siguiente obligación al concesionario: La implantación del sistema y sus obras asociadas se proyectará y ejecutará de forma que estén garantizadas las condiciones actuales de seguridad, estanqueidad del vaso, estabilidad de taludes y muro, en especial como consecuencia de las operaciones de vaciado y llenado, así como el control de la erosión y colmatación por arrastre de sedimentos, implantando aquellos medios que fueren necesario para alcanzar dichos fines.

Pregunto, ¿Cómo se puede garantizar las condiciones actuales de seguridad del muro de Chira si no hay una vigilancia de la presa realizada por técnicos especializados distintos del equipo de explotación? ¿Qué medios se han implantado en Chira que garantizan sus condiciones actuales de seguridad? Dos preguntas sencillas que también se pueden formular para el resto de las grandes presas del Cabildo que están gestionadas por el CIAGC; a las otras grandes presas públicas en explotación [p.e., Caidero de la Niña, Siberio y Parralillo]; y a las grandes presas en explotación de la iniciativa privada.

Es evidente que existe una clara aceptación del riesgo de rotura o mal comportamiento de Chira mediante la no actuación: no hay ninguna vigilancia de la vieja obra de Chira por personal técnico cualificado externo al Cabildo-CIAGC cuando el riesgo cero es imposible de alcanzar y la vigilancia es una responsabilidad del titular (Cabildo) o de la entidad operadora (CIAGC). Veamos a continuación diferentes argumentos que acreditan esta cuestión.

Hasta la fecha, la presa de Chira no ha sido clasificada en función del riesgo potencial que pueda derivarse de su posible rotura o funcionamiento incorrecto según el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (BOE núm. 14, 2008). Esta normativa, que persigue la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente, intenta despejar las indeterminaciones de la legislación precedente, aún vigente, introduciendo un nuevo concepto en materia de seguridad de presas: el riesgo.

Este nuevo enfoque, basado en el análisis y en la gestión de los riesgos potenciales de las presas, no sustituye al denominado enfoque tradicional [elaboración de documentos técnicos que deben ser aprobados por la administración: clasificación de la presa en función del riesgo potencial, normas de explotación y manuales de operación, planes de emergencia y evaluación y revisión general de la seguridad], sino que lo complementa y completa (Polimón et al., 2014). A escala local, desde 2005 no se ha redactado un plan de autoprotección de Chira para la Planificación de Emergencias de Protección Civil, según el Decreto 1/2005, de 18 de enero, que actualiza el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca) (BOC núm. 154, 2005). Chira debería de disponer de un sistema de autoprotección dotado con sus propios recursos y del correspondiente Plan de Emergencia para acciones de prevención de riesgos, alarma, evacuación y socorro.

Es indudable, por tanto, que el titular y el gestor de Chira garantizan las condiciones actuales de seguridad del muro de presa porque ambos organismos consideran que los riesgos existentes son tolerables. Ahora bien, el riesgo es tolerable si los ciudadanos -de Gran Canaria- lo toleran (De Andrés y Penas, 2003). A mi juicio la alternativa de no actuación en materia de seguridad de presas escogida por el Cabildo-CIAGC es un gran error, al poner ambas instituciones de manifiesto y de manera constante a propios y extraños que la presa de Chira es una obra hidráulica mal documentada [no segura].

En este sentido, en la información técnica de la presa de Chira aportada en 2011 por el propio CIAGC -para la concesión del Proyecto de la Central Hidroeléctrica Chira – Soria- los datos son completamente erróneos: el viejo muro de mampostería ciclópea no tiene 32 metros de altura sobre cauce, no dispone de tres tomas de agua, la capacidad de desagüe de su aliviadero no es de 80,796 m³/s, la capacidad de embalse no es de 4.030.000 m³, etc. Estos datos derivan de un inventario de presas con fecha de 2010 realizado por el propio CIAGC.

También dejan claro que desconocen otros datos muy relevantes, como p.e., las filtraciones o las características de su cimentación: una presa no puede considerarse segura si no lo es en su cimentación (Alonso, 2003). Por último, el Cabildo-CIAGC ni siquiera tiene un ejemplar del Proyecto (1947) de recrecimiento de la presa primitiva de Chira. Con esto está dicho todo acerca de cómo garantiza la Corporación Insular y su Consejo de Aguas las condiciones actuales de seguridad de la presa de Chira, y por extensión, de todas las grandes presas de embalse que están en explotación en la isla de Gran Canaria.

Respecto a los documentos que en materia de seguridad de presas han sido elaborados desde 1990 hasta la actualidad, los más rigurosos fueron realizados entre 1990 y 1994 por el Servicio Hidráulico [Gobierno de Canarias]: 10 Documentos XYZT y un estudio de la capacidad de desagüe de los aliviaderos de 50 grandes presas de mampostería con mortero de cal o mixto (cal y cemento). En 1995 el Gobierno de Canarias realizó la primera valoración económica de las actuaciones necesarias para mejorar la seguridad de las presas canarias.

Así pues, hace más de dos décadas que se confeccionaron los Documentos XYZT de las grandes presas de Siberio, Tirajana, Soria, Parralillo, Caidero de la Niña, Gambuesa, Mulato, Hoyas, Fataga y Ariñez. Estos documentos técnicos permiten juzgar rápidamente sobre sus condiciones de seguridad, pero ninguna administración [Gobierno de Canarias o Cabildo-CIAGC] tiene la colección completa. Posteriormente se realizó en 1994 el “documento XYZT” de las presas de mampostería ciclópea: un estudio serio, estricto y riguroso de la capacidad de desagüe de los aliviaderos frente a la avenida máxima de cálculo con periodo de retorno de 500 años. Por cierto, la capacidad de desagüe del aliviadero de Chira sin llegar a verter por coronación es de 141,233 m³/s [comportamiento bueno]. Así pues, con estos documentos técnicos el Gobierno de Canarias encargó en 1995 la primera de las dos valoraciones económicas realizadas en los últimos 20 años para definir las actuaciones necesarias para mejorar la seguridad de las presas.

En la segunda valoración -Evaluación de los requerimientos de control y auscultación de las presas del archipiélago y la determinación de los elementos de control y auscultación necesarios en cada una de ellas (2009)- no se dice nada en el apartado de antecedentes sobre la primitiva valoración económica realizada en 1995: un error del Gobierno de Canarias. Ahora bien, lo realmente grave es que el CIAGC no facilitase a los ingenieros de la consultora el estudio de la capacidad de desagüe de los aliviaderos de las 50 grandes presas de mampostería.

Consultado el documento en su totalidad se comprueba que de 71 grandes presas en explotación que hay en Gran Canaria sólo se realizó la evaluación de los requerimientos de control y auscultación de 23. Las presas del Mulato y Fataga, que tienen Documentos XYZT y población, bienes y medio ambiente aguas abajo, no fueron incluidas en la evaluación. Tampoco se incluyeron en la selección las presas más antiguas: p.e., Pinto, Marquesa, Garzas, Mondragones, Hormiguero, Salvia India, Cardoso, Pintor o Sabinal. A mi juicio, tanto la selección de las obras como las conclusiones finales sobre el estado de las grandes presas que están en explotación en Gran Canaria hubiesen sido muy diferentes si el Gobierno de Canarias y el CIAGC hubiesen facilitado a la consultora la valoración económica de 1995 y el estudio de los aliviaderos de todas las presas de mampostería de cal o con mortero mixto de 1994.

Repito: una presa mal documentada no puede considerarse segura cuando la información técnica facilitada en 2009 por el CIAGC a los ingenieros externos de la consultora dice que el muro de Chira tiene 32 m de altura sobre cauce, 210 m de longitud de coronación y una capacidad de embalse de 4.03 Hm³. Ninguno de estos tres datos se corresponde con lo construido (González, 2011). En definitiva, el Cabildo-CIAGC siempre ha demostrado desconocer las características de lo que tanto le costó construir en el barranco de Chira. En 2009 no facilitaron el estudio del aliviadero de Chira para una mejor determinación de los elementos necesarios para su control y auscultación, mientras que en 2011 aportaron una memoria técnica de Chira con datos que no se corresponden con lo construido.

Conclusión: desde 2011 las condiciones actuales de seguridad del muro de embalse de Chira sólo se garantizan mediante la aceptación de su posible rotura o funcionamiento incorrecto porque la administración insular considera que los riesgos son tolerables. No hay inspecciones visuales, auscultación, control de los órganos de desagüe y seguimiento del comportamiento del muro de Chira por técnicos especializados distintos del equipo de explotación y tampoco hay conocimiento de lo construido, tan necesario para sus modificaciones, adaptaciones o mejoras (Girón y Vázquez, 2010). Lo mismo ocurre con el resto de las grandes presas.

Imagen del pasado

En 1862 el ingeniero Juan León y Castillo escribió en el proyecto de presas de mampostería en el barranco de Tamaraceite que “la estabilidad de una presa no se puede ver comprometida por un vertido por coronación, una cuestión que sabrá comprender todo el que conozca los funestos efectos de las caídas aguas abajo de una presa”. Las siete presas escalonadas tenían desagüe de fondo para limpiar los “depósitos”. En 1867 el ayudante Pedro Maffiotte también diseñó un “cañón de desagüe” en el proyecto de la presa de Pinto (Arucas). La construcción de grandes presas en Gran Canaria comenzó en 1902 con la firma y tramitación de los proyectos de San Lorenzo (González, 2009) y Pinto (González, 2013). La mayoría de las presas que se diseñaron en las primeras tres décadas del siglo XX eran de gravedad, planta curva, con perfil tipo esbelto, talud de aguas abajo escalonado, talud de aguas arriba vertical, varias tomas de agua y con una galería de limpia.

Durante la primera mitad del siglo XX algunas presas diseñadas con planta curva pasaron a ser rectas [p.e., Niñas], con talud de aguas abajo liso [p.e., Cardoso] e incluso más robustas [p.e., Niñas o Chira]. Y no sólo se diseñaron y construyeron galerías de fondo para el caso excepcional de tener que desalojar toda el agua por accidentes inesperados o averías, sino que se tomaron decisiones en materia de seguridad durante la construcción [galería número 5 de la Presa de Majada Alta (González, 2009)].

En 1947 el ingeniero Alfonso Caballero de Rodas no diseñó para Chira un desagüe de fondo para producir un rápido vaciado del embalse en caso de peligro por rotura del muro, examinar las filtraciones o vaciar el embalse para eliminar en parte los sedimentos depositados, sino una galería de servicio para la toma inferior [1,00 m de ancho por 1,20 m de alto]. Sus dimensiones eran inferiores a otras galerías de fondo –Presa de los Pérez-, pero para los presistas estas galerías de servicio o de limpia tenían como segundo objetivo el de la seguridad. Lo sorprendente es que en Chira no se construyó la galería de servicio según lo proyectado, mientras que en otras presas los titulares las condenaron. En la magna bóveda de Soria se construyó su desagüe de fondo, pero luego fue condenado (González, 2010).

La labor del Servicio de Vigilancia de Presas en las Islas Canarias se inició en 1964 con el objetivo de aumentar el grado de seguridad de estas construcciones. A raíz de las visitas a las presas los ingenieros Manuel Alonso Franco y José Luis Fernández Casado elaboraron informes de sus condiciones de seguridad y todas las presas en construcción o en fase de diseño [nuevas o recrecimientos de presas antiguas] entraron en un camino de racionalidad (Sáenz, 2009).

La valoración general de Alonso Franco en 1964 acerca de la estabilidad de estas presas, determinando la suma de taludes necesaria -en un perfil triangular con vértice teórico coincidiendo con el nivel máximo de la lámina de agua- para garantizar la estabilidad de la presa, todo ello en función del peso específico de la fábrica y la magnitud de la zona sometida a subpresión máxima [considerando un peso específico de fábrica de 2,25 Tn/m³ y una sección resistente de al menos la mitad de la sección, se obtiene una suma de taludes mínima de 0,85, por debajo de la que la seguridad queda comprometida], se sostiene en la actualidad pero debe entenderse de forma general (Saldaña, 2011). Según declaró el propio José Luis Fernández Casado en 1964, una hipótesis más favorable que la posible.

En 1972 el Servicio Geológico de Obras Públicas (SGOP) estableció que la densidad de la fábrica de la presa de las Niñas era muy baja, del orden de 1,80 Ton/m³, por lo que la estabilidad debía ser precaria (González, 2009). La densidad de la mampostería de Chira es inferior a 2,3 Ton/m³ y próxima a 2,00 (González, 2011).

En 1966 el Servicio de Vigilancia de Presas planteó en una nota interna que la administración [en la actualidad el Cabildo-CIAGC] debe sentirse preocupada por la seguridad de las presas construidas y en explotación en Gran Canaria porque el número de presas que no responden al concepto más actualizado que debe tenerse de este tipo de estructuras es muy elevado: la mayor parte de ellas de construcción muy antigua y con ausencia de galerías de visita, drenaje de la fábrica, desagüe de fondo y a veces de aliviadero de superficie. Frente a la relación que debe existir entre la administración que tiene la competencia en materia de seguridad de presas [Cabildo-CIAGC] y la aplicación de los elementos de control y auscultación en las presas privadas [de particulares, heredades y comunidades], los ingenieros de presas plantearon –recordando que para la construcción la iniciativa privada cumplió con todo lo que se les exigió en su momento- que se podía estudiar una solución general para que en las presas privadas sin recursos ni personal técnico idóneo la administración [Cabildo-CIAGC] se hiciera cargo de su garantía estructural, corriendo a cargo de los gastos de auscultación y refuerzo necesario a las obras. Comparto esta vieja solución general de los ingenieros.

Hemos llegado al final de este breve trabajo no científico, pero de intenso recorrido histórico, técnico y cultural. A lo largo del mismo hemos intentado mostrar y demostrar la tesis planteada al inicio de la obra, así que a modo cuasi de epílogo diremos que en el pasado la administración estaba a pie de presa, mientras que en el presente la política de gabinete ha escogido aceptar el riesgo de rotura o funcionamiento incorrecto de Chira [nuestra presa tipo] mediante la no actuación [sin vigilancia de la presa]. El Cabildo-CIAGC considera que los riesgos existentes son tolerables, ahora bien, una presa mal documentada no se puede considerar segura, sobre todo desde que garantizaron sus condiciones actuales de seguridad en 2011 sin medios para alcanzar dichos fines. Con esto está dicho todo.