Participación ciudadana: entre la consulta y la manipulación

Miércoles 9 de junio de 2010: el Parlamento de Canarias aprueba la Ley canaria de fomento a la participación ciudadana con el respaldo de CC y el PP y el voto en contra del PSC-PSOE, que se opuso fieramente a su artículo 22, que buscaba poder convocar consultas ciudadanas en las islas. Solo cuatro años después, los socialistas, ahora en tareas de gobierno, apoyan el desarrollo de ese texto para que los canarios puedan ser escuchados sobre las prospecciones petrolíferas.

En España, y en Canarias, se ha tendido a identificar democracia con procesos electorales, obviando que valorar el grado de participación política que existe en una sociedad no se puede reducir al número de personas que votan en unos comicios, sino que también deben tenerse en cuenta las concentraciones y manifestaciones, el respaldo a iniciativas legislativas populares o la demanda de consultas ciudadanas.

Pero desde la irrupción del Movimiento 15-M y de los ‘indignados’ como nueva fórmula sociopolítica se visualizó que el creciente cuestionamiento del funcionamiento de las instituciones se centra, precisamente, en las de carácter representativo.

Ya es difícil en 2014 que cualquier gobierno o partido político se muestre abiertamente reticente a la iniciativa popular legislativa y constitucional, aunque si se cortocircuita todo lo relativo a las audiencias ciudadanas en el procedimiento legislativo y los mecanismos de control ciudadano.

Este elitismo escondido (lo que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, denomina ‘la Casta’) considera que únicamente los que integran el Parlamento tienen capacidad suficiente para deliberar y decidir acerca de la ‘cosa pública’.

La séptima Legislatura, primer mandato de Paulino Rivero al frente del Gobierno de Canarias, estuvo jalonada de fuertes y agrios enfrentamientos entre los grupos del Ejecutivo, el gabinete mismo, y el único partido entonces en la oposición: el PSC.

Uno de esos episodios estuvo protagonizado por el proyecto de Ley de fomento de la participación ciudadana que ahora blande el Gobierno para dar la voz a los canarios en el polémico asunto de las prospecciones petrolíferas con el fin de, según varios dirigentes conservadores, convertir a la ciudadanía en una nueva arma social y política que arrojar contra el ministro y líder del PP canario, José Manuel Soria, y por extensión contra el gabinete que preside Mariano Rajoy.

Precisamente, ese argumento que ahora se esgrime desde el PP es el que blandieron hace cuatro años los socialistas para oponerse a un texto que, según palabras de su entonces portavoz parlamentario, Santiago Pérez, solamente buscaba “manipular y teledirigir” a la opinión pública.

Al PP, instalado en La Moncloa, le sucede lo que anteriormente al PSOE: considerar las elecciones parlamentarias como actos plebiscitarios con los que se identifica la voluntad expresada por la mayoría en las urnas con la de la colectividad total.

En base a esas tesis, tradicionales en la democracia española, las elecciones son un sistema de ratificación periódica de la orientación política ofrecida por los partidos.

Evidentemente, esa concepción se ha hundido porque llevada al extremo significa que si la voluntad de la mayoría es la de toda la sociedad (como plantean los detractores de la democracia participativa) y no necesita negociar o discutir con otras voluntades para llegar a formar la voluntad común, las Cortes y los parlamentos regionales están de sobra.

'Plan Riverretxe'

En 2009 y 2010, cuando la Ley de Participación Ciudadana se tramitó y aprobó en Canarias, aún no había eclosionado el soberanismo catalán, pero eran tiempos muy cercanos a la consulta popular que intentó poner en marcha el ex lehendakari Juan José Ibarretxe en Euskadi.

Por eso, no es de extrañar que el texto fuese llamado ‘Plan Riverretxe’ por los socialistas en la oposición, al permitir consultas populares que incumplían la normativa estatal y que estaban vinculadas al “pseudo soberanismo” defendido por una parte del Gobierno.

“El Gobierno pretende instaurar un tipo de consulta sin que se acomoden las consultas a la legislación estatal y eso obedece a algo. Toda actuación tiene una orientación y si uno reflexiona llega a una serie de conclusiones, como que se quiere implantar una cultura plebiscitaria o autoritaria para conseguir el respaldo a las decisiones del poder”, decía el portavoz socialista.

“Votar en contra es querer silenciar la voz de los ciudadanos”, replicaba la conservadora María del Mar Arévalo desde la tribuna de oradores al asegurar que el texto denostado por los socialistas era un compromiso del Gobierno para “facilitar información y someterse a los ciudadanos más allá de los periodos electorales”.

Un argumento parecido a los usados en ese debate por la nacionalista Nuria Herrera, pues no en vano la Ley era un proyecto que emanaba de la Consejería de Presidencia que dirigía José Miguel Ruano.

“La ley establece la participación en la política y la acción de gobierno porque queremos una sociedad más dinámica y viva. Es un punto y seguido, un complemento de la interconexión entre ciudadanos y Administración”, replicó al PSC.

Pero no solamente el PSC puso reparos al texto, pues el Consejo Consultivo fue bastante duro con el proyecto elaborado por el Ejecutivo y el Consejo Económico y Social de Canarias también argumentó que el articulado tenía importantes lagunas jurídicas y económicas.

Según el Consejo Consultivo, el anteproyecto de la nueva norma no aclaraba convenientemente que el derecho a la participación que pretendía regular debía ejercerse en el terreno administrativo y no en el político y que en la propuesta de ley se introducían también “regulaciones paralelas y hasta contradictorias, no sólo con la normativa autonómica, sino también con la del Estado”.

Participación política y participación ciudadana

Por estos motivos, una de las enmiendas conjuntas de PP y CC al polémico apartado 3 del artículo 23 fue la supresión de este llamamiento a las consultas a la ciudadanía “convocando al cuerpo electoral” y convertirlo en una Disposición Adicional en la que, literalmente, se establece que “la participación ciudadana a través del referéndum se regula de conformidad a lo establecido en el Estatuto de Autonomía, la Constitución española y la legislación básica estatal”.

De esta manera, (“dentro de la Ley”, como ha asegurado el actual líder socialista y vicepresidente del Gobierno, José Miguel Pérez) nacionalistas y conservadores pretendieron rebajar las críticas que recordaban que según la Constitución la convocatoria de un referéndum consultivo (como ha quedado claro con el ‘caso catalán’) requiere autorización previa del Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, a solicitud del presidente del Gobierno de España, que debe contener los términos exactos en que haya de formularse la convocatoria.

Por este motivo, la enmienda presentada en su momento por el grupo socialista fue de supresión total de este tipo de consulta por “respeto a la Constitución y a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la distinción entre participación política y participación ciudadana”.

Sin embargo, los socialistas no aludieron en ninguna de sus 26 enmiendas a otra polémica figura que incluía el proyecto de Ley, que era la de los llamados tribunales ciudadanos, también cuestionados por el Consejo Consultivo.

Quienes si modificaron esta nomenclatura fueron los grupos de CC y PP, que en su nueva propuesta pasaron a denominarlos jurados ciudadanos.

Este instrumento de participación ciudadana estará compuesto por diez personas seleccionadas “mediante sorteo” por el “órgano administrativo que quiera conocer la valoración de una actividad pública” entre todos aquellos inscritos en el ‘Registro de Participación’.

El jurado ciudadano tendrá como función “valorar la eficacia y el resultado de una iniciativa concreta o un programa de actuación llevado a cabo por la misma Administración Pública”.

Sondeos y encuestas

Con todo, y después de la trifulca política, desde hace cuatro años los canarios y canarias tienen derecho a dirigirse, individual y colectivamente, a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, para elevar propuestas de actuación, comentarios o sugerencias sobre materias de su competencia o de interés autonómico.

Y lo fundamental en el conflicto petrolero que enfrenta a la práctica totalidad de las instituciones canarias con el Ejecutivo central: “El Gobierno canario podrá, a instancias del presidente, recabar la opinión de la ciudadanía sobre asuntos de interés general de competencia autonómica, mediante sondeos, encuestas o cualquier otro instrumento de participación ciudadana”.

Y eso es lo que precisamente ahora va a desarrollarse a través de un Reglamento, como anunció el presidente Rivero el 2 de junio, pues la ciudadanía canaria “de una forma u otra va a tener oportunidad de expresarse”.

No será mediante un referéndum al uso con una papeleta en una urna. Ambas serán, posiblemente, eléctrónicas y los colegios electorales se abrirán en Internet.

Tras el anuncio de Rivero, respaldado por el Gobierno en pleno, solo queda por dilucidar el vehículo que decidirá el Ejecutivo canario para que en La Moncloa quede clara la postura de los residentes en la Macaronesia española sobre la extracción de petróleo cerca de sus costas.

[Este es un contenido Premium de CANARIAS AHORA SEMANAL. Hazte Lector Premium para leerlos todos y apoyar a sus periodistas]