El enigma de la nueva factura eléctrica
Canarias está a la cabeza de España en pobreza energética según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE y el indicador subjetivo de capacidad para mantener la vivienda a una temperatura mínimamente adecuada (en torno a 21 grados centígrados en invierno y en verano). Son datos del primer estudio de pobreza energética de la Asociación de Ciencias Medioambientales.
De acuerdo con ese estudio, que data de 2010, una de cada diez familias españolas (unos cuatro millones de personas) no tiene capacidad económica para pagar una cantidad de energía que les permita satisfacer sus necesidades domésticas, o puede pagar pero la factura les supone una parte excesiva de sus ingresos, lo que les aboca a la precariedad en otras áreas esenciales de la existencia, como la alimentación.
Afecta especialmente a los ancianos (sobre todo en zonas que necesitan calefacción), los enfermos crónicos y los niños, que sin electricidad no pueden acceder a internet, o siquiera estudiar por no poder encender una bombilla. Aún más grave, la Asociación de Ciencias Medioambientales estima que esta pobreza ha sido responsable en España de entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras en los últimos años.
La pobreza energética es una gran desconocida. Ha sido definida por la doctora de la Universidad de Oxford Brenda Boardman. El bienestar energético en un hogar se logra cuando se puede abonar un gasto energético que no suponga más de un 10% de los ingresos que se perciben, pero también depende de la calidad de la vivienda en cuanto a retener el calor, a lo que hay que sumar instalaciones eléctricas adecuadas y electrodomésticos que no consuman más de un tercio de la potencia contratada.
El segundo estudio, basado en la encuestas del INE de Condiciones de Vida y de Presupuestos Familiares (EPF), y que será publicado en breve ya adelanta que el problema se ha agravado y alcanza al 15% de los hogares españoles, es decir, por encima de los seis millones de personas.
En este problema, que para algunos agentes sociales es aún más grave que las carencias en sanidad o educación, tiene mucho que ver la factura de la luz, que se ha incrementado en España un 63% entre 2008 y 2013 según datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat). Según Facua-Consumidores en acción, el incremento ha sido de un 78% en diez años.
No solo es el precio de la generación y transporte de la electricidad, los peajes y los impuestos, sino la dificultad para los consumidores a la hora de reclamar importes que se consideran excesivos, y el panorama que se avecina no es muy alentador. Si la factura de la luz ya es un quebradero de cabeza para millones de españoles, incluso los que pueden pagar, más lo va a ser más a partir del 1 de abril, cuando se comience a computar el gasto eléctrico hora a hora mediante los llamados contadores inteligentes.
La auditora Price Waterhouse Cooper ha señalado que el caso español es único en el mundo, ya que cuanto más se paga, más se debe. En relación a la Ley del Sector Eléctrico, que se aprobó en diciembre pasado, critica que “se limita la introducción de nuevos costes en el sistema eléctrico sin que venga acompañada de un aumento equivalente de los ingresos (de las compañías eléctricas, no de los ciudadanos)”.
La pobreza energética, por tanto, sigue en segunda línea de la reforma eléctrica española. La ley 24/2013 de 26 de diciembre no recoge la propuesta que presentó Izquierda Plural para la adopción en la misma de medidas para prevenir la pobreza energética y también para que se aumentase la cuantía del bono social y del espectro de ciudadanos que puedan acogerse al mismo.
Así que poco o nada se ha avanzado, o en todo caso, si se ha avanzado algo no lo sabremos hasta conocer las consecuencias de la supresión del sistema de subastas trimestrales llamadas Cesur, en las que establecían mediante pujas (virtuales, nunca con presencia física) el precio de la luz para los siguientes tres meses. Ese precio estaba protegido con contratos de cobertura financiera.
Esas entidades financieras ejercieron como intermediarias para la compra de energía en las 18 subastas que se han llevado a cabo desde 2009 hasta el último trimestre, y compraban una energía que luego vendían a las comercializadoras de último recurso de las grandes empresas del sector: Endesa, Iberdrola, Gas Natural, HC Energía (EDP) y Eon.
En 16 de esas 18 subastas, las intermediarias que compraban para vender la energía, con lo se especulaba con el precio de la electricidad en España, obtuvieron beneficios millonarios, de forma que los ingresos caían, pero los costes aumentaron, hasta provocar agujeros estructurales de entre 10.000 y 11.000 millones de euros anuales.
Entre esas intermediarias, las principales eran bancos de los que sin duda habrán oído hablar: Morgan Stanley, Goldman Sachs, Royal Bank of Scotland y Deutsche Bank. Entre julio de 2009, cuando se instauran las subastas, hasta diciembre de 2010 se embolsaron unos 726 millones de euros, que pagamos los consumidores por encima del precio real de la electricidad.
Polémica con el cambio de lectura en abril
El cambio anunciado por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, para modificar la lectura de la luz a partir del 1 de abril, de forma que el consumo se calcule cada hora según los precios del mercado, tiene muchas lagunas, algunas graves y, una vez más, en contra de los ciudadanos, ya que el Plan de Sustitución de Contadores, auspiciado por la Unión Europea y que arrancó en 2012, concluye en 2018.
Ese Plan prevé que para finales de este año 2014 se hayan renovado el 35% de los contadores, y para el 31 de diciembre de 2016, estén instalados y renovados un 70%. Mientras tanto, solo habrá unos hogares a los que se les pueda hacer la nueva lectura, más precisa y “real”, y otros a los que se les hará una lectura estimada, en función de su perfil de consumo.
Los contadores que hay que cambiar son los acogidos a la tarifa de Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC), instaurada a finales de año y que sustituyó a la Tarifa de Último Recurso (TUR). Son hogares con una potencia contratada inferior a 10 kiloWatios (10kW). La mayoría.
En Canarias, según datos facilitados a Canarias Ahora por la directora general de Industria y Energía del Gobierno autonómico, María Antonia Moreno Cerón, faltan por instalar unos 830.000 contadores. Hay instalados unos 400.000, pero activos hay poco más de 100.000. Moreno Cerón se mostró crítica con la reforma de Soria:
“No se reforma el mercado viario y apenas se ha dado tiempo para la adaptación al nuevo sistema de lectura, que será más complejo y con ello, será mayor la opacidad en las facturas”, añade.
En realidad, la reforma del sector de la electricidad no ha gustado a ninguno de los agentes implicados. La patronal incide en que aún no hay medios técnicos para esa lectura “al detalle” que se pretende mediante los contadores inteligentes, porque esa lectura se lleva a cabo desde centros telemáticos remotos, muchos de los cuales aún están en fase de proyecto, dado que falta cuatro años para que finalice el Plan.
Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, calificó la nueva lectura de “muy compleja” en Londres el pasado 19 de febrero, durante la presentación de resultados de la compañía. “No se puede llevar a cabo todo el proceso en tan solo un mes”.
Galán, de paso, acusó a la reforma del sector de la electricidad de que la empresa a la que representa no haya obtenido todos los beneficios deseados.
Iberdrola tuvo beneficios en 2013 superiores a los 2.000 millones de euros, pero podrían haber sido 1.310 millones más, según lo calculado por el consejero director general de la compañía, José Luis San Pedro. Ese dinero de menos se debe, dijo en Londres, a la reforma energética que ya se anunció en julio pasado.
Si a la patronal no le gusta la reforma, aún le gusta menos a las asociaciones de consumidores, como Facua, y organizaciones sociales, como la canaria Plataforma por la Dignidad de las Personas, principalmente por la discriminación entre consumidores y también porque dudan de que las nuevas mediciones del gasto energético vayan a suponer la rebaja que pronostica el ministro Soria, de un 3% más o menos, en el coste marcado en cada factura.
“El precio diario seguirá dependiendo de un mercado en manos privadas, pero por encima de todo y peor, inciden, porque será el único producto que se pague sin tener conocimiento a priori de cuánto cuesta ese producto”, afirma Eloy Cuadra, representante de la Plataforma por la Dignidad de las Personas.
La Directiva en el limbo
“Va en contra del consumidor en todos los sentidos”, afirman en Legalaria, portal especializado en la defensa legal de derechos de los consumidores. “En contra de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación y en contra de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. La nueva normativa lejos de adaptarse a las exigencias de la Unión Europea, aumenta la brecha en el problema del sistema eléctrico español, por el que las empresas privadas llevan años obteniendo beneficios, pero los ciudadanos pagan más por menos”.
“Es más, la compañía eléctrica tendrá información cada veinte minutos, aunque el precio se fije de hora en hora, del consumo de un hogar. Sabrá de forma minuciosa cuando encendemos el televisor o el microondas, es un paso menos en nuestra intimidad, pero es que el consumidor no tendrá acceso a esa información que es suya. Todo nuestro horario energético estará en manos de esas grandes empresas, y es una información muy valiosa”.
Esas exigencias a las que se refieren en Legalaria se plasman en la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, de obligado cumplimiento para los Estados miembros de la UE, pero sobre la que aún no se ha dado un paso en las Cortes españolas en esa dirección.
La Directiva aprobada hace más de cuatro años busca crear un mercado interior de la electricidad en la Comunidad europea, pero también busca una igualdad de derechos entre sus ciudadanos, “sin discriminación ni desventaja de ningún tipo”. Pero la verdad es que “no existe todavía un acceso a la red no discriminatorio ni tampoco un nivel igualmente efectivo de supervisión reguladora en cada Estado miembro”, lo que es básico para ese mercado interior.
Igualmente, la norma comunitaria especifica en su letra c) que es derecho de los consumidores “recibir información transparente sobre los precios, tarifas y condiciones generales aplicables al acceso y al uso de los servicios de electricidad, pero en su letra d) aprueba el pago por adelantado ”de acuerdo a un consumo probable“, solo que en el caso español, el coste de ese consumo se desconoce a priori, lo que supone un desequilibrio respecto a las compañías eléctricas, distribuidoras y comercializadoras, que siempre sabrán de antemano ese precio.
Para Alberto Nadal Belga, secretario de Estado de Energía, esta última reforma responde a la necesidad de cambios “de calado”. En una entrevista con El País, publicada el pasado 8 de febrero, Nadal sostiene que se trata de una reforma “bien pensada y meditada”, que se ha elaborado con el respaldo de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia y que va a traer “transparencia y equilibrio” a este sector marcado por las turbulencias.
Sin embargo la patronal de las eléctricas, Unesa, y las asociaciones de consumidores se quejan de que ni siquiera hayan sido escuchados en el Ministerio que encabeza José Manuel Soria.
“No es cierto”, rebate Nadal Belga. “Les hemos escuchado, otra cosa es que les hagamos caso en todo”.
Facturas desorbitadas, errores de facturación...el ciudadano es el que paga
Prueba de que los agentes sociales no han sido escuchados en esta reforma, en la que no se ha transpuesto la normativa europea, es la denuncia que Facua-Consumidores en Acción elevó en diciembre pasado contra el Gobierno español ante Bruselas por no garantizarse la protección de los consumidores vulnerables, ni unos precios de la electricidad “razonables, fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios”.
En su denuncia, Facua destaca que la única medida a favor de esos ciudadanos vulnerables es el bono social creado en 2009, que consideran un fracaso ya que apenas responde a los objetivos fijados en la Directiva de la UE, tanto porque la tarifa apenas se reduce unos cinco euros mensuales, y porque no pueden acogerse al mismo millones de familias que están abocadas a la exclusión del suministro eléctrico.
El bono social es uno de los caballos de batalla de las organizaciones sociales. Para acceder a él, todos los miembros de una familia tienen que estar en paro, la potencia contratada no puede ser superior a 3,3 kW, o si se es pensionista, se tiene que percibir la pensión mínima.
“Lo grave es que quienes tienen una potencia de 3,3kW son penalizados si la superan en 500 kWh, lo que resulta fácil si hay muchos miembros en la familia o en los meses más fríos”, argumenta Facua. Según la web del Ministerio, este beneficio supone una reducción del 20% de la factura, pero según la Plataforma por la Dignidad de las Personas, apenas se traduce en 5 o 10 euros menos.
Las cinco grandes de la electricidad en España se han opuesto a costear ese bono social desde que se implantó, por lo que un porcentaje del mismo es pagado por el resto de los españoles en esa parte de la factura que se denomina peajes de acceso. Entre esos peajes está el transporte, la distribución, el coste que supone generar electricidad en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, y además una porción de ese déficit tarifario que se generó tras las medidas adoptadas para el sector por el Gobierno de Aznar y que no baja de 30.000 millones de euros.
Esa porción a la que nos referimos supone un 10% de la factura que usted paga cada dos meses. Con la reforma actual, seguirá cubriendo de su bolsillo el déficit, aunque podrá elegir entre el pago mensual, bimensual, o incluso contratar un pago fijo al mes que, sin duda, le resultará más caro.
En ocasiones, más de las que cabría sospechar, la facturación excesiva de los contadores se debe a una instalación deficitaria por parte de la propia compañía con la que se ha contratado la distribución de la energía. Aunque la compañía admita su error, si ha cortado la luz cobrará por el reenganche, lo que para las familias con menos rentas supone la imposibilidad de recuperar ese bien tan fundamental para una vida normalizada.
La abogada de Legalaria, Ágora Rosales Merenciano, ganó un juicio a Endesa en el año 2010, y la sentencia fue ratificada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. “Endesa reclamaba a mi cliente una factura de 2.721,99 euros derivada de lecturas estimadas. El caso es que el contador no estaba bien instalado y marcó en un periodo el mismo consumo que en todo un año”, explica.
“Tras reclamar una revisión de esas facturas, fuimos a juicio porque las cantidades no estaban justificadas, resultó que la propia Endesa fue incapaz de demostrar de donde salían esas cantidades, imposibles para una vivienda normal. Los técnicos que actuaron como peritos afirmaron que era imposible ese gasto ni siquiera teniendo todos los electrodomésticos en pleno funcionamiento las 24 horas del día”, añade la letrada.
Según Rosales Merenciano, “lo más injusto es que ni la propia Endesa puede explicar de dónde salen sus costes. Y hay que recordar que siempre que la lectura real sea posible, no caben lecturas estimadas”.
No es un caso aislado, aunque son pocos los consumidores que pueden o se atreven a replicar a Unelco-Endesa ante un juez. Hay quienes optan por reclamar ante la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. La directora general de Energía, María Antonia Moreno Cerón, indica que en 2013 se presentaron unas 1.200 denuncias contra Unelco, algunas por corte indebido del suministro y en torno a un 50%, por supuestos errores en la facturación.
No se conoce el resultado de esas denuncias dado que la Consejería no es precisamente un ejemplo de transparencia informativa en materia de consumo.
De hecho, el Gobierno canario es el único que no hace públicos los datos de las reclamaciones de los consumidores, y desde 2011 no se conoce cuántas resoluciones se han resuelto a favor o en contra del reclamante, ni cuántos expedientes se han abierto o han sido archivados. Da igual la materia de que se trate. La misma política de opacidad afecta a todo de tipo de denuncias, incluso al sistema de arbitraje, del que tampoco hay dato alguno.
Multas millonarias por enganches ilegales
Lo que si se sabe es que hay miles de familias en Canarias sumidas en la pobreza energética. Uno de los casos más graves que ha transcendido a la prensa es el de 132 de familias que accedieron a una vivienda de protección oficial en Geneto (San Cristóbal de La Laguna.Tenerife), y que desde que entraron en su nuevo hogar, el simple gesto de encender la luz les supone una angustia.
Pese que pagan alquileres sociales, en función de sus ingresos (hay familias con cuotas de unos 50 euros), la factura de la luz ronda en la mayoría de los casos los 200 euros. “Se trata de viviendas normales, con termo eléctrico, cocina, nevera, televisor, es decir, sin extras que puedan disparar el gasto más allá de lo razonable”, explica el activista Eloy Cuadra, denunciante del problema de estas viviendas.
“Incluso hay una afectada con la luz cortada y que sigue recibiendo facturas de más de 100 euros. En Unelco dicen que es por mantenimiento y alquiler del contador. No hay quien acepte ese supuesto gasto desmesurado, que ronda los tres euros diarios”.
En comparación con otra vivienda con las mismas condiciones y uso de electrodomésticos, la facturación se multiplica por tres. “Solo cabe que haya una mala instalación por parte de Unelco-Endesa”, puntualiza Cuadra.
“No se trata de un caso aislado. Lo curioso es que dos bloques de los tres que componen esta urbanización en Geneto tienen el mismo problema con la luz, mientras que el bloque que no tiene problemas con la factura de la luz, los tiene con las facturas del agua”.
Estos cobros excesivos fueron llevados a un Pleno en el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna a finales del pasado año, en una moción presentada por Socialistas por Tenerife. “La moción fue aprobada, y una expedición del grupo de Gobierno visitó las viviendas, con el socialista Javier Abreu a la cabeza. Y ya está. No se ha hecho nada más. Igual que no ha hecho nada la directora general de Energía, salvo recibirnos amablemente”, dice Eloy Cuadra.
“Fastidia cómo nos vacilan estos políticos”, añade el activista social. “Reconocieron que eran consumos excesivos para una familia media. Lo peor es que, al ser viviendas sociales en alquiler, no se puede cambiar el termo eléctrico por uno de gas, ni bajar la potencia a 3,3 kW, sin contar con un permiso de la Consejería de Cultura, Deportes, Política Social y Vivienda. Hemos pedido esos permisos, pero nada”.
Hay familias canarias que han optado por el camino de en medio y han hecho reenganches ilegales tras sufrir el corte del suministro eléctrico. A modo de ejemplo, en el santacrucero barrio de Añaza, hay unos 80 hogares reenganchados, algunos de ellos, a farolas.
De acuerdo con la legislación actual, esos enganches ilegales son una falta muy grave que puede conllevar sanciones de entre 6.000 y 60.000 euros. Quienes viven el problema, ni siquiera piensa en esta amenaza.
“No sé de dónde me van a cobrar ni 6, ni 60, ni 6.000 euros. Es que me da la risa”, dice Xiomara, una mujer separada y con tres hijos de 12, 7 y 3 años, vecina de un barrio del norte de Santa Cruz de Tenerife
En julio le cortaron la luz por una deuda de 309 euros que no reconoce. “Yo pagaba una media de 50, 60 euros al mes. De repente me vino esa factura por un error en la lectura del contador. Unelco reconoció el error, pero ahora me pide cerca de 400 euros por el enganche. Solo tengo 420 ingresos al mes. Sencillamente les digo a Unelco que mis hijos tienen que ducharse y comer caliente, y por delante de ellos no hay nada”.
Es una visión diametralmente opuesta a la que exhibe la Asociación Española de la Industria Eléctrica, Unesa, que aglutina a las cinco grandes compañías del sector.
En el programa de La Sexta Salvados, en el que se abordó la pobreza energética, el presidente de Unesa, Eduardo Montes, calificó la electricidad “como un producto igual que otro cualquiera, igual que un coche o una lata de sardinas (...) Somos empresas privadas que vendemos y comercializamos ese producto”.
Montes recalcó que el problema de la pobreza energética “debe solucionarse desde la política. No tienen que ver con nosotros las políticas sociales”, aunque admitió que contribuyen a obras sociales “como la esponsorización de actos culturales o la iluminación de edificios”.
Asimismo admitió que nadie controla los costes de producción de esa electricidad. “En otras empresas privadas no se controla el coste de producción del producto. ¿Por qué nos tienen que controlar a nosotros?”
Contadores inteligentes: ventajas para las compañías, incertidumbre para los consumidores
-El coste de la luz vendrá marcado por la fluctuación diaria del mercado mayorista. Aunque faltan cuatro años para que concluya el Plan de Sustitución de Contadores, el inicio de su uso arranca el próximo 1 de abril. En Canarias solo hay operativos unos 100.000 contadores nuevos, aunque ya se hayan instalado unos 400.000. Falta por renovar de ahora a 2018, otros 830.000 contadores. En el conjunto del territorio nacional se calcula que solo hay instalados unos 9 millones.
-Un contador inteligente (o smart meter) es un contador de telegestión, digital, con lecturas más precisas que los contadores convencionales, o analógicos. La información que genera se transmite por una red de telefonía (no es la red del propio cliente, sino una red interna de la compañía eléctrica) que permite transferencias automáticas de información. Emite mensajes a intervalos de entre 6 y 20 segundos.
-Las ventajas para las compañías eléctricas son indiscutibles. Se ahorra operarios, ya que las operaciones, tanto de resolución de incidencias como de cortes de suministro, se llevarán a cabo a distancia. Y si alguien intenta manipular el contador, se sabrá al instante. Además, tendrá una información al detalle de cómo actúa el mercado que explota. Mucho más, tendrá una información al detalle de cada cliente. En su web, Endesa afirma que el cliente “podrá saber cuánto y cómo está consumiendo”, pero especialistas del sector lo niegan.
-Para los consumidores el único beneficio será una lectura real de su gasto, porque las facturas no van a disminuir. Quien tenga el contador y lo tenga activo. El alquiler de los contadores, fórmula por la que optan la mayoría de los españoles, pasará de los 0,54 euros actuales a 0,81. Cabe posibilidad de comprarlo, pero no se sabe el precio.
-¿Se puede cobrar por la instalación? No. La instalación y mantenimiento corresponden a la compañía eléctrica.
Las medidas de protección del consumidor que España no ha adoptado Anexo 1 de la Directiva 2009/72/CE, que desarrolla el artículo 3 de ese texto para velar que los clientes:
Las medidas de protección del consumidor que España no ha adoptado Anexo 1 de la Directiva 2009/72/CE, que desarrolla el artículo 3 de ese texto para velar que los clientes:1.a) Tengan derecho a un contrato con el prestador del servicio de electricidad en el que se especifique:
— la identidad y la dirección del suministrador;
— los servicios prestados, el nivel de calidad propuesto y el plazo para la conexión inicial;
— el tipo de servicio de mantenimiento propuesto;
— la forma de obtener información actualizada sobre todas las tarifas aplicables y los gastos de mantenimiento;
— la duración del contrato, las condiciones para la renovación y la terminación de los servicios y del contrato y, cuando esté permitido, la resolución del contrato sin costes;
— los acuerdos de compensación y reembolso aplicables si no se cumplen los niveles de calidad contratados, incluida la facturación incorrecta y retrasada;
— el método para iniciar un procedimiento de resolución de conflictos de conformidad con lo dispuesto en la letra f);
— la información sobre los derechos de los consumidores, inclusive la relativa a la tramitación de las reclamaciones y toda la información mencionada en la presente letra, claramente comunicada mediante las facturas o los sitios de Internet de las empresas de electricidad.
Las condiciones serán equitativas y se darán a conocer con antelación. En cualquier caso, esta información deberá comunicarse antes de la celebración o confirmación del contrato. Cuando los contratos se celebren a través de intermediarios, la información antes mencionada se comunicará asimismo antes de la celebración del contrato.
b) Sean debidamente avisados de cualquier intención de modificar las condiciones del contrato e informados de su derecho a rescindir el contrato cuando reciban el aviso. Los prestadores de servicios notificarán directamente a sus abonados cualquier aumento de los precios, en el momento adecuado y no más tarde de un período normal de facturación después de que haya entrado en vigor el aumento, de forma transparente y comprensible. Los Estados miembros garantizarán que los clientes puedan rescindir el contrato si no aceptan las nuevas condiciones que les hayan notificado sus prestadores de servicios de electricidad.
c) Reciban información transparente sobre los precios, tarifas y condiciones generales aplicables al acceso y al uso de los servicios de electricidad.
d) Gocen de amplia libertad para escoger el modo de pago, de forma que no se produzca discriminación indebida entre consumidores. Los sistemas de pago anticipado serán justos y reflejarán adecuadamente el consumo probable. Cualquier diferencia en las condiciones reflejará los costes que suponen para el proveedor los distintos sistemas de pago.
Las condiciones generales serán equitativas y transparentes y se explicarán en un lenguaje claro y comprensible y no incluirán obstáculos no contractuales al ejercicio de los derechos de los consumidores, por ejemplo una documentación contractual excesiva. Se protegerá a los clientes contra los métodos de venta abusivos o equívocos.
e) No deban abonar cargo alguno por cambiar de proveedor.
Dispongan de procedimientos transparentes, sencillos y poco onerosos para tramitar sus reclamaciones. Concretamente, todos los consumidores tendrán derecho a un buen nivel de servicio y tramitación de las reclamaciones por parte del suministrador del servicio de electricidad.
f) Tales procedimientos de solución extrajudicial permitirán la resolución equitativa y rápida de los litigios, preferiblemente en un plazo de tres meses, y contemplarán, cuando esté justificado, un sistema de reembolso y/o compensación. Siempre que sea posible, los procedimientos en cuestión deberán ajustarse a los principios establecidos en la Recomendación 98/257/CE de la Comisión, de 30 de marzo de 1998, relativa a los principios aplicables a los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios en materia de consumo
g) Cuando estén teniendo acceso al servicio universal en virtud de las disposiciones adoptadas por los Estados miembros en aplicación del artículo 3, apartado 3, sean informados de sus derechos en materia de servicio universal.
h) Tengan a su disposición sus datos de consumo y puedan, mediante acuerdo explícito y gratuito, dar acceso a los datos de medición a cualquier empresa de suministro registrada. La parte encargada de la gestión de datos estará obligada a facilitar estos datos a la empresa. Los Estados miembros definirán un formato para los datos y un procedimiento para que los suministradores y consumidores tengan acceso a ellos. No podrán facturarse al consumidor costes adicionales por este servicio.
i) Estén informados adecuadamente del consumo real de electricidad y de los costes correspondientes con una frecuencia que les permita regular su propio consumo de electricidad. La información se facilitará con el tiempo suficiente, teniendo en cuenta la capacidad del equipo de medición del cliente y el producto eléctrico de que se trate.
Habrá de tenerse debidamente en cuenta la rentabilidad de dichas medidas. No podrán facturarse al consumidor costes adicionales por este servicio.
j) Reciban la liquidación de la cuenta después de cualquier cambio de suministrador de electricidad, en el plazo de seis semanas como máximo a partir de la fecha en que se produzca el cambio de suministrador.
2. Los Estados miembros garantizarán la utilización de sistemas de contador inteligente que contribuirán a la participación activa de los consumidores en el mercado de suministro de electricidad. La aplicación de estos sistemas de medición podrá ser objeto de una evaluación económica de todos los costes y beneficios a largo plazo para el mercado y el consumidor particular, o del método de medición inteligente que sea económicamente razonable y rentable, y del plazo viable para su distribución.
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