La empresa pública de I+D+i del Gobierno de Canarias empeora en la UVI

Desde el año 2013 el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), la empresa puntera en energías renovables, tecnologías del agua, biotecnología, ingeniería biomédica o innovación, atraviesa una preocupante situación sin que la gestión política de los distintos consejeros del Gobierno de Canarias que la han dirigido haya podido sacarla del colapso. Al contrario, lo han hundido más.

El 7 de febrero el diputado socialista grancanario Gabriel Corujo acusó en sede parlamentaria al consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, de “estar en la estrategia” de “desmantelar” el ITC para “potenciar el ITER (Instituto Tecnológico y de Energías Renovables) que impulsa el Cabildo de Tenerife”.

Una acusación que no ha sido Corujo el primero en pronunciar, pues el líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ya dijo en julio de 2016 que “hay una estrategia premeditada que responde a las decisiones de reducir los presupuestos del ITC desde 2009, de tener una baja ejecución de los mismos, de despedir e incentivar la marcha del personal científico, de renunciar a los beneficios en otras empresas públicas participadas, como el ITER; de endosar a la cuenta de la empresa los 2,3 millones de euros por el varapalo del Constitucional en materia laboral y de negarse a inyectar fondos públicos, como hace con el 80% de las empresas públicas del Ejecutivo, que también serán inviables si se aplican las mismas recetas que al ITC”.

El ITER, fundado en 1990 (dos años antes que el ITC) está participado en más de un 90% por el Cabildo Insular, que en casi tres décadas no ha dejado de impulsar este organismo, cuya misión es aumentar la penetración de energías renovables en Tenerife y dotar a Canarias de infraestructuras de I+D+i (Ingeniería y TIC's) de vanguardia favoreciendo el desarrollo de proyectos de investigación y exportar sus resultados al resto del mundo.

En el caso contrario se encuentra el ITC, que depende del Gobierno de Canarias y que solo desde 2011 a 2014 (los años más duros de la crisis) vio como una decisión política redujo la financiación en un 80% (un recorte muy superior al que soportaron otros entes públicos), lo que dejaba en el alero la supervivencia de esta empresa pública.

El fantasma del ERE de 2014

Corujo es del mismo partido, el PSOE canario, que la anterior consejera responsable del ITC, Francisca Luengo, que fue la primera que se tuvo que enfrentar a la posibilidad de un ERE para sortear el déficit de 1,3 millones de euros que soportaba la empresa por la falta de financiación gubernamental.

Una situación que se saldó con la aceptación de los trabajadores de rebajarse los salarios y congelar los complementos retributivos durante al menos dos años para lograr un ahorro de 920.000 euros anuales que asegurara la continuidad de los proyectos y el mantenimiento de todos los puestos trabajo.

Por aquel entonces, Luengo aseguraba que todos los problemas se iniciaron en la etapa en la que Luis Soria fue consejero de Industria (2003-2005), al que acusó de “enchufar” a 27 personas en el ITC y provocar “una guerra interna” con el personal del centro.

Tres años después, la plantilla se ha reducido sobremanera (60 bajas en los últimos años) y dista mucho de los 165 trabajadores con los que contaba en 2014. El secretario general de la FSC-Comisiones Obreras en Canarias, Pedro Moreno, dijo en ese momento que el reciente despido de diez trabajadores más del ITC es la “prueba” de que el Gobierno de Canarias quiere “desmantelar” esa empresa pública.

Fue Luengo la que acuñó la estrategia de la reestructuración (la misma a la que ahora apela Ortega, su sucesor) de unos servicios excesivamente sobredimensionados. Según la ex consejera, los problemas del ITC derivaban de su complicada naturaleza jurídica, pues estar constituido como una sociedad anónima supone una traba importante a la hora de presentarse a concursos y obtener subvenciones.

Despidos por la viabilidad

“¿Por qué no ha ido la Consejería con el ITC a captar fondos del Fdcan como sí ha hecho el Cabildo de Tenerife con el ITER?”; insistió Corujo en la sesión plenaria del 7 de febrero, máxime cuando Ortega ha “despedido a trabajadores que han ayudado a captar financiación para 15 proyectos europeos con los que iban a estar en la vanguardia”.

“Hay que reajustar la plantilla a las nuevas necesidades de ITC para hacer posible su sostenibilidad financiera, pues estaba sujeto a desequilibrios estructurales”, le respondió el consejero, que insistió en que “se ha querido garantizar la integridad total del ITC”, pues los despidos “se enmarcan tanto en mejorar la gestión como la estructura organizativa” del organismo.

No parece, a tenor de lo sucedido en los últimos días, que Ortega haya tenido éxito en su promesa del mes de noviembre de 2015: “No es mi intención mantener en la UVI (Unidad de Vigilancia Intensiva) al ITC, sino sacar al supuesto enfermo de ella y ponerlo a correr”.

Al igual que ahora Ortega, su antecesora en el cargo afirmó en 2012 que iba a reforzar las potencialidades del ITC, “no solo como empresa al servicio del Gobierno de Canarias sino como empresa al servicio de la sociedad canaria”, y en este sentido remarcó que la proyección a largo plazo del ITC “es servir a la sociedad y ser herramienta de futuro”.

Un futuro que en octubre de 2014 era, según Comisiones Obreras, nefasto, pues denunció que la plantilla del ITC se veía “obligada a pagar la luz, el agua y los teléfonos para poder seguir trabajando”, incumpliendo el mandato del propio Parlamento, que a instancias de NC instó al Gobierno a “garantizar la sostenibilidad financiera de esta entidad adoptando las partidas económicas suficientes en la Ley de Presupuestos Generales de la CAC para 2015 y en las próximas leyes presupuestarias”.

Presupuestos a la baja

Sin embargo, tampoco para 2015 el Gobierno destinó una partida para cubrir los costes generales de funcionamiento como sí lo hizo en otras empresas públicas (un trato discriminatorio que ha sido denunciado por todos los grupos parlamentarios de la oposición), de manera que el personal tuvo que seguir pagando con parte de sus salarios recortados los costes de funcionamiento.

El Gobierno elaboró un Presupuesto para 2016 en el que solamente se destinaron 550.000 euros para los gastos de funcionamiento, obviando los 850.000 euros que restaban para compensar el recorte salarial del 14%, lo que llevó al nuevo gerente, Gabriel Megías, a dejar caer que la única manera de solventar el déficit era seguir manteniendo la reducción salarial durante dos años más, pues de los contrario habría que afrontar “un ERE, o algo peor…”.

La respuesta estaba clara, y se materializó en un preaviso de huelga y un comunicado con duras acusaciones por parte de los trabajadores: “El nuevo gobierno de CC-PSOE, con Fernando Clavijo a la cabeza, y Pedro Ortega como consejero de Industria y presidente del Consejo de Administración del ITC, con un equipo de gobierno completamente renovado, parece sin embargo mostrar una línea continuadora en el acoso y derribo contra el ITC”.

Certificado de defunción

Las negociaciones y los preavisos de huelga se sucedieron durante los primeros meses de 2016, y fue en junio cuando Ortega certificó en el Parlamento la más que posible defunción del ITC por su “inviabilidad actual y futura”, cuando acusó directamente al comité de empresa de “impedir el avance en las negociaciones” para buscar soluciones que eviten que el déficit de la empresa pública se salde con despidos en la plantilla, al rechazar las tres propuestas presentadas y poner sobre la mesa “nuevas exigencias”.

Ante esta situación, el consejero ha insistido en que si no se “flexibilizan las posiciones”, su departamento deberá “proceder a actuar en consecuencia”. Un mensaje que aceptó el diputado de NC Luis Campos, que conminó a Ortega a “sentarse a negociar y a ceder en busca de puntos de encuentro”, toda vez que el problema de la empresa pública es fruto de una decisión política fraguada en el seno del Gobierno que presidió Paulino Rivero en la pasada legislatura, cuando se recortaron hasta un 80% los fondos para el ITC.

Éxitos de proyectos

A pesar de los políticos, y a trancas y barrancas, los profesionales del ITC siguieron investigando, entre otras muchas cuestiones, en  la mejora de la calidad de las aguas recreativas y costeras de la Macaronesia, el desarrollo de tecnologías sostenibles para el ciclo integral del agua, un sistema de desalación de agua del mar accionado por energía eólica, la creación de un banco genético marino, o la producción de microalgas marinas y productos derivados orientada al mercado de la alimentación.

Tanto es así que la dirección del ITC celebró el pasado año los éxitos de la empresa pública en la primera convocatoria del Programa de Cooperación Territorial Interreg MAC 2014-2020, en la que el ITC fue el promotor y jefe de filas de cinco proyectos (Enermac, Desal+, Adaptares, Macbioblue y Clustering).

Talento y proyectos que ahora están inmersos en la incertidumbre y que pueden desaparecer si el Gobierno sigue apostando por la inhibición, la dejadez y el inmovilismo, que es como parece entender las siglas  I+D+i el Ejecutivo desde hace dos legislaturas.